En estos días se ha hecho público a través de diversos medios de comunicación un documento de análisis jurídico emitido posiblemente por el Congreso Nacional de Honduras, con el cual se busca cerrar el paso al trabajo que ha venido desempeñando la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), por considerar que la misma “lesiona principios soberanos”, después de haber sido establecida formalmente el pasado 23 de abril de 2016 en el diario oficial La Gaceta, a raíz de la suscripción de este tratado internacional entre el estado hondureño y la Organización de Estados Americanos (OEA), con el cual se ha buscado frenar una galopante corrupción público-privada que ha lastimado de forma enérgica y dramática a la población más vulnerable. No obstante, de acuerdo al congresista oficialista, Antonio Rivera Callejas, argumenta que el mismo “es un libelo, pues carece de firma y fue el Congreso Nacional quien ratificó el acuerdo”.
Ya lo ha señalado recientemente la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, en declaraciones a la prensa que “a nivel interno sería una frustración, porque significaría que no hay voluntad política para combatir la corrupción, y habría un costo internacional porque este país recibe ayuda de muchos países”.
Podríamos decir que el problema endémico que ha afectado de forma crónica en el país centroamericano es la escandalosa impunidad, que a la vez se convierte de forma paralela en un aliciente para que nuevos “discípulos” ingresen a las filas de las acciones y actividades al margen de la ley.
Cabe señalar que, según el texto difundido, los legisladores basan su interpretación en el Artículo 19 de la constitución nacional que establece que “ninguna autoridad puede celebrar o ratificar tratados u otorgar concesiones que lesionen la integridad territorial, la soberanía e independencia de la República”. Pasa, no obstante, que el análisis del mismo acaece después de una serie de casos emblemáticos de corrupción, entre los cuales se pueden mencionar: el del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); “caja chica de la dama” (en referencia a la esposa del ex gobernante hondureño Porfirio Lobo Sosa), etc., mismos que han estremecido a la opinión pública nacional y ruborizado sin lugar a dudas a la comunidad internacional.
Esto nos debe indicar que, si esta situación de nulidad del convenio de creación de la MACCIH se materializa, la comunidad internacional ayudaría a la nación —con sus fuentes de información a identificar y romper relaciones con los involucrados en esta clase de iniciativas parlamentarias— que manchan la imagen de un pueblo que en términos generales busca transitar por senderos del florecimiento a través del trabajo honesto, generoso y bienintencionado.
No cabe duda que la OEA a través de sus máximas autoridades debería pedir explicaciones al gobierno hondureño y diseñar una serie de estrategias y diálogos con el mismo, a fin de verificar la continuidad de esta oficina internacional (al mismo tiempo que se ventila que la Corte Suprema hondureña habría declarado inconstitucional a la Unidad Fiscal Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), brazo ejecutor de la MACCIH.
La corrupción es un “cáncer” que ha carcomido y socavado —de alguna forma u otra— la sana convivencia y ha desprestigiado aun más a un bipartidismo (partidos nacional y liberal), al que se ha sumado Libertad y Refundación (LIBRE) del ex presidente Manuel Zelaya Rosales, pues en el mismo han aflorado una serie de divergencias internas que lo que han hecho no es más que reflejar los tradicionales vicios y control del poder a través de imbricadas formas de diálogo entre la clase política nacional, dejando a un lado la construcción de un verdadero estado de derecho, a la vez posibilitando y destruyendo las instituciones anti-corrupción.
Bajo mi punto de vista, esta situación actual requiere de la instalación de una mesa de diálogo entre los diversos sectores de la hondureñidad, y que no sólo sea una iniciativa legislativa que busca crear polarizaciones innecesarias, en un país que sufre un éxodo impresionante de la juventud, agobiados por la desigualdad de oportunidades, más el clima de violencia que ha afrontado el pueblo hondureño en los últimos años.