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Ante el ayuno de ideas del presidente electo para cumplir con su promesa de terminar con la corrupción en nuestro país, el capítulo 27 del recientemente aprobado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (el “T-MEC”) sobre anticorrupción, brinda valiosos instrumentos para luchar eficazmente en contra de la corrupción y la impunidad en México.

Entre dichos instrumentos destaca la importante labor que pueden desempeñar los “soplones” o whistleblowers como se les denomina en inglés. En efecto, se trata ni más ni menos que de los denunciantes anónimos de actos de corrupción que pueden aportar evidencias y lograr que los responsables no queden impunes. Para que ello sea posible, el T-MEC establece la obligación de los países miembros, de adoptar mecanismos sólidos para su debida protección y evitar la represalia de los maldosos.

Resulta tan iluso pensar que la corrupción se puede terminar por el sólo hecho de que López Obrador asuma la Presidencia de la República, como pensar que dicha tarea puede ser cumplida por el gobierno sin el apoyo ciudadano. Es por ello que en el T-MEC los tres países parte se comprometen a cooperar en la implementación de eficaces mecanismos que logren incorporar a la ciudadanía en dicho esfuerzo.  Es así que el capítulo involucra explícitamente al sector privado y a la sociedad civil. Entre las responsabilidades de estos sectores se incluye el compromiso para que las empresas informen en sus reportes anuales sus controles internos, programas de compliance y código de ética para prevenir y detectar prácticas de corrupción. De esta manera se crea un piso común para que las empresas de los tres países tengan un referente en sus procesos y controles internos.

El capítulo sobre prácticas anticorrupción del T-MEC sigue la línea trazada por el TPP (Trans-Pacific Partnership, negociado entre varios países de la Cuenca del Pacífico), derivada de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención de la OCDE Anti-Sobornos y la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la OEA. La innovación del TPP y del T-MEC radica en que a diferencia de estos últimos acuerdos que establecen obligaciones para las empresas, aquellos establecen principalmente obligaciones a cargo de los países miembros, esto es para sus respectivos gobiernos como parte integrante de un tratado de libre comercio, cuyo incumplimiento puede provocar pérdidas comerciales.

El nuevo capítulo se enfoca en la prevención y el combate a los sobornos, y en la corrupción en la inversión y el comercio internacionales que incluye una lista de las conductas que los gobiernos deben prohibir en las empresas de sus respectivos Estados, tales como la de llevar doble contabilidad, la descripción errónea de líneas de captura y de pago para ocultar un pago de cohecho, el registro de gastos inexistentes, la destrucción de documentos contables antes de lo permitido y el ofrecimiento de beneficios indebidos, entre otras.

Se espera que los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México tomen en serio estas responsabilidades, lo cual implica, en el caso de México, la necesidad de realizar cambios legislativos. Entre otras, habrá que proteger a los denunciantes anónimos. Al efecto, será importante cambiar la mentalidad para que quien acuse una actividad de corrupción, sea visto como un virtuoso ciudadano comprometido con el cumplimiento del marco jurídico aplicable, y no como un soplón.

Ya la llamada “Ley 3de3” incluyó una incipiente legislación en materia de protección a los denunciantes, pero la protección que se requiere es mucho mayor.  En el Tratado está consignada la obligación de los países parte de contar con legislaciones adecuadas que brinden protección suficiente e incentivos a los denunciantes y dicha legislación deberá ser aprobada e implementada por el Congreso mexicano.

Otro elemento novedoso incluido en el T-MEC se refiere a la obligación del gobierno de dar talleres y capacitación anticorrupción a sus funcionarios. Desde luego, habrá que definir el contenido académico de dichos talleres, pero ciertamente deberán permitirles identificar y gestionar posibles conflictos de interés, a fin de evitarlos. El problema de la corrupción no es tan simple como la recepción por parte de un funcionario público de recursos de los particulares, sino que incluye casos en los que aunque el funcionario público no reciba un beneficio del particular, puede incurrir en prácticas de corrupción si atiende, por ejemplo, la orden de su jefe en el sentido de eximir alguna obligación a un particular determinado. Esto es, realizar una actuación a modo o de facilitación por parte de la autoridad, así como el tráfico de influencias.

Las disposiciones contenidas en el nuevo tratado incluyen como parte de la cooperación internacional, la obligación de compartir información sobre prácticas de corrupción, la coordinación para realizar investigaciones multinacionales y la posibilidad de llamar a consultas a aquel gobierno que haya incurrido en algún incumplimiento del tratado en materia de corrupción, lo que pondría en evidencia al país infractor exponiéndolo a la vergüenza pública.  Desde luego, este mecanismo para ser eficaz requiere la voluntad política de los otros países involucrados para ejercer dicho derecho de llamar a consultas, lo que derivará seguramente de la estrategia geopolítica que tenga dicho país y las posibles consecuencias políticas de realizar tal extrañamiento.

Seguramente este nuevo capítulo anticorrupción no será una panacea, pero deberemos aprovechar los instrumentos legales que ofrece para desarrollar en México una cultura de prevención y combate a la corrupción que permita robustecer el Sistema Nacional Anticorrupción apenas en ciernes.