La institucionalidad como condición democrática

La gran diferencia entre un país fuerte y

uno débil es la solidez de sus

instituciones.

El autor.

El Estado de Derecho y el desarrollo guardan una interrelación significativa. Es premisa del Objetivo 16 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU, denominado “Paz, Justicia e Instituciones sólidas” que, a su vez, recomienda la promoción de un acceso universal a la justicia, junto con la construcción de instituciones responsables y eficaces.

Con ello se espera que en todos los países se establezcan condiciones propicias a fin de reducir, por una parte, la violencia, el maltrato, la explotación, y por la otra, combatir la delincuencia, la corrupción y el soborno, cuyas sombras se proyectan sobre el mundo. En el momento histórico que vivimos México está inmerso en esta problemática.

La existencia de las instituciones se basa en una interpretación amplia de la justicia, no sólo restringida al ámbito judicial. Se extiende hacia la economía y el establecimiento de posibilidades asequibles de bienestar y desarrollo social e individual. La ausencia, la pasividad, o la manipulación de las instituciones eventualmente generan la injusticia, que es fuente de conflictos. De no atenderse derivan en violencia desde la verbal hasta la física. Incluso se llega a la desintegración del orden social, localizada en espacios específicos donde se cuestiona la presencia del Estado, o en un caso extremo se generaliza en todo el territorio.

En política las instituciones soportan una responsabilidad de capital importancia. De los resultados de su trabajo depende la confianza ciudadana y con ello la legitimidad y la permanencia del sistema, con las adaptaciones exigidas por las circunstancias internas y las del entorno, en una constante búsqueda del cambio con estabilidad.

¿Qué acontece en estos días que pone en riesgo la eficacia de la democracia mexicana?

Más allá de las prohibiciones incompresibles de la intercampaña, a todas horas la ciudadanía atestigua un certamen de habilidades indagatorias, acusatorias y de desprestigio mutuo. Tales acciones están reñidas de los fines de la transmisión pacífica del Poder, de la racionalidad, de propuestas coherentes y convincentes para el votante. Lo más grave es que cada uno de los aspirantes al poder, a su manera y conforme a sus alcances, pretenda la prevalencia de los propósitos particulares que abandera mediante la presión sobre distintas instituciones públicas dotadas, a contrario sensu, de atribuciones y facultades para actuar conforme al interés general.

Los partidos han dejado de distinguir lo relevante y consecuentemente menguan su representatividad. De allí los enconados debates y la intrascendencia de los mensajes electoreros que hasta el momento escuchamos.

Es probable que los actores políticos pudieran perder de vista el “qué y para qué” de las instituciones. Se requiere del establecimiento de reglas de operación, de la construcción de complejos mecanismos y de la ejecución de procesos que guíen el funcionamiento de la sociedad. Ésta es una cuestión de la mayor trascendencia para mantener la cohesión y viabilidad del país.

Las necesidades de cualquier comunidad se transforman continuamente. Es preciso reconocer que la realidad siempre se adelanta a la capacidad de respuesta de las instituciones, particularmente las de carácter político se encuentran sometidas a una constante tensión que obliga a una perseverante actualización.

Ante la inédita situación actual, aún con la transformación del INE, la pluralidad de partidos -constreñida a tres coaliciones sin clara identidad ideológica-, y hasta la inclusión de candidatos “independientes”, el engranaje electoral se queda corto. Los sufragantes en potencia pueden llegarse a hartar de un espectáculo que les resulte ajeno con el consecuente riesgo del abstencionismo.

Sin embargo, se está a tiempo de retomar el camino adecuado a convocar a la participación, siempre y cuando se considere que el funcionamiento del sistema político implica asumir una corresponsabilidad que recae en todos los actores: partidos, candidatos, gobierno, autoridades electorales, medios, opinión pública, ciudadanía. Una fecha clave es el muy próximo 30 de marzo, cuando formalmente se inician las campañas, que pudieran ser el escenario idóneo para reencauzar la competencia en bien de México.

Las razones de cada institución deben imponerse sobre las ambiciones personales o de grupo. Las instituciones se debilitan cuando se exponen a un uso arbitrario, faccioso, lejano de las aspiraciones de la ciudadanía. Es mandatario incluir a los factores organizados en torno a y desde el Poder. En contraparte, las instituciones se fortalecen cuando son leales a su cometido plasmado en la Constitución, al fundamentar el Estado de Derecho.