La corrupción y la impunidad son graves fenómenos estructurales a nivel mundial, al grado de que no existe un país exento de ellos. Los altos costos que ocasionan son obstáculos para que millones de personas vivan con dignidad, sin violencia, pobreza y desigualdad.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, de Transparencia Internacional, más de dos tercios de los países obtuvieron una puntuación menor a 50 sobre 100 puntos. México ocupó el lugar 130 entre 180 países, con 29 puntos.
El Barómetro Global de la Corrupción América Latina y el Caribe 2019, reveló que, entre los encuestados en la región, sólo 21% tiene confianza en su gobierno, 27% en los tribunales y 33% en la policía.
De acuerdo con datos del Índice Global de Impunidad 2020 (IGI-2020), de la Universidad de las Américas Puebla, México se encuentra entre los países con mayor grado de impunidad, ubicándose en la posición 60 de 69 naciones.
Han transcurrido aproximadamente 18 años desde que nuestro país contara con leyes de transparencia, a nivel federal y estatal, que garantizan a todas las personas el ejercicio de su derecho a saber, iniciando así un proceso de inversión de entornos de opacidad hacia espacios de apertura.
El Día Internacional del Acceso Universal a la Información –28 de septiembre– nos da la oportunidad de reflexionar sobre su alcance como mecanismo para detectar, disuadir y exhibir actos de corrupción e impunidad.
La apropiación del derecho a saber por las personas, en especial por los medios de comunicación y por las organizaciones de la sociedad civil, ha revelado importantes hallazgos de posibles actos de corrupción e impunidad, al sacar a la luz hechos de trascendencia pública en los que se ha advertido el uso ilícito de recursos públicos o la toma irregular de decisiones gubernamentales.
Así, por ejemplo, el resultado de las investigaciones de medios informativos sobre la Estafa Maestra permitió advertir el desvío de millones de pesos a empresa ilegales, y la contratación de servicios a precios inflados. Para dichos reportajes, se realizaron más de 500 solicitudes de información y se creó una base de datos con más de 13 mil registros de cada una de las empresas subcontratadas.
A través de diversas resoluciones del INAI, ha sido posible acceder a información sobre avalúos, contratos y procedimientos de responsabilidad de servidores públicos, relacionados con la compraventa por parte de Pemex de la planta de fertilizantes agronitrogenados, ligada con presuntos actos de corrupción, por el sobreprecio y las malas condiciones de ésta.
Sin duda la apertura informativa, junto con el acceso a la información y la rendición de cuentas, son herramientas para prevenir y combatir la corrupción e impunidad, pero no son los únicos elementos para atacar estos complejos males.
Por eso surgen los Sistemas Nacionales de Transparencia, Anticorrupción, Fiscalización y Archivos, como respuesta a problemáticas generales que transcienden lo local, para homologar políticas, sumar sinergias y establecer mecanismos de colaboración e intercambio de información.
Como afirmara Gandhi en uno de sus discursos “en medio de la oscuridad, la luz persiste”. Así, el derecho a saber tiene el potencial de iluminar con un brillo capaz de detectar y abatir las sombras de la corrupción e impunidad.
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