Gran asombro ha causado el reciente acuerdo del Ejecutivo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, en principio porque se aprecia a contracorriente de la política declarada desde la campaña respecto a la modificación de la estrategia de combate al crimen que, hasta hace unos días, fue enfática en señalar que no se debe “combatir el fuego con el fuego”, fustigando con insistencia las malas decisiones de administraciones anteriores por el empleo que se hizo de las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico y que desembocó en un incremento de la violencia en todo el país con el baño de sangre asociado.
El presidente fue también explícito en las declaraciones sobre su determinación de sustraer paulatinamente a las Fuerzas Armadas de esas tareas, lo que brindó la justificación fundamental para la creación de la Guardia Nacional (GN), con un carácter civil y una vocación policial, si bien, echando mano de efectivos militares de tierra, mar y aire para su conformación.
El acuerdo publicado el pasado día 11 de este mes causó extrañeza, no sólo por lo intempestivo de su emisión y la reversa del planteamiento original, sino por la circunstancia que atraviesa el país ante la emergencia sanitaria, generando toda clase de especulaciones y expresiones públicas de diversos sectores sociales y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU cuestionando la medida.
Las suposiciones fluyen, algunos consideran que esto constituye un retroceso en el giro que pretendía dársele a la construcción de la paz. La pregunta es: ¿Qué motivó al Primer Mandatario a tomar esta decisión en este preciso momento?
Si se acude al contenido del documento publicado, debería entenderse, de manera textual que las innegables condiciones de inseguridad y violencia en ascenso demandan de la participación obligada de las Fuerzas Armadas para su contención, toda vez que el experimento de la Guardia Nacional no ha cuajado y se requiere de tiempo para su consolidación. Otras lecturas más radicales señalan que la decisión se adopta ante el fracaso de la naciente policía nacional, lo que obliga a recurrir nuevamente a las tropas.
Los partidarios de la sospecha y la conspiración, por su parte, han comenzado a plantear escenarios que van desde desacuerdos internos entre los actores principales del gabinete de seguridad que obligaron al comandante supremo a tomar la decisión extrema de disciplinar a los militares y ponerlos al mando de un secretario civil (SSPC), quien es, formalmente, el jefe de la GN.
Algunos de tendencia geopolítica sugieren presiones externas o condicionamientos en la relación diplomática, que tendrían que ver, entre otros temas, con la reciente petición de información que hace el gobierno mexicano a la embajada norteamericana sobre el operativo “rápido y furioso”. Otros prospectivistas, hacen referencia a un acto de previsión frente a una potencial crisis social que sería originada por las afectaciones de la pandemia en la economía y particularmente por la pérdida de empleos de millones de personas, en un esquema de recesión y consecuente conflicto.
Los más estratégicos identifican una maniobra al estilo vuelta inglesa en la que se generó la idea de producir, con el propio embrión de las Fuerzas Armadas, una nueva organización bajo un mando civil, que, una vez constituida, apostara por engullir a su progenitora.
La realidad es que, ante la ausencia de tratamiento público del tema, el lacónico acuerdo abre amplias posibilidades a la especulación y a la negación, particularmente por el mensaje difuso que se envía a la opinión pública y genera expectación e incertidumbre, cuando no, abierta oposición en sectores determinados, básicamente aquellos que han pugnado, desde el origen de la estrategia anunciada por Calderón, por el retorno de los soldados a sus cuarteles.
Es innegable el alto índice de violencia e inseguridad en el país, la ostensible demostración de fuerza que despliegan los cárteles y su creciente capacidad operativa, de control territorial y social, que será catalizado por la crisis y no se percibe otra manera de contenerlo sin la participación de las Fuerzas Armadas ante la realidad evidente. Es innegable también que no puede exigirse a la Guardia Nacional que a un año de ser formalmente anunciada su alta se le pidan resultados mágicos, cuando, en la práctica, su creación rompió ligas orgánicas institucionales de alto calibre, tanto en la estructura netamente militar como en el esquema de seguridad pública, con las consecuencias funcionales, legales, operativas, morales y doctrinales, que no son temas negligentes.
Si se pretende fincar en la Guardia Nacional un fracaso, es muy temprano. Si se pretende subordinar a las Fuerzas Armadas a esta fuerza policial de reciente cuño y esencia castrense, que es su origen y mantiene un mando militar, aunque hoy depende de una autoridad civil, lo que se avizora es confusión y conflictos de autoridad que deben preverse y definir con nitidez los alcances y los límites de actuación.
Los ejércitos de México, sus soldados de tierra, mar y aire tienen una tradición mística hereditaria, un ADN peculiar, con el cual han superado, con creces, los avatares políticos e ideológicos, en ello fundan su institucionalidad como soporte de la legalidad y la fortaleza de la república, no son entidades efímeras ni fácilmente remplazables. Son cuerpos orgánicos que actúan con sentido, identidad y armonía, adaptándose a las circunstancias, pero deben calcularse milimétricamente los riesgos y las consecuencias de su empleo.
Seguramente el debate se intensificará en los próximos días y se calentará el ambiente político y mediático, pero debe tenerse presente que la primordial responsabilidad del Estado, la esencia y razón de ser de ese mítico Leviatán, es la de garantizar la protección de la vida y propiedad de la sociedad, que hoy se ve seriamente amenazada para mantener razonables niveles de estabilidad y convivencia.
No se conoce bien a bien la razón del brusco viraje. Como sea, la decisión ya ha sido tomada, sutil, silenciosa y sorpresivamente y no se percibe intención de dar marcha atrás.
Los acontecimientos hablarán y darán su veredicto con la realidad patente.
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CON TANTA CORRUPCION QUE TIENEN LOS ESTADOS, EN EL SISTEMA DE JUSTICIA. ( POLICIAS,JUECES,MINISTERIOS PUBLICOS,NOTARIOS ETC. ESTAN A LA ORDEN DEL QUE TENGA MAS DINERO Y SON A LOS QUE SIRVEN) QUE LE QUEDA AL GOBIERNO FEDERAL QUE ECHAR MANO DE LAS CORPORACIONES MAS O MENOS CONFIABLES PARA TODOS. YA QUE EN LOS ESTADOS ES UNA PORQUERIA LA JUSTICIA CON TANTA CORRUPCION. DONDE TE ROBAN, TE SECUESTRAN, TE DESPOJAN DE TUS PERTENENCIAS, TE MATAN Y NO PASA NADA, LOS DELICUENTES APOLLADOS POR LOS TRABAJADORES DEL ORDEN Y JUSTICIA ENTRAN Y SALEN DELA CARCELES COMO SI NADA PASARA. ESTO PASA EN SAN LUIS POTOSI….