La sociedad es un manicomio cuyos guardianes
son los funcionarios de policía.
 August Strindberg.

A lo largo y ancho de nuestro continente y en diversas partes del mundo este 2020 se ha visto a leguas cómo los cuerpos policiales, llamados a proteger la integridad ciudadana, han transmutado del buen servicio para el que han sido instituidos –como lo es el de proteger a la ciudadanía de daños de cualquier índole–, hacia el mal servicio-a través de evidentes y virales imágenes que muestran agresiones de los agentes del orden en contra de la propia persona humana, lo cual va en contra de su propia naturaleza de trabajo; desde Estados Unidos, en varios episodios durante este año; Honduras, con la bestial carga contra manifestantes este 15 de septiembre en el día de la Independencia; y, últimamente, en Colombia, lo cual ha enfurecido y movilizado a muchísima gente en las calles.

Es evidente que la labor de los trabajadores de la seguridad ciudadana debe estar bajo constante fiscalización por entes externos constituidos por integrantes con distintas concepciones filosófico-ideológicas en torno al tema. Pero, que en medio del disenso se trabaje en pro de gestionar –desde la norma ética del enfoque basado en derechos– la dignidad humana a través de una lógica de respeto, observancia, investigación y escucha empática de lo acaecido en relación a fenómenos antidemocráticos y autodestructivos socialmente como estos que hemos venido observando por las personas que “amparadas” en la indumentaria policial “ceden”, se convierten en esclavos de los propios impulsos emocionales y relegan a un segundo plano la posibilidad de actuar bajo el imperio del raciocinio que evidentemente va en consonancia con la construcción de sociedades fraternas antepuestas a las confrontaciones innecesarias.

Por otra parte, me parece que la integridad profesional policial tiene paralelismos con el reconocimiento social y estatal a esta labor, lo cual sin lugar a dudas tiene que ver con la promoción de dignos estándares de vida que “aligere su carga”, lo cual de acuerdo a la propia observancia empírica tiene que ver diversas tensiones, mismas que van desde las económicas, étnicas, ideológicas y comunitarias, hasta las propias interpretaciones que este cuerpo social hace sobre su labor y papel social.

Esto, a mi parecer, tiene que ver con saber identificar lo que yo podría llamar el “factor fuente”, es decir, aquél que motiva la acción inicial del agente del orden ante circunstancias particulares. Aquí ejemplificaría y me preguntaría: ¿Qué pensarían encargados de la seguridad pública de la ciudad tunecina de Sidi bouzid en el momento de la confiscación del puesto de frutas a Mohamed Bouazizi –que posteriormente le indujo a la autoinmolación que convulsionó y propició el inició de la Primavera Árabe? ¿Qué fuerzas oscuras oscilaban en torno a los uniformados mexicanos de Iguala en septiembre de 2014 que les impulso a detener y hacer desaparecer 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en esa porción geográfica de territorio norteamericano? ¿Por qué la letalidad policial en el caso del abogado colombiano Javier Ordoñez? ¿De dónde han venido las órdenes para que agentes de seguridad pública en Tegucigalpa, hayan estallado la violencia en torno a humildes vendedores de productos comerciales para “sobrevivir”?

En definitiva, es impostergable poner contrapesos de respuesta inmediata a cada unidad policial para evitar abusos de autoridades que después de todo no reciben la sanción que ameritan casos como los descritos.

Posdata: La organización Amnistía Internacional enumera recomendaciones “clave” en torno al papel de la policía:

– La facultad de la policía de recurrir al uso de la fuerza y de armas de fuego debe estar debidamente regulada por ley.
– El principio de “protección de la vida” debe estar consagrado en la ley: sólo podrán utilizarse los medios letales para proteger contra una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.
– En caso de lesión o muerte causada por el uso policial de la fuerza, debe llevarse a cabo una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial. Las personas responsables deben comparecer ante la justicia con todas las garantías procesales.
– Durante las protestas, la policía debe atenerse a su obligación de facilitar las reuniones pacíficas, y el uso de la fuerza no debe ser su punto de partida.
– Las personas detenidas tienen los mismos derechos que las demás en cuanto al uso de medios letales.

También te puede interesar: Elecciones en tiempos de pandemia.