Nuestro país atraviesa por momentos difíciles en materia de seguridad pública. Las instituciones encargadas de ello en diversas partes del país están totalmente rebasadas. Es evidente que las policías municipales, estatales y la federal no han resuelto la problemática en el ámbito de sus competencias.
También es cierto que gobernadores y presidentes municipales no han dispuesto los recursos necesarios para que sus cuerpos policiacos estén al nivel de las circunstancias, mismas que han imperado notablemente desde el sexenio del presidente Felipe Calderón.
El tiempo sigue pasando y la realidad evidencia que la seguridad pública no se está garantizando. Esto no sólo afecta a las personas en lo individual que día a día sufren un menoscabo en su patrimonio o en su integridad física; también afecta en el desarrollo general del país.
Ante ello, el gobierno federal y con el consentimiento de gobernadores y presidentes municipales, quienes en la mayoría de las veces son quienes solicitan el apoyo, ha dispuesto que tanto la Defensa Nacional como la Armada de México intervengan para realizar el trabajo que las policías no están haciendo.
Llevamos casi dos sexenios en los que soldados y marinos están realizando funciones de seguridad pública; funciones éstas que en ningún momento solicitaron hacer, sino que se les ha ordenado realizar. En todos estos años quienes han respondido a la emergencia de seguridad en el país han sido ellos por la omisión de quienes tendrían que hacerlo.
El riesgo de no contar con un marco que regule las hasta hoy necesarias acciones de soldados y marinos no sólo es en detrimento de sus instituciones en lo general, las cuales cuentan con la credibilidad y confianza de parte de la ciudadanía según todas las encuestas, también expone injustamente a un total estado de indefensión a sus elementos. Lamentablemente existe un peor panorama en el que daño sería directo a la población; de seguir con la ausencia de un marco que regule las acciones de la SEDENA y la SEMAR en materia de seguridad interior verdaderos criminales evitarán la cárcel al argumentar violaciones al debido proceso.
Por supuesto, es fundamental que los legisladores tomen en consideración todas las recomendaciones que en materia de derechos humanos se estén realizando. Es preciso que la ley de seguridad interior de certeza tanto a las instituciones como a la ciudadanía. Pero también es necesario comprender la necesidad que en este momento urge a nuestro país atender y, por ello, de valerse de sus instituciones militares. Efectivamente, debe existir a la par de la implementación de la ley de seguridad interior un programa efectivo que garantice contar con policías profesionales en el corto plazo, lo que será responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales.
El Mando Único Policial sería una opción conveniente, para agilizar el cambio necesario en las policías por la naturaleza de su conformación, ya que al ser sólo un mando en cada entidad federativa agilizaría procesos, costos y se contaría con mayores recursos al destinarlos a una sola corporación por entidad. Efectivamente, habría que salvaguardar funciones en materia de seguridad pública en los municipios para preservar sus facultades constitucionales, las cuales pueden ser aquellas de prevención del delito y la violencia, de proximidad ciudadana y lo conducente a infracciones de carácter administrativo.
El debate sobre estos temas requiere propuestas serias que provengan de especialistas. Decir a la ligera que la aprobación de la ley de seguridad interior es una imposición presidencial en contra de los ciudadanos es alzar la voz sin argumentos. Utilizar el tema mediáticamente para hacer proselitismo en contra de los partidos que aprobaron la iniciativa no refleja un verdadero interés por buscar una solución; más parece que la intención es perjudicar electoralmente; la convocatoria para no votar por un determinado partido político que reiteradamente replican los actores Gael García y Diego Luna manifiesta, al menos, que el interés principal no es el tema de seguridad pública en nuestro país.
Estos dos actores se sienten como ángeles bajados del cielo anunciando el fin de los tiempos.
Mucha gente sabe quien mueve sus hilos políticos aprovechando sus dotes de actuación y su fama en el medio artístico. Forman parte del círculo “progresista”.
No son Ángeles son mexicanos preocupados de nuestra seguridad. La cuál no existe. Y pendientes de las estupideces del mal gobierno que tenemos y de la insensibilidad de mexicano que únicamente son espectadores y viven criticando pero no hacen nada por eso tenemos el gobierno que tenemos por ignorantes