Después de un par de semanas de cabildeos con el gobierno hondureño, los transportistas de este país centroamericano decidieron “paralizar” el país a finales de la semana pasada debido -según han dicho- a la falta de gestión gubernamental en la adhesión a un acuerdo que permita una rebaja sustancial al precio de los carburantes, pues, según argumentan líderes del rubro, el Estado percibe anualmente por impuestos en el sector unos $585,651. Estudiantes, obreros y usuarios del transporte público terrestre fueron afectados en su desplazamiento a lo largo y ancho de los 112,492 kilómetros cuadrados de masa terrestre del pequeño país latinoamericano, en donde, como norma general a raíz de estas situaciones, los afectados de forma directa son las “personas de a pie”.
Para empezar, se puede observar una falta de tacto en los sectores involucrados en el conflicto, tanto del gobierno como de los operadores del transporte, pues, como siempre, el pueblo sufre las consecuencias de estos desmovilizadores “paros”; por una parte, la administración pública deja entrever una falta de anticipación a crisis como éstas, entretanto, los miembros del transporte trabajan en muchos casos con unidades deterioradas, sobresaturadas de pasajeros y convertidas en cuevas de salteadores, a pesar de las promesas de los involucrados en el ramo de modernizar toda la flota terrestre.
Pienso que la situación es mayormente grave cuando hay falta de voluntad e intentos de acercamiento entre las partes, lo cual se puede observar como negligencia o como un distractor efectivo en el momento en que una treintena de servidores públicos están siendo enjuiciados en el denominado “Caso pandora”, por el desvío de fondos estatales para pagar campañas políticas.
Es evidente que el desorden y el antagonismo predominan en las relaciones sociopolíticas actuales, pero históricamente han tenido una constante y ha sido la de hacer prevalecer los beneficios particulares sobre los de la sociedad hondureña en su conjunto.
Aunque también es preciso señalar una falta de estímulos y acompañamiento al tejido productivo del país en sus diversas aristas, ello, irremediablemente, conduciría a la generación de empleos de calidad al tiempo que potenciaría la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.
Por otra parte, el hecho de que, según datos de la empresa privada hondureña, el paro esté provocando pérdidas diarias por el valor de los $87 millones, entraña en sí mismo un llamado a la acción y a contener estos desproporcionados y abruptos daños a la economía nacional.
Bajo mi punto de vista, para prevenir futuros eventos de tal magnitud debe haber una legislación moderna y apropiada en el sector acorde a los actuales tiempos, pero que tenga como base estudios técnicos de factibilidad y nuevos enfoques ecológicos en relación a la operatividad de las unidades del transporte que permitan mitigar y contrarrestar los nocivos efectos socioambientales.
A pesar de todo, las diversas crisis han servido históricamente para replantear políticas lesivas a los intereses generales pues han posibilitado la reorientación de medidas gestionadas desde la cúspide institucionalizada con el respaldo sobre el terreno de fuerzas militares y policiales, mismas que, aunque en términos generales, en países como Honduras provienen de sectores marginados y víctimas de la desigualdad, actúan contra ese mismo segmento poblacional en el cual tienen su origen.
En conclusión, la solución a la situación adversa que afronta el país a raíz de estas protestas no debe esperar mucho, pues a medida que eso pasa, se tiende a generar una confrontación innecesaria en estados como el hondureño, necesitado de potenciar la inversión nacional-internacional, pero, además, consciente de la responsabilidad histórica de tutelar de manera efectiva y despolitizada los derechos humanos de los residentes.