Con el aserto de “La catástrofe de Bankia”, el diario El País de España intituló su editorial del día 29 de mayo, al indicar que ha sido ese banco “la quiebra bancaria peor gestionada políticamente de la historia española” y enfatizando que hay el riesgo de “una caída generalizada de los valores bancarios que preludian un agravamiento notable de la crisis económica y financiera” española.
Estas consideraciones se hicieron al amparo del aumento de la prima de riesgo que, un día antes, alcanzó el nivel de los 511 puntos base, y de que, dijo el periódico, “no hay dinero en el Frob” (Fondo de reestructuración ordenada bancaria), por lo que “si se paga con deuda la solvencia del Reino de España da otro paso hacia la intervención”. En este contexto, el periódico ibérico concluyó que “La solución óptima sería que el Fondo de Rescate Europeo inyectase directamente en los bancos el capital público requerido…”
Sin negar que, en general, los señalamientos de El País se puedan juzgar válidos, es altamente posible que la crisis financiera y bancaria española se esté gestionando de manera desordenada, parcial y técnicamente de manera ineficiente. Por lo que, por principio, para salir del embrollo semántico y cultural de si la banca española necesita ser rescatada, salvada, o no, partamos del principio de que hay que reordenarla para que en un futuro cercano pueda operar adecuadamente, sin importar, entonces, su propiedad.
Tal objetivo conlleva necesariamente a entrar en el campo de la prescripción, siempre tan pantanoso y polémico, más cuando lo asume un extranjero, en un ambiente de piel nacionalista delicada, como acontece con nuestra cultura hispanoamericana. Aunque por razones profesionales y de interés personal, bien vale la pena hasta sucumbir en el intento de plasmar experiencias y conocimientos en materia de crisis y rescates bancarios.
La gestión de la crisis bancaria española ha sido desordenada por que, hasta ahora, la misma crisis ha gobernado las decisiones públicas y su naturaleza, como en una carrera sin fin, siendo deseable y posible que las decisiones y acciones vayan gobernando la crisis. En este contexto, las señales (signalling) públicas, especialmente del gobierno, han sido desafortunadas negando el incuestionable estado adverso de la banca española, sean bancos o cajas. De igual forma, porque en este, como en otros casos, se debe gobernar para España y no para los órganos burocráticos internacionales, especialmente de Bruselas.
Por lo que los dos primeros mensajes que se deberían mandar y enfatizar es que todos los depósitos y ahorros bancarios están protegidos y de que ningún banco quebrará. Una corrida (run) en Bankia, con pasivos de corto plazo (depósitos y obligaciones), a diciembre pasado, del orden de 175 mil millones de € (http://www.bankia.es/) obligaría a racionar los retiros de depósitos, en tanto se acopian los billetes y monedas necesarias para atender la demanda de retiros. En esta trama, los inversionistas y accionistas pueden descontar inopinadamente sus pérdidas generando una salida de capitales y una mayor caída de la bolsa.
El tratamiento de la crisis bancaria española ha sido parcial, porque se ha estado negando sistemáticamente que el problema bancario internacional fuera irrepetible en España. Como si los banqueros españoles respondieran a otro perfil de conducta y de operación distinto al del entorno internacional, aún cuando se inscribieran, en general, en igual contexto regulatorio y financiero. De igual manera, se ha pretendido que observando un árbol, en este caso Bankia, se tendrá el conocimiento preciso de todo el bosque, como si cajas y bancos fueran los mismos animales financieros y la banca netamente regional fuera igual a aquella que está expuesta al mercado y operaciones internacionales.
El envío equivocado de señales y el tratamiento parcial de la crisis ha hecho que la credibilidad y reputación del gobierno y de las autoridades financieras y monetarias se vea menguada. El propio gobierno ha destruido el capital intangible (Reputation Economics) que representaba el Banco de España para el Estado Español, quedándose sin un interlocutor técnicamente válido frente a las instituciones financieras internacionales; interlocutor institucional que tanta falta le hace a España en una circunstancia como la actual.
El tratamiento de la crisis bancaria española técnicamente ha sido ineficiente en varios ámbitos: tiempo (timing), arquitectura institucional, tratamiento financiero y gobernanza; ámbitos identificados simplemente para fines enunciativos y no necesariamente exhaustivos.
Así, en tanto en 2008 el Reino Unido (UK), Francia y Alemania (The ‘British Plan’ as a Pace-Setter: The Europeanization of Banking Rescue Plans in the EU?*, Lucia Quaglia, University of Sussex, 2009) -como parte de la Unión Europea (UE) y siendo los dos últimos países miembros de la Zona Euro (ZE)- así como Estados Unidos (EU) emprendieron acciones para sanear a sus bancos e instituciones financieras, por estimarlas el core de su crisis inmediata, España pretendía una supuesta fortaleza bancaria, con total complacencia y conocimiento de causa del riesgo que ya significaba el crecimiento explosivo de su cartera y la calidad de la misma (El sector bancario español en el contexto internacional: Evolución reciente y retos futuros, Joaquín Maudos Villarroya (Dir.), Juan Fernández de Guevara Radoselovics; Fundación BBVA, 2008). De esta forma, la concentración de créditos se realizó en el famoso “ladrillo” y las hipotecas sub-prime, que como créditos ponzi se sabía que más temprano que tarde no podrían ser servidas y pagadas.
En tanto la arquitectura de saneamiento financiero implementada por UK, relativa y posteriormente seguida por EU, puede ser juzgada como integral en su naturaleza, alcances y objetivos, así como pertinente en su operación, el Frob fue instituido de manera limitada, en sus fines y capacidad financiera. Baste considerar que inicialmente el frob tuvo una dotación de “9.000 millones de euros, de los cuales el 75% (6.750 millones de euros) está financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y los remanentes del Fondo de Adquisición de Activos Financieros y el 25% restante (2.250 millones de euros) por los distintos fondos de garantía de depósitos de bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito”. Al 28 de mayo, el Fondo tenía “una dotación mixta de 15.000 millones de euros, habiendo “En el ejercicio 2009, la Administración General del Estado (otorgado) avales por un importe máximo de 27.000 millones de euros” (http://www.frob.es/general/dotacion.html). Tales cifras se contrastan con el supuesto monto de 23 mil millones € requerido por Bankia.
En el tratamiento del Fondo y los alcances temporales del mismo puede radicar actualmente el mayor riesgo de la banca y de la economía española. En primer lugar, el Frob debería ser tratado como un vehículo financiero especial del BdE, en su carácter de prestamista de última instancia (lender of last resort), por lo que sus financiamientos a la banca privada deberían ser tratados como operaciones interbancarias. En todo caso, el BdE podría recibir el mandato del gobierno central para inyectar capital y sanear los bancos, a través del Frob, con la contrapartida de garantía, accionaria y de riesgo que se conviniera, sin imponer mayor límite temporal para su recuperación, como hasta ahora está establecida, más que el requerido para minimizar su costo fiscal.
Así, el fondeo para tal fin lo debería hacer de manera directa el BdE y la obligación contingente correspondiente del gobierno español se debería reputar como parte de los requerimientos financieros, bajo toda lógica financiera y contable, y no necesariamente como deuda pública directa del gobierno central. Con este criterio, se evitaría el contravenir el acuerdo de España con la UE para abatir la deuda pública, tanto en su expresión presupuestal anual, como en su acumulación histórica.
Por ello, los pasivos asumidos temporalmente por el gobierno central tendrían un carácter contingente dado que a futuro podrían ser recuperados. Así, en el caso de que el gobierno asumiera activos bancarios, especialmente inmobiliarios, debería cuidar que efectivamente generaran ingresos futuros, evitando que se deterioren física y financieramente en el tiempo.
La generación efectiva de deuda pública por el apoyo a la banca puede ser abatida. La experiencia norteamericana evidencia que el costo fiscal por su rescate bancario ha sido sustancialmente inferior al originalmente estimado. En contraste, la experiencia mexicana, después de más de diez años, demuestra que el costo de capital de su rescate bancario se ha ido abatiendo sólo en términos relativos al PIB, significando un elevado monto de pago de intereses anuales, sin haber amortizado monto de capital alguno.
Finalmente, la crisis bancaria española debe verse desde la perspectiva de la gobernanza (governance), más allá del simple corporate governance, por las implicaciones que la crisis tiene con respecto al interés público, es decir del Estado Español, y del interés del público, especialmente de deudores y acreedores (depositantes) de los bancos. Por esto, debería el propio Frob, o un órgano especialmente instituido, participar en la gobernanza de cada uno de los bancos nacionalizados, intervenidos o apoyados.
El principio básico de la buena gobernanza debería ser interés general y la rendición de cuentas más allá de los intereses políticos inmediatistas; intereses que tanto daño producen en circunstancias como las actuales. Bajo este principio, los intereses privados de deudores, acreedores y accionistas deben ser abordados con reglas generales, transparentes y tratamientos precisos. El equilibrio de ambos intereses, bajo riesgos y beneficios que intrínsecamente implican, debe ser el primer objetivo de una sana y pertinente gobernanza.
Sin obviar lo publicado por El país, en el sentido de que “Hay que depurar esta cadena de responsabilidades (de Bankia)” y que “es imprescindible la comisión de investigación en el Congreso” lo que es urgente es actuar y actuar racional y ordenadamente desde el ámbito español, máxime que el Presidente Rajoy ha dicho de que no habrá “rescate europeo de la banca española”. Ya habrá tiempo de dictar justicia y, posiblemente, cometer algunas injusticias.
Comprensiblemente, el reordenamiento de la banca española debe comenzar en casa, con un Plan General que acredite su congruencia y coherencia, dejando a las autoridades europeas como la última instancia de su aceptación. Además, el Plan, con objetivos y estrategias claras, debería ir acompañado de un Programa de acción y operación específicas para ser puesto en marcha desde ya.
Por último, no por ello menos importante, es necesario enfatizar que la justificación última para la reordenación de la banca española yace en la mera sobrevivencia de la UE. Esto, aún cuando aceptemos que después de la crisis actual el viejo continente y el mundo nunca volverán a ser los de antes y que la resolución bancaria española es sólo un primer paso sustantivo para atender valederamente el trance económico y financiero que tanto sufrimiento ha impuesto a Europa.
