El reto de todo gobierno es contar con servidores públicos más eficientes, además de hacerlo verdaderamente transparente, participativo y con mecanismos de rendición de cuentas y de sanciones eficaces; todo esto es lo mínimamente necesario para lograr gobiernos que cumplan las expectativas de vida de sus gobernados.
Estas cinco características, también, son fundamentales para lograr un gobierno calificado y, sobre todo, para blindarlo de los graves problemas de corrupción e impunidad.
Para que éstas se pudieran desarrollar con toda plenitud, era necesario transitar de los actuales órganos de control supeditados a jerarquías burocráticas y/o intereses políticos o de grupo a otros realmente autónomos que no tengan más superior jerárquico que el imperio de la ley y el interés general.
Con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la adecuación de los gobiernos a éste, se espera que las autoridades y órganos que lo integren sean, precisamente, lo más alejados de los intereses preexistentes, mismos que hasta la fecha han provocado la decepción ciudadana y su mínima participación. De lograr autoridades y órganos auténticamente legítimos se fomentará la participación responsable y proactiva de los ciudadanos, requisito indispensable de todo Estado democrático. De lo contrario, lo único que se logrará será un Estado más obeso, la burocratización de sus procesos y un altísimo costo al erario público.
Lo más grave es que de no implementarse debidamente, con los parámetros de autonomía y legitimidad necesarios, esta reforma constitucional anticorrupción simplemente significará una simulación de altos costos, tanto económicos como sociales.
Pensar que nuestro país se logre emancipar totalmente de los intereses políticos y económicos de ciertos grupos, mismos que llevan forjándose por decenas de años atrás, pareciera ser un ideal inalcanzable; sin embargo, no imposible. La responsabilidad ética de políticos, autoridades o servidores públicos debe ser el motor que impulse los cambios necesarios para que nuestro país salga del estado en el que se encuentra, mismo en el que, con todo propósito, se le ha dejado.
La creación del SNA debe ser considerado no sólo como una reforma del momento, sino como un proyecto de vida permanente que rebase sin dificultad alguna los límites de cada seis años de una u otra administración, de uno u otro partido o grupo en el poder.
Es una realidad que dicha reforma anticorrupción no salió como se requería, sobre todo por la falta de autonomía real que habría de tener la figura del fiscal anticorrupción, mismo que tendrá las facultades de prevenir, investigar y sancionar; evidentemente éstas son las más importantes dentro del sistema. Sin embargo, algo positivo es que empezamos a andar el camino del combate a este mal; además de que, con este ejercicio de la reforma constitucional, quedó probada la fortaleza que puede alcanzar la sociedad si se organiza.
Es importante reconocer que hay experiencias muy favorables, sobre todo a nivel local, mismas que deben ser consideradas como buenas prácticas y replicadas a nivel nacional.
Ejemplo de ello es el trabajo que se ha realizado en la Contraloría General del Gobierno de la CDMX, cuyo titular es Eduardo Rovelo. Esta entidad es la única en todo el país en la que se aplican evaluaciones para el ingreso de los futuros servidores públicos, para cerciorarse que dichos aspirantes cumplen con la experiencia e integridad necesarias; en dicha evaluación se realiza una investigación exhaustiva de la situación socioeconómica y psicológica para descartar hechos de corrupción y problemas de personalidad que impidan ejercer el puesto de manera debida. En relación al perfil que debe cubrir el aspirante, ahora se exige que éste también realice 4 tipos de declaraciones: la fiscal, la patrimonial, la de conflicto de no interés y la de historia académica; esta última es inédita a nivel nacional.
Dicha dependencia cuenta también con un Laboratorio de Revisión de Obras para garantizar que toda obra pública contratada por el gobierno se realice conforme a lo pactado. Recientemente se ha anunciado, también, la implementación de la Plataforma de Fiscalización con la que se podrán realizar auditorías en tiempo real en materia de adquisiciones, recursos humanos, obra pública, trámites y servicios, recursos humanos, entre otras.
En fin, es cierto que falta mucho por hacer, pero lo importante es empezar a hacerlo y, sobre todo, no perder de vista la gran relevancia de la organización ciudadana; en la medida que se le empodere con mayor transparencia y participación será un contrapeso real a los abusos del poder.