Desde mediados de este mes, la recientemente creada Guardia Nacional Mexicana cubre una función geoestratégica; proteger la frontera sur del país (seis mil elementos de acuerdo a reportes periodísticos) para detener la “masa” migratoria proveniente de empobrecidos y deficitarios –en materia democrática– países del triángulo norte centroamericano y de terceros países. La movilización del cuerpo mexicano de seguridad interior se da en el contexto del lanzamiento de la campaña 20/20 en Orlando, Florida, con el potencial eslogan “Mantener a Estados Unidos grande”, con la cual se busca “renovar” el contrato laboral público del actual presidente estadounidense Donald Trump.
Este jueves se han reunido en Tapachula el recién “estrenado” presidente salvadoreño Nayib Bukele con su contraparte mexicana Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con el objetivo de firmar bilateralmente el Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica, el cual se buscará “extender” a Honduras y Guatemala (con base a una ayuda de treinta millones de dólares de México hacia El Salvador, como líder de esta estrategia).
Indudablemente la estrategia del magnate neoyorquino –relativo a la amenaza a la aplicación de aranceles a importaciones mexicanas– parece dio resultado en un doble escenario: se busca “remarcar” líneas divisorias entre países (en donde las pláticas se desarrollan a niveles bilaterales); y, por otra parte, se incentiva un “espíritu” de segregación de lo que “no es propio”. Es decir, observo un andamiaje de contención contra aquella humanidad del sur del continente que no tiene posiciones socioeconómicas (las cuales obviamente han sido propiciadas por sistemas políticos locales clasistas y selectivos, en tanto son partidarios afines de sus gobernantes quienes tienen acceso “preferencial” a los esquemas políticos y privados para gestionar el “progreso” de los estados-naciones).
En segunda instancia, pienso que no se puede obtener un desarrollo humano “inclusivo”, en tanto países cooperadores para el desarrollo internacional, volteen la mirada ante el abuso gestado desde instituciones públicas en la opresión a sus ciudadanos. Indudablemente debe haber sanciones desde cuerpos estatales exteriores a estos “desafortunados excesos”, en la gestión de las vidas humanas (ya sea porque no hay capacidad reactiva para generar condiciones endógenas –potenciar un desarrollo endógeno–; como por la violación a derechos humanos por razones sociopolíticas).
De manera tal que, el despliegue de la Guardia Nacional Mexicana “re-visibiliza” la necesidad de promover una agenda humana “franca” y pragmática en hacer ver la “urgencia” de construir un futuro común, en el cual todos cabemos. Pero no se puede obedecer a ese mandato mientras haya una flagrante desesperanza y desproporcionado control sobre las vidas de ciudadanos de países expulsores de migrantes, quienes a raíz de causas estructurales de inseguridad, desigualdad y pobreza se ven forzados –pienso que no porque lo quieran– a dejar su parentela y buscan entonces una especie de “tierra prometida” en Estados Unidos (aunque en ese proyecto de vida se les vaya su humanidad).
En definitiva, las decisiones de los gobiernos deben ser soberanas; pero, creo que habría que repensar si esa soberanía lastima a gente relegada por el histórico sistema de cosas.