Desde el año 2000, México ha visto resurgir la fuerza de los poderes políticos locales. Tal resurgimiento se ha manifestado en casi todos los estados, siendo evidente la autonomía en la directriz y acción política de los gobiernos locales con respecto al gobierno federal y a sus dependencias. Tal fenómeno ha acontecido en los gobiernos estatales de todo signo y aún al interior de cada estado. Así, el país ha comenzado un proceso de feudalización que a la postre puede poner en peligro al mismo pacto federal, o al menos generar una tensión política centrífuga adversa entre la federación, los estados y los municipios.
En efecto, es evidente la fuerza política y administrativa de los gobernadores frente al gobierno federal y sus representantes, salvo en los casos que procedan del mismo partido gobernante. En el primer caso, en general, los gobernadores han actuado fuera del control político federal, llegando al extremo que las políticas públicas y la misma aplicación de recursos centrales contravienen las políticas federales. Aún más, en muchos de los casos la aplicación de recursos federales se realiza fuera de la normatividad establecida, tal como lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Por lo que la transparencia y rendición de cuentas de los estados ha brillado por su ausencia.
En este sentido, los Órganos de Fiscalización Superior (ORFIS) de Estados, estando en manos del control político estatal, terminan por complacencia avalando la falta de transparencia y rendición de cuentas de los recursos federales, pero también de los de carácter estatal. Ello explica porqué la ASF reporta observaciones contables y físicas de obras y servicios contrarias a la normatividad y los ORFIS parecen vivir en otro mundo. Existen casos extremos de que habiendo señalado la ASF daño patrimonial y siendo resarcido por la finanzas estatales, el ORFIS correspondiente mira para otro lado sin desatar la sanción local correspondiente.
Obviamente, con tal acontecer, también los municipios actúan muchas veces sin control político y administrativo alguno. Esta situación se llega a tornar disruptiva cuando la autoridad municipal pertenece a un partido diferente al de la autoridad estatal. En tal caso, la administración municipal puede contar con el apoyo federal, pero también estar expuesta a las “orcas caudinas” de la autoridad estatal. De darse este evento, al final la tensión política y administrativa deviene en contra de los intereses y progreso de la ciudadanía.
Un claro ejemplo de las consecuencias de la feudalización política y administrativa descrita es el aumento explosivo de la deuda pública de los estados y municipios, que hoy está en las cabezas de los diarios y que se ha tornado en una preocupación federal. Es conocido que la contratación de deuda muchas veces ha terminado siendo aplicada al gasto corriente o se ha aplicado simplemente para redocumentar deudas ya vencidas. Ha habido casos extremos en los que se ha llegado literalmente a situaciones de ilícitos, como es el caso de Coahuila. El hecho es que como recientes ejemplos Michoacán lanzó ya un S.O.S. en materia de su elevada deuda pública y Acapulco enfrenta problemas de solvencia para cubrir sueldos atrasados de su burocracia.
Otro claro caso, del manejo discrecional y fuera de control de los recursos federales, es el retraso de varios años en la justificación de los recursos ministrados por el FONDEN (Fondo Nacional de Desastres) a los estados con recurrentes eventos climatológicos adversos. Lo mismo acontece con las aportaciones, que a manera de pari passu o contrapartida, los estados deben proporcionar para programas especiales federales, como el mismo FONDEN o los programas de apoyo a los productores agropecuarios de la SAGARPA.
El hoyo presupuestal negro que ha significado para la federación la falta de control administrativo de los estados y municipios resulta imposible de transparentar. Ello ha afectado también a los ramos de educación, salud, infraestructura, entre otros, pero también ha sido razón de malos manejos y clara corrupción de muchos estados y municipios. Situación que es claramente percibida por la ciudadanía.
La feudalización en materia legislativa queda evidenciada por la generación local de leyes y disposiciones estatales hechas a modo, para mantener el control y simpatía local. Tal es el caso de las leyes antiaborto que se han aprobado en varios estados y que contravienen las disposiciones federales en la materia. Lo mismo ocurre en materia de transparencia de información y rendición de cuentas. Hecho que ha suscitado que el Presidente Calderón proponga la federalización de la normatividad respectiva. El caso del retraso en la preparación de la instauración de los juicios orales será paradigmático en sus consecuencias negativas el año que entra.
En materia de reforma política, es claro que los estados han asumido su potestad en la legislación en la materia, en la duración de los periodos de gobierno de los municipios, en la temporalidad, inicio y duración de los procesos electorales, amén de que la autoridad estatal controla a los institutos electorales locales. Situación, esta última, que ha terminado por ser cuestionada ante la falta de equidad, imparcialidad y limpieza electoral. Bien se dice que al final un equipo es dueño no sólo de la cancha y el balón, sino también del árbitro.
Ante la feudalización del país, duda no hay que el equilibrio de poderes a nivel federal es cada vez una mejor realidad, que contrasta con lo que acontece en los feudos estatales. Indudablemente que las llamadas instituciones autónomas o con cierta autonomía, como es el Instituto Federal Electoral (IFE), transparencia de la información, derechos humanos, entre otras, cada día van dándole al país un nuevo, renovado y diferente rostro de institucionalidad, que debería ser jurídicamente extendido al resto del pacto federal. De otra manera, los mexicanos seremos ciudadanos de dos mundos. Uno perfectible y otro aborrecible.
Palmariamente, la feudalización ha dado paso a una nueva clase política en los estados y en los municipios. Esta clase política ha surgido endogámicamente y al amparo de señor feudal en turno. Sorprendentemente, así, el surgimiento de los nuevos actores políticos ha sido acelerado a partir del año 2000, con el inicio de la alternancia a la llegada del PAN a la presidencia de la república.
En general, y de acuerdo a las fichas biográficas, tales actores son de generaciones recientes, la mayoría de ellos egresados de universidades locales privadas y de extracción económicamente solvente. La mayoría de ellos han realizado estudios formales de postgrado, en instituciones de no gran relevancia y en materias que podrían sonar ajenas a la política. En casos emblemáticos, el origen familiar y de antecedentes políticos de primera generación también están presentes. En tal cartabón no se ajusta necesariamente los nuevos políticos de izquierda, si es que como tales generacionalmente los hay.
Pero, sin duda, la característica más relevante de los nuevos actores políticos y, por lo tanto de una nueva clase política, es que al amparo de la velocidad de su emergencia carecen de la experiencia y los méritos que en una situación convencional se requeriría para llegar inclusive en sólo seis años a gobernar su estado. Por ello han pasado de estar al amparo y, literalmente, al servicio del señor feudal a asumir instancias directas de gobierno. Han mudado de vivir en un microcosmos a enfrentarse a un mundo real y desconocido.
Dirían eufemísticamente que los nuevos actores políticos pasaron de conocer una sola cancha, de jugar contra un solo equipo, de tener un único entrenador a enfrentar la realidad del juego. Ello explica el pobre, insatisfactorio y descarriado desempeño de buena parte de los gobernadores y presidentes municipales de ciudades importantes. Sin embargo, de tal caracterización y consecuencias no escapan tampoco buena parte de los funcionarios del gobierno federal, que también en un muy corto periodo de tiempo se vieron ante la tesitura de hacer gobierno y tomar decisiones de gran envergadura.
Los nuevos actores políticos, la nueva clase política, además de falta de experiencia, de méritos, de desconocimiento de una realidad compleja, parecen haber asociado a la realpolitik con el manejo laxo de los recursos públicos. Si es peligroso y triste el desperdicio de los recursos, más desconsolador es el daño patrimonial y moral que se infringe a sí mismo un pueblo cuando solapa y aplaude el abuso desde el poder y la impunidad de sus gobernantes.
Hay que crear una nueva institucionalidad, federalizar urgentemente al país, hacer que el rendimiento de cuentas de estados y municipios sea un tema nacional, hay que establecer una auténtica Auditoría Superior de la Federación, que ponga límites a los nuevos actores políticos. Darle vuelta a la página de la simple alternancia política es urgente, para iniciar una funcional transición política, democrática y de gobierno, antes de que los feudos acaben con el pacto federal y la nueva clase política agote la poca tranquilidad que resta a la nación.