¿Cuánto cuesta cortar de tajo programas e instituciones?

Estancias Infantiles, otro caso

No es de extrañar la polémica generada por la decisión de cambiar radicalmente el modelo de operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras: en concreto, por ponerlo al borde de su extinción.

La idea de que el subsidio por niño que atienden las estancias se entregue a los padres de familia para que decidan por su cuenta –ya sea seguir en alguna estancia o quizás entregarlo a las abuelas, como se sugirió– llega después de un recorte presupuestal al programa de casi 50% respecto a 2018, más de 2 mil millones de pesos.

Son muchos los afectados. De entrada, el cambio puede trastornar dramáticamente la vida de decenas de miles de familias, en particular de muchas madres que ya enfrentan este problema de improviso. En una panorámica más amplia, es otra señal de una forma de actuar que marca una tendencia preocupante: el desmantelamiento intempestivo de instituciones, políticas y programas.

Se trata de la cancelación abrupta, formal o por la vía de los hechos, de estructuras y esfuerzos del Estado mexicano y la sociedad, aun cuando haya una experiencia aprovechable, un capital institucional y humano forjado en años o décadas. Incluso si hay resultados positivos comprobables y que cuentan con reconocimientos de instituciones y especialistas en México y el exterior, como es el caso de este programa. Todo esto sin que quede claro con qué se le sustituirá, más allá de ideas vagas que, en muchos casos, denotan discrecionalidad y falta de información.

Ante esta perspectiva, no puede ser más pertinente y oportuna la pregunta: ¿Cuánto cuesta a los mexicanos hacer y rehacer políticas, programas e instituciones cada sexenio? ¿Cuál es el costo de la falta de continuidad, de reinventar tantas cosas sólo por tener un enfoque diferente, en el mejor de los casos, o en el peor, únicamente porque las hizo otro gobierno o grupo?

¿No es mejor realizar una evaluación objetiva en términos de costo-beneficio y un análisis serio de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas? A partir de ello, corregir lo que está mal, sean ineficiencias, corrupción o abusos, pero no simplemente arrojar por la borda todo un organismo o programa. Más aún cuando, como en este ejemplo, lo han construido y participan miles de ciudadanos en sus comunidades: un proyecto que no es de un gobierno, sino de la sociedad.

Consecuencias familiares y sociales

Entre las principales afectaciones está la reducción de cuatro a tres años como edad máxima para los niños que abarca el programa: cerca de 160 mil quedarían fuera de esa posibilidad. Además, a los padres se les entregaría un apoyo de 1,600 pesos bimestrales, contra los 950 pesos mensuales que reciben las estancias por cada infante que atiendan.

Por supuesto, el golpe va mucho más allá. Para una familia, en términos financieros, probablemente implique tener que dejar un empleo remunerado, y en cuanto a la calidad del cuidado de sus hijos, la afectación puede ser invaluable.

Por su parte, las comunidades no sólo pierden una fuente de empleos y de desarrollo profesional para quienes los ocupan, sino un medio que favorece la cohesión y el tejido social a través de dos mecanismos altamente poderosos: la subsidiariedad y las economías de escala, para maximizar el valor agregado que puede darse a los niños, a sus padres y a la comunidad misma, algo que difícilmente puede lograrse en casa de una abuela o de unos tíos, con esfuerzos atomizados.

En los últimos 12 años el programa ha atendido un promedio de 300 mil niños al año en más de mil 500 municipios. De acuerdo con las voceras del movimiento que se ha generado, muchos de ellos ya no tendrán la posibilidad de acceder a una formación educativa inicial: nociones de civismo, inglés, danza, nutrición, deporte, etcétera.

Lía Limón, fundadora del esquema, ha referido en entrevistas que, ante los señalamientos de corrupción, lo que procedería es acreditarla, sancionar a los responsables, corregir y hacer lo necesario para que no vuelva a presentarse, en este y en cualquier otro proyecto entre los que están siendo descalificados: sea el aeropuerto de Texcoco o las estancias. No obstante, destaca que las observaciones que ha hecho la ASF al programa, conciernen apenas al 1.8% de un presupuesto que superaba los 4 mil millones de pesos anuales.

En cambio, de acuerdo con encuestas a usuarias, 93% de las madres refiere que el esquema beneficia el desarrollo integral de sus hijos, 77% que con ello pudieron obtener empleo y 34% que tendrían que dejarlo si el programa no existiera.

Reconsiderar

Se han creado más de 9 mil 500 estancias y la mayoría lleva más de una década operando. Su fortaleza y continuidad tiene que recaer en la confianza de las madres que dejan ahí a sus hijos. El Coneval ha calificado al programa como un nuevo espacio de cuidado infantil para las familias de bajos recursos e identificó, entre otros efectos positivos, el empoderamiento de las madres

¿Vale la pena desechar todo eso a cambio de políticas aún imprecisas, con los riesgos inherentes a la improvisación o nuevos esquemas de clientelismo? Lo que no debe hacerse es dejar desamparados a los niños y a sus madres, a quienes este tipo de ayudas les ha cambiado la vida.

Hay que reconsiderar, como lo pidió de forma clara y directa la Red por los Derechos de la Infancia en México, que calificó el recorte de “acto de discriminación institucional”. En su comunicado del 8 de febrero, lamentó que se busque reducir el debate a un conflicto entre partidos políticos, ante un programa que atiende a la población infantil más pobre del país. Llama a apegarse a la ley, conforme al principio del interés superior de la niñez. Asimismo, a corregir, en su caso, los actos de corrupción y “evitar insinuar que las mujeres trabajadoras son personas corruptas”.

Hay que ponerse en los zapatos de esas madres trabajadoras, en sus hijos, que pierden una opción viable de formación inicial que muy pocos recibirían en casa o con parientes; en miles de personas que, tras años de esfuerzo, han forjado una opción de vida, de trabajo y servicio que beneficia a su comunidad, y ven todo ello interrumpido de imprevisto. Sin oportunidad de que se les escuche y de demostrar el valor y la legitimidad de lo que hacen.

Finalmente, ¿cuál sería la reacción del partido político que hoy está en el gobierno si, en 6 o 12 años, sus programas o proyectos prioritarios fuesen interrumpidos o desmantelados tajantemente por una administración de otro partido, sin que se considere siquiera la alternativa de corregir lo que esté mal o ajustar en lo que no se esté de acuerdo para preservar el bien común mayor? Decenas de miles de madres, sus hijos y México merecen esa oportunidad.