Muchas y muy variadas son las noticias nacionales e internacionales que influyen en el devenir de México y los mexicanos. El desbocado comportamiento del Presidente de Estados Unidos, las reacciones del Primer Ministro Trudeau, la estabilidad monetaria, el incremento de las exportaciones mexicanas, las capturas de importantes capos del crimen organizado y la caída de importantes líderes políticos involucrados en redes de corrupción. Asimismo, vemos escenarios políticos influenciados por todo este maremágnum de noticias que arman debates encarnizados e inciden en las interminables encuestas.
Una noticia que llama la atención y que quedó nublada por otras que generaron más escándalo, fue la creación del Consejo Nacional de Sostenibilidad, el cual fue instalado en un evento encabezado por el Presidente Peña Nieto y el Canciller Videgaray, celebrado en el Palacio Nacional. Este Consejo debe ser el número 100 mil que se ha instalado y del que seguramente no volveremos a escuchar nada; no obstante, persigue una importante misión: vigilar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en octubre de 2016 por los países miembros; 17 objetivos con 169 metas relacionadas con diversas materias relacionadas con el desarrollo social, económico, político y medioambiental.
La CEPAL, una organización que procede de Naciones Unidas, se ha encargado de promover los ODS en toda América Latina y el Caribe mediante la relación política con jefes de estado y de gobierno de los países que integran la región. Esta organización que encabeza la destacada académica y política mexicana Alicia Bárcena, ha logrado que paulatinamente la región latinoamericana y caribeña asuma compromisos importantes, tales como el adoptado por el gobierno mexicano.
En nuestro artículo Sólo para valientes, publicado en El Semanario el pasado mes de noviembre (2016), sugerimos que dichos ODS pasaran a formar parte de las disposiciones normativas mexicanas, principalmente de las leyes de planeación nacional y estatales, así como en las leyes presupuestarias con la finalidad de que fuera muy claro el compromiso mexicano con su cumplimiento. Ello implica que los planes de desarrollo nacional, estatales y municipales estén enfocados a la aplicación de los ODS, pero que sus acciones sean evaluadas por INEGI o por CONEVAL. Ambas instituciones ya se aplican en la medición de casi todos los temas que abarcan los ODS.
Pues bien, estas propuestas ya están en marcha, pronto se enviarán iniciativas al Congreso de la Unión para modificar la Ley Nacional de Planeación para fortalecer el compromiso de México con su cumplimiento y en cascada comprometer a entidades federativas y municipios con estas disposiciones. El INEGI se encargará de su evaluación, pero seguramente CONEVAL participará activamente.
A partir de la instalación del Consejo Nacional de Sostenibilidad, el Gobierno de la República impulsará la instalación de consejos estatales similares al nacional. Sin embargo, dado el desprestigio de gran parte de estas administraciones, quizá esté justificado el surgimiento de nuevos mecanismos tales como consejos regionales de avaluación y seguimiento de los ODS, para que estas fórmulas detonen la competencia regional en el abatimiento de rezagos en las materias contenidas en los ODS; para ello, será necesario modificar los términos del artículo 117 constitucional, para desmantelar el resabio decimonónico y poder reglamentar las atribuciones de los estados para firmar convenios y acuerdos entre sí, con la finalidad de desarrollar políticas comunes sobre materias diversas, entre las que pueden incluirse las que contienen a los ODS.
Habrá que fabricar los contrapesos y los procedimientos para garantizar el pacto federal y buscar soluciones posibles incumplimientos en los acuerdos. Esta reforma podría incluso contener condiciones para el mejor ejercicio de recursos federales, desde el establecimiento de metas regionales, pasando por la trasparencia en la ejecución de los recursos y su impacto positivo en la población regional. Un nuevo mecanismo para generar eficiencia y transparencia en el fondo general de participaciones.
Nuestra propuesta plasmada en noviembre pasado, iba incluso más allá. Incitaba a los partidos políticos a comprometerse abiertamente con los ODS al incluirlos en sus respectivos programas de acción y sus declaraciones de principios, con la finalidad de que formaran parte de sus respectivas plataformas políticas y, en consecuencia, propusieran los mejores diseños de programas para su eficaz aplicación y beneficio en favor de los mexicanos en sus campañas políticas.
El Gobierno Federal está cumpliendo con su parte, los estados y municipios lo harán en su momento, pero los partidos políticos aun deberán manifestar su posición respecto al tema. Es el momento de desarmar los andamiajes de los programas de acción de todos los partidos, darles términos de vigencia y un diseño didáctico que trasparente los compromisos asumidos por los partidos políticos de impulsar programas, establecer sus metas y su respectivo financiamiento.
En fin, estos nuevos retos podrían oxigenar una parte de los mecanismos de construcción de consensos para el establecimiento de políticas públicas y programas gubernamentales de las tres esferas de gobierno, así como la construcción de un nuevo federalismo desde las regiones. Sin embargo, asumir estos nuevos retos aún sigue siendo sólo para valientes.