El consumo y la producción cultural tendrían que estar dirigidos a fomentar la participación.
El arte y la cultura padecen dos males esenciales que derivan en lo mismo: la falta de público y los constantes recortes en el presupuesto gubernamental. El Estado monopoliza el patrocinio, promoción y adquisición de los bienes culturales, y evidentemente, no puede con esta misión. La “generación de públicos” es un lugar común para implementar iniciativas que no han funcionado, las salas de los museos, conciertos y teatros siguen vacías.
Es prioritario generar mercado y se va a conseguir con incentivos fiscales para que la sociedad civil consuma bienes culturales. El Estado, la comunidad cultural y el público tendrían que asumir que es más sano generar mercado en lugar de continuar con el paternalismo de las becas, la discrecionalidad de las subvenciones y los recortes indiscriminados. Impulsar el consumo es más fructífero y esto inicia con la anulación de la ley Videgaray que estigmatiza la compra-venta de arte, para que la adquisición, patrocinio y divulgación cultural sean 100% deducibles de impuestos. Es un despropósito que por un lado reducen presupuestos y por otro estigmaticen el consumo de arte, si no hay dinero entonces alienten a la ciudadanía a que participe invirtiendo económicamente en la cultura. El paternalismo tiene paralizados, y en muchos casos comprados, a los “creadores culturales” que no están concentrados en la creación de su obra, se dedican a tramitar, gestionar, cumplir favores para conseguir subsidios y becas. Esto ha fomentado un dañino tráfico de favoritismos, opacidad y engrandece el monumento del gobierno como el gran salvador de la cultura. La cultura tiene que entrar en una mayoría de edad, ser autosuficiente y verdaderamente independiente.
Si una persona compra un libro, un disco, un boleto para un concierto, el cine o el teatro, patrocina un montaje y por supuesto, adquiere una obra de artes plásticas, entre muchas cosas, que ese gasto lo deduzca completo de sus impuestos. Esta iniciativa detonará el consumo, atacará de forma frontal a la piratería, hará que mucha gente se inscriba en Hacienda, motivará el patrocinio, generará fuentes de trabajo y capital. El Estado debe cumplir su compromiso de apoyar a la cultura eso no significa hacerlo todo, hay que motivar a la sociedad civil porque el consumo no sólo se traduce en dinero, se logra una sociedad culta, pensante y crítica. El criterio de lo que es apoyado y lo que no, hasta hoy es exclusivo del Estado y del grupo que está protegido por el Estado, estas decisiones en muchos casos o están de espaldas al público o despilfarran fortunas en espectáculos populistas. La sociedad civil decidiría qué apoyar si el consumo y patrocinio se deduce 100% de impuestos, y la cultura no estaría supeditada a los presupuestos, que son los que deciden la calidad de las iniciativas culturales. El público se hace partícipe de la cultura cuando sabe que su consumo le beneficia, es una deformación en la relación con el público que crea que el Estado le debe “regalar” el acceso a la cultura.
El consumo y la producción cultural tendrían que estar dirigidos a fomentar la participación. El público no decide por la calidad de un espectáculo o un libro, decide por el precio o por lo que es gratis, y al “creador cultural” no le interesa el público porque exponga o no exponga, venda o no venda el libro, lo van a becar, así ¿cómo quieren generar mercado y público? No tiene sentido subvencionar y recortar, este círculo vicioso tiene hundida la industria cultural, que literalmente no existe.
