Bienvenidas las reformas del sector salud

Los retos: organización presupuesto y medicamentos

El reciente acuerdo de la Secretaría de Salud con los gobiernos de los estados del Sur-Sureste para hacer efectivo el acceso a la atención médica y medicamentos gratuitos a la población sin seguridad social, es clave para un país de 130 millones de habitantes con grandes desigualdades y asignaturas económicas y sociales pendientes.

Está claro que constituye sólo la primera etapa de un proceso gradual para en dos años cubrir la totalidad del país.  Va en la dirección correcta. La salud no sólo es un derecho básico social, sino también una condición necesaria para el desarrollo humano y económico y el bienestar de las nuevas y las viejas generaciones.

Como señala Héctor Barragán en su estudio para el Informe del Centro Tepoztlán AC: México Prospero, Equitativo e Incluyente. Construyendo Futuros, “el sistema de salud requiere terapia intensiva”.  Comenzar por aplicarlo en la región con mayor población marginada del país es también un acierto.

La urgencia de reforma general y de nuevas políticas públicas es muy grande; pero son enormes los retos de cobertura, presupuesto, organización, inversión, equipamiento, abastecimiento de medicinas, normatividad y mejora regulatoria y en los servicios pertinentes y oportunos de atención al paciente.

En segundo lugar, existe una gran fragmentación y heterogeneidad en la calidad y oportunidad de los servicios médicos, así como en el gasto per cápita, la cobertura, la calidad y la oportunidad; difieren también los tratamientos y medicamentos suministrados.

Los grupos privilegiados son los que tienen ingresos altos, acuden a servicios médicos privados y cuentan con seguros para gastos mayores, adquiridos con recursos propios o favorecidos por prestaciones de sus patrones privados y públicos.  Los marginados: los desempleados, los empleados informales, temporales y subcontratados, con empleos precarios y sin seguridad social, y dentro de ellos los adultos mayores, los discapacitados y la población indígena en zonas alejadas de las clínicas públicas.

Y, por tercero, los intentos de reformas, primero con la descentralización de servicios y luego al introducir el Seguro Popular, no dieron los resultados esperados.  Los recursos fueron insuficientes y frecuentemente se convirtieron en caja chica de los gobernadores. La falta de transparencia ocultó fuertes desvíos, sobre todo en los estados que no participaron en las compras consolidadas del Sector Salud.

La extendida credencialización con el Seguro Popular que despertó grandes expectativas, se montó básicamente en la infraestructura sobrecargada de las instituciones existentes, que no cuentan con los equipos, médicos, enfermeras, ni los medicamentos y facilidades para prestar un servicio de razonable calidad a la población derechohabiente, menos aún a la adicionada.

Según el acuerdo reciente firmado en Mérida, “existen en el país alrededor de 250 hospitales y unidades médicas destinadas a la población sin seguridad social, abandonadas, sin terminar la obra o con necesidades de equipos que son escandalosos monumentos de la incompetencia, la corrupción y el tráfico de influencias”.

Frente a este sombrío panorama, el acuerdo reciente establece 10 compromisos principales:

1. Garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a la población sin seguridad social y construir gradualmente un Sistema Universal de Salud que elimine la fragmentación y la segmentación, dando prioridad a las regiones marginadas.
2. La acción conjunta de instituciones públicas federales y estatales estará encabezada por la Secretaría de Salud.
3. Los estados firmantes transferirán a la Federación las instalaciones y recursos financieros; revisándose a fondo la situación laboral de los trabajadores.
4. Se establecerá una política de acceso a servicios de salud y medicamentos gratuitos. El primer nivel de atención se cubrirá a través de unidades médicas del IMSS Bienestar, que serán “la puerta de entrada” a los niveles superiores de atención especializada.
5. Se impulsarán en cada estado redes coordinadas de servicios de salud que garantizarán acceso a todos los servicios preventivos, curativos, rehabilitatorios y de cuidados paliativos ‒incluyendo vacunación, cirugía, hospitalización‒sin costo alguno.
6. Se garantizará el abasto de medicamentos y otros insumos a partir de un Cuadro Básico y Catálogo de Insumos aprobados por el Consejo de Salubridad General.
7. Se promoverán las reformas legales federales y locales necesarias para poder organizar, operar y evaluar la prestación de los servicios y su eficaz coordinación conjunta; así como los mecanismos financieros requeridos para la implementación del programa.
8. Se establecerá la coordinación necesaria para atender las urgencias: salvar vidas y cubrir oportunamente lesiones por accidentes y violencias.
9. Se hará conjuntamente la planeación estratégica de la infraestructura de salud para nuevas instalaciones y la racionalización de las existentes, incluyendo el equipo y el personal debidamente formado.
10. Se propiciará que las instituciones de seguridad social colaboren en la atención de la población desprotegida, sin que ello implique una afectación a sus derechohabientes.

Frente a estas positivas expectativas y los enormes retos de organización, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 presenta limitaciones. El rubro de salud dispondrá de 123 mil millones de pesos frente a los 121 mil de 2018. En términos reales significa una disminución de 3.7%. ¿De dónde provendrán los 25 mil millones adicionales anunciados para llevar adelante el plan de salud del sureste y los otros 25 mil para ocho estados más que se incorporarían al plan en el segundo semestre?

Maribel Coronel en El Economista (17-12-18) destaca que, si se incluyen los recursos para IMSS, ISSTE, SEDENA, PEMEX y otros organismos del sector, el rubro presupuestal suma en cifras absolutas 601 mil millones de pesos, lo que frente a los 591 millones en 2018 da un aumento de 1.7% en términos reales.

Lo preocupante es que: 1º, el gasto público destinado a la Secretaría de Salud (que atiende a las personas sin seguridad social) ‒0.5% del PIB– es la mitad de lo destinado en los primeros años de EPN, y 2º, la cifra total de gasto en salud baja del 2.5% a 2.48% del PIB, siguiendo la tendencia descendente de los  años de Peña Nieto (en 2013 fue de 2.87%); cada vez más lejana del 7% ‒ la tasa media en los países de  la OCDE‒ que sería la meta deseable para México en 2030. ¿Así se pretende aumentar la cobertura y mejorar los servicios? Por más que se racionalice el gasto, no me cuadran las cifras. Siguen siendo necesarios mayores ingresos fiscales.

En medicamentos me preocupan declaraciones recientes de que para obtener los precios más bajos posibles pudiera recurrirse a concursos internacionales abiertos. Ojalá y no se proceda así. La capacidad de las empresas trasnacionales, incluyendo las de la India, para efectuar ventas a precios dumping es bien conocida y muy difícil de contrarrestar. Ello tendría efectos desastrosos sobre la industria de capital nacional que ha crecido con gran esfuerzo durante las últimas tres décadas y a la larga para el sector salud.

Busquemos el mayor beneficio posible para el sector y el consumidor; evitemos abusos y corrupción de productores, comercializadores y autoridades; pero no nos abramos indiscriminadamente a las importaciones. Lo lamentaremos. Ya bastante se ha lesionado el futuro del sector y de las empresas de capital mexicano con las concesiones de propiedad intelectual que entrarán en vigor con el T-MEC ‒si el Senado lo aprueba en sus actuales términos‒. Urge en contraste una política de fomento al desarrollo de la industria farmacéutica nacional, enfatizando los rubros de formación de recursos humanos e innovación.

Las Secretarías de Hacienda, Economía, Educación, Salud y COFEPRIS deben sentarse juntas a revisar estos dilemas en pro del interés nacional en su conjunto. El Congreso Federal también.