Desde hace años, la deuda pública ha generado preocupación en México. Tal preocupación reemergió al conocerse el volumen de los pasivos públicos que los estados enfrentaban y, más recientemente, a raíz de su contratación fuera de la ley y las normas locales y federales establecidas. Sin haberse atendido en esencia la situación laxa que prevalece en materia de deuda pública, es obvio que las dificultades de los pasivos públicos que se viven son de carácter nacional, es decir entre las entidades federativas y el gobierno federal, sin dejar de lado a los municipios libres y soberanos. También es innegable que ello acontece porque cada orden de gobierno parece comportarse como si fuera un país dentro de un país, asumiendo un comportamiento e intereses de cada burocracia política como si se hubiese aceptado la balcanización de la nación.
Más allá del monto de la deuda pública y de su irregular origen, lo que subyace es la existencia de problemas estructurales –término ahora tan de boga en la jerga política nacional- que atañen al pacto federal en su conjunto. Tales problemas van desde el concepto mismo de deuda pública, pasando por la falta de una norma nacional que constriña la creación de pasivos públicos, hasta el aceptar que hoy los estados pueden poner en riesgo la sanidad del presupuesto público y la moneda nacional.
En tanto las experiencias en otros países, como en España o en su momento en Argentina, la deuda pública y en especial la de las regiones autónomas o provincias han terminado por desquiciar a la economía nacional y afectar el valor de la moneda local, en México la complacencia institucional ante similares riesgos parece no tener límites. Así, sin ser alarmistas, es posible que el verdadero nivel de la deuda pública nacional rebase ya 50% del PIB. Porcentaje muy superior al que enfrentaba los Estados Unidos al inicio de la crisis económica en marcha.
De igual manera, el caso de Michoacán, dado a conocer por su gobernador, enuncia las dificultades que se avecinan para un posible default o falta de pago de las deudas públicas de ciertos estados. Agregadamente, la posible resolución del caso de Coahuila demuestra la manera desaseada en que la federación y los estados pueden actuar para mantener el statu quo que prevalece en materia de falta de transparencia y rendición de cuentas de la generación de deuda pública. Todo ello, en el marco de que los estados libres y soberanos no tienen en los hechos restricción alguna para generar deuda pública y definir sueldo y salarios superiores al oficialmente asignado al presidente de república.
Ante tales hechos, es conveniente hacer el esfuerzo de poner cierto orden conceptual y regulatorio sobre los pasivos públicos, antes de acrecentar el ruido político y mediático que la deuda de los estados ha generado y seguir manteniendo en el anonimato la verdadera deuda pública federal. Ruido y anonimato que no solo ha ensordecido a tirios y troyanos y cegado a comentaristas en materia económica, sino que también ha permitido mantener en la ceguera a la ciudadanía.
Reconocido que la deuda pública es lo que la ley defina como tal, es sabido que no hay un marco pertinente que norme el concepto, alcance y generación de los pasivos públicos, tanto en materia federal, como de las entidades federativas. Tal es el desorden conceptual y legal que prevalece que el gobierno federal no denomina como deuda pública a lo que como tal indica el Banco de México (Banxico).
De esta forma, el actual gobierno federal, presume no haber endeudado mayormente el país, después de que la deuda pública federal era oficialmente en 2006 de alrededor de $ 2 billones de pesos y al cierre de 2011 los pasivos identificados por el Banxico llegaron a casi $ 5.5 billones de pesos; lo que significa más de 150% de incremento. Hecho que ha obligado, como desde este medio se ha demostrado, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que el gobierno federal se endeude en alrededor de medio billón de pesos cada año, para pagar básicamente intereses y comisiones de su deuda vigente.
El desorden conceptual y falta de control de la deuda pública también se refleja en los estados, dado que lo secundario siempre sigue a lo principal. En este devenir, la deuda pública de las entidades federativas conocida es sólo aquella que es inscrita en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por cada estado. Como tal reporte no es obligatorio, sólo se inscribe oficialmente como deuda aquella que compromete las participaciones federales como garantía o colateral de los pasivos contratados. Esto es así porque la ley de Coordinación Fiscal establece que los estados podrán reportar a la SHCP su deuda pública, pero la ley no establece de manera alguna que deberán reportar la deuda pública que asuman.
En ambos casos, es decir federal y estatal, además, es permitido no considerar otras obligaciones dentro de la denominada deuda pública. Como ejemplo de tales casos son los llamados pasivos contingentes derivados de concesiones, proyectos de servicios múltiples –también identificados como Proyectos Público Privados-, garantías otorgadas y hasta pasivos contratados por entidades paraestatales y organismos descentralizados. A tal grado llegó la creatividad contable en materia de obligaciones públicas, que hasta años recientes por ley se podía diferir el registro de deuda pública, especialmente para PEMEX y la CFE. A la fecha, el no transparentar los requerimientos financieros anuales e imputarlos en el PEF hace que el déficit fiscal anual se subestime.
En el caso de los estados, es sabido que las facturas y cuentas por pagar se dejan fuera del registro de la deuda anual, generándose un hoyo negro de gran fuerza gravitacional sobre el presupuesto corriente. De igual forma, pasivos con el gobierno federal, como por ejemplo en materia de agua con la Comisión Nacional del Agua o la CFE, no son transparentados a las legislaturas locales o los cabildos por los estados y la federación.
El monto de la deuda pública de los estados y municipios generado por el desorden legal y administrativo es difícil de conocer, pero los registros públicos oficiales pueden dar una idea de su tendencia y riesgo. Así, en el 2000 las obligaciones financieras reportadas de los estados y municipios alcanzó el orden de $ 90,000 millones de pesos. En 2006 el monto oficializado fue de $ 160,000 millones y para marzo de 2012 llegó a casi $ 400,000 millones.
De esta manera, entre 2000 y marzo 2012 la deuda oficializada de los estados y municipios aumento más de 4 veces, es decir 400% y si se considera como base el año 2006 aumentó un poco más de tres veces; más del 300%. Dadas estas cifras, es dable concluir que en el presente sexenio la deuda de los estados ha crecido aceleradamente, igual que la verdadera deuda pública federal, como la reporta el Banxico. Las entidades y municipios con los niveles de deuda reportada más elevada son, en orden decreciente, exceptuando Michoacán y Tlaxcala, como se nuestra en el Cuadro 1.
De acuerdo con las cifras presentadas, las entidades con el mayor nivel de obligaciones son el Distrito Federal y el Estado de México. Llama la atención que ambas entidades federativas tuvieron una restructuración de sus pasivos hace más de seis años y casi de manera simultánea. De igual manera, los estados y municipios que mayor crecimiento absoluto y relativo han tenido en sus obligaciones financieras han sido Coahuila y Veracruz. Finalmente, el caso de Tlaxcala resulta emblemático, al presentar pasivos casi nulos. Esto es así porque por ley ese estado tenía prohibido endeudarse públicamente. Situación que resulta extrema a los casos de descontrol de la deuda pública.
Sin entrar en un análisis exhaustivo, no se puede negar que el monto de endeudamiento de estados y municipios resulta relevante, que la velocidad o tendencia del mismo resulta preocupante así como el pago de intereses que impone. En primer lugar, se estima que el monto de la deuda está sub-reportada en aproximadamente 20-30%. De ser el caso, la deuda real de estados y municipios sería de alrededor de medio millón de pesos.
En segundo lugar, el pago de intereses significa que los ingresos de los estados y municipios, en general, deberían crecer al menos a la tasa real que ello impone. Es decir, que sus ingresos deberían crecer a una tasa de al menos el equivalente a la suma de la tasa de inflación más intereses, que sería conservadoramente 9-10%. Tasa de crecimiento que se antoja difícil de lograr, si además se toma en cuenta que los pasivos de los estados y municipios son mayormente con la banca privada.
Finalmente, es importante resaltar que tradicionalmente para la evaluación de la deuda pública se considera su relación con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), exportaciones, o algunos otros indicadores, que en las circunstancias económicas actuales son impertinentes. Por lo que tales evaluaciones resultan aún más ociosas para el caso de los estados y municipios, cuya autonomía económica y fiscal no existe. La base primaria para enfrentar las obligaciones públicas son los ingresos públicos, y dentro de estos los fiscales, especialmente los llamados ingresos recurrentes; es decir aquellos que no son extraordinarios o que corresponden a circunstancias fiscales estimadas como regulares.
Los ingresos no-recurrentes del gobierno federal, de las entidades federativas y los municipios han sido crecientes, especialmente en virtud de los altos precios del petróleo, cuyo volumen de exportación va a la baja. A pesar de esos ingresos extraordinarios, el hecho es que el endeudamiento público nacional ha crecido, más allá de los que política y burocráticamente se diga o desee decir. De aquí que sea posible afirmar que la sostenibilidad de la deuda pública nacional sea frágil en su sostenibilidad, dado que cuando más han crecido los ingresos públicos, más endeudamiento se ha generado.
El país en materia de deuda se ha balcanizado, como en otros ámbitos. Cada orden de gobierno actúa con independencia de sus compromisos federales o de su jerarquía constitucional. Cada poder instituido constitucionalmente obvia lo que debía cumplir, especialmente en los estados y municipios. Lo que resulta más preocupante es que parece que nadie se diera cuenta que la responsabilidad fiduciaria de la moneda no es atendida por ninguna autoridad nacional y que la crisis financiera de los estados y municipios ya toca a las puertas de la nación.
Es obvio que la omisión en el cumplimiento de las responsabilidades presupuestales, de deuda y fiduciarias de nuestra moneda han sido en beneficio de grupos políticos y burocráticos que han pensado más en sus intereses y en el inmediatismo. Sin embargo, hoy lo inmediato es comenzar a honrar la deuda pública nacional y poner orden en el gasto público, porque el bolsillo de los ciudadanos ya ha sido demasiado lastimado.
Deseamos que el nuevo gobierno sea nuevo en su concepción del interés público y que acepte que al soberano hay que cuidarle la bolsa, por que el dinero y la riqueza de la nación es pública, no de su partido o de sus correligionarios, esa fue la razón del surgimiento de los parlamentos y la explicación de por qué la unidad monetaria era denominada “soberano”.
