En efecto, con el “¡Pregúntenme a mí!” del Presidente Rajoy (El País, edición electrónica, 7 de junio de 2012) se ha desautorizado al Partido Popular y a su mismo Gobierno para informar del estado que guardan los bancos españoles y de los montos de las necesidades para su capitalización. Con este exabrupto, se ha tratado de poner orden en los mensajes contradictorios que fluyen desde hace un buen tiempo y que han restado credibilidad a la información oficialmente difundida.
Esta descalificación presidencial se dio en medio de la baja en la calificación de la agencia Fitch sobre la solvencia de España, desde el nivel A hasta BBB. Con esta baja el país Ibérico perdió tres escalones, manteniendo una perspectiva negativa y quedando a sólo dos de alcanzar el nivel chatarra para los bonos de deuda soberana; nivel que ya no se antoja imposible. La baja de la calificación de la deuda soberana fue justificada por la reestructuración y capitalización bancaria, que podría alcanzar entre € 60 y 100 mil millones, acercándose al 9% del Producto Interno Bruto (PIB), afectando al alza, se dice, aún más el elevado endeudamiento público.
Tales consideraciones se presentaron después de que el FMI había estimado las necesidades de recapitalización de la banca española por el orden de € 40 mil millones y dentro del anuncio de que la calificadora Standard & Poor’s puso a “medio sector financiero español en bono basura”, asegurándose agregadamente que España seguirá en recesión hasta 2013. La agencia de calificación alertó, además, que “existen vulnerabilidades de contagio de la crisis Griega”.
La rebaja de la calificación española y las malas noticias bancarias parecen ser la culminación de una semana que arrancó bajo el principio de que “No estamos en el precipicio”, asumido por el mismo Presidente Rajoy (El País, 3 de junio 2012), de la presión de la UE para que España solicite el rescate financiero y de la conveniencia de crear una autoridad bancaria comunitaria que prevenga y resuelva problemas como los que enfrentan los bancos españoles. Esta última posición es, finalmente, resultado de la presión internacional que ha prevalecido para evitar un riesgo sistémico que termine contagiando a toda la Zona Euro (ZE).
Así, bajo la presión desatada contra Angela Merkel y otros líderes de la ZE, por la conferencia de los ministros de finanzas y de banqueros centrales del Grupo de los 7 (G7), para acrecentar los vínculos de los sistemas bancarios nacionales, fue planteado el establecer una autoridad centralizada bancaria (NYT, June 5, 2012). La propuesta fue recibida con un gran regocijo que pronto se tornó en un pesimismo, por todas sus implicaciones legales y legislativas, a nivel de cada país, que la podrían hacer viable sólo en el mediano plazo, a pesar de todas sus bondades.
Efectivamente, la creación de un sistema bancario centralizado posibilitaría el que los bancos de cada país pudieran ser apoyados en su liquidez y capitalización de manera directa por el Banco Central Europeo u otra institución, como sería el Fondo de Estabilización Financiero Europeo. Esto haría tal medida ágil y a bajos costos financieros, por la reducción de la prima de riesgo, que debería ser del nivel asignado a la misma UE o al BCE. Además, ello posibilitaría que el apoyo financiero y de recapitalización debiera ser desligado, en su asignación, a la deuda pública, por lo que no se tendría en el corto plazo una presión sobre el saneamiento fiscal, tal como acontece a la fecha. La propuesta es una variante en el fondeo de la capitalización de los bancos españoles presentada la semana pasada en El Semanario (“La catástrofe de Bankia” y el reordenamiento de la banca española, 1 de junio, 2012), que contemplaba que tal acción la pudiese emprender directamente el Banco de España (BdE), sin tener que pasar por una autorización previa de la UE. Ello significaría, además, que no se afectara el nivel de la deuda pública de España, tal como sería el caso de la decisión en ciernes. Se propuso en este medio, de esa manera, que el apoyo a la liquidez bancaria y la capitalización fueran consideradas como operaciones interbancarias, implicando, en todo caso, un requerimiento financiero público asociado en el mediano y largo plazos a una deuda contingente del gobierno, según los niveles de recuperación financiera logrados.
A pesar de la bondad y racionalidad de la medida propuesta por Olli Rhen, Vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos, para atender rápidamente el problema español sin transitar en la formalización de un rescate, él mismo dijo que la propuesta no era actualmente posible. Tal posición se dio a la luz de la reticencia alemana a la aprobación de la medida propuesta. En el mejor de los casos, la aprobación de la medida podría ser llevada a cabo por los gobiernos y la instancia legislativa de cada país hasta 2018.
De esta forma, una vez más, la UE entra en una parálisis que antes llevó a Irlanda, Portugal y Grecia a un agravamiento de su situación de solvencia, hasta llevar al país helénico casi a la bancarrota. Por ello es posible decir que la propuesta no ayudará en el corto plazo a los bancos españoles y a los portugueses, que han hecho ya presencia en el aparador de los problemas bancarios peninsulares y que han puesto mayor velocidad al reloj de la crisis, con todo el riesgo que implica el tamaño de la economía española, al ser la cuarta en la ZE.
En estas adversas circunstancias de desaciertos, el Ministro del Tesoro español Cristóbal Montoro, dijo que los costos de préstamos al gobierno podrían alcanzar niveles que los dejaran fuera del mercado, por haber alcanzado el bono a seis años 6.3%, frente a 1.2% del bono alemán. El diferencial de premio significa 510 puntos base de prima de riesgo, representando un poco más de cuatro veces la tasa de interés total alemana. Mayor ha sido el desconcierto de las instituciones financieras internacionales de saber que el gobierno español no conoce a la fecha los montos y requerimientos necesarios para capitalizar a la banca española, a pesar de que Montoro ha señalado que España tiene la necesidad de contar con el apoyo de capitalización de la UE.
En el terreno del costo del dinero es también donde se ha manifestado un desacierto más de las autoridades de la UE. Después de que Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI (Reuters, 5 de junio, 2012) declaró que el BCE tenía margen para bajar la tasa de interés, Mario Draghi decidió mantenerla en su nivel vigente desde diciembre de 1% (NYT, June 6, 2012). Tal decisión plantea conservar, también, a la economía europea con escasas perspectivas de crecimiento en un entorno de creciente desempleo.
La medida de mantener la tasa se dio bajo fuertes consideraciones de crítica de Draghi a las propias autoridades políticas europeas. Draghi dijo que los problemas en la ZE no tenían nada que ver con la política monetaria y que “pensaba que no sería correcto para la política monetaria llenar la falta de acción de otras instituciones”. En un intento de calmar a los mercados financieros, el BCE se comprometió a seguir proveyendo a los bancos créditos a bajas tasas de interés, pero sin comprometerse a proporcionar más recursos baratos por un periodo de pago de tres años, como se hizo en diciembre y marzo, y que han totalizado el billón de euros.
A partir de esta circunstancia para la acción del BCE, se ha pensado que los bancos españoles podrían recibir un limitado rescate de la UE, destinado a instituciones específicas, con la imposición de una baja condicionalidad, a fin de que España no fuese adversa a recibir la ayuda internacional (Financial Times, 7 de junio, 2012). Pero tal posibilidad se da en un entorno en que algunos de los 17 miembros de la ZE enfrentan cambios político-electorales que deberán sopesar antes de llegar a un acuerdo definitivo, aunque éste fuera realmente parcial para atender una crisis cuyas consecuencias negativas parecen perpetuarse.
Por ello, Ben Bernanke, Presidente de la Reserva Federal de USA, ha alertado, en un testimonio ante el Congreso, que la crisis europea posee riesgos significantes para el sistema financiero norteamericano, por lo que deberá ser monitoreada muy de cerca y estar preparados para tomar acciones, cuando sea necesario, para proteger el sistema financiero ante la eventualidad de una escalada de la crisis (Financial Times, 7 de junio 2012).
Entre los desaciertos y desconciertos en que se encuentran las decisiones europeas, no sólo se ha puesto en mayor riesgo al Euro, sino también al sistema financiero internacional, tal como lo ha señalado The Economist (7 de junio, 2012). Los efectos de la crisis se han resentido en economías emergentes, con la presión sobre sus monedas, como han sido los casos de México y Brasil. En el caso de México, la exposición de la banca nacional a los bancos extranjeros podría ser la vía más corta para el inicio de un contagio financiero, como tal parece haberse dado ya. Esto, aunque se achaque en su causa a un candidato potencialmente ganador, por parte de un activista político, anteriormente responsable del desacertado manejo de las finanzas públicas nacionales.
Bien se ha dicho que en la expansión económica las utilidades de los bancos son globales y en la contracción las pérdidas son nacionales. Esperamos que haya la pertinencia oficial para ver más allá de los manuales de economía y del mundo imaginario, entendiendo que la economía opera más allá de nuestros deseos y pretensiones. Hay que estar atentos a los desaciertos europeos para evitar nuestros propios desconciertos.