De las medidas anunciadas en el decálogo, las tres primeras implican reformas constitucionales.
Ciudad de México.- A raíz de los trágicos acontecimientos de los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, que incluyen la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, así como de la secuela de protestas públicas en México y en el extranjero, el presidente, Enrique Peña Nieto, enunció el pasado 27 de noviembre un decálogo de medidas para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho. Asimismo planteo diversos proyectos de política económica, para estimular el desarrollo social y económico de Guerrero, Oaxaca y Chiapas principalmente. Este es un breve comentario de esas medidas.
Cabe señalar en primer término que la PGR ejerció su facultad de atracción en relación con los casos de Iguala. Asimismo, el gobierno de la República solicitó la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para localizar a los normalistas e investigar los hechos.
De las diez medidas enunciadas, las tres primeras implican reformas constitucionales. La primera establece que la federación podrá asumir el control de los servicios municipales o disolver un ayuntamiento cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia organizada; la segunda se refiere a la redefinición precisa de las competencias de cada autoridad en el combate al delito; la tercera es la creación de las Policías Estatales Únicas. Se propuso que los primeros cuatro estados sean: Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.
La cuarta iniciativa es el establecimiento de un número telefónico único para emergencias, el 911; la quinta es la creación de la clave única de identidad; la sexta es la realización de un operativo especial es la región de Tierra Caliente, con la ampliación del despliegue de fuerzas federales principalmente en los municipios de Guerrero y Michoacán, además del incremento de dichas fuerzas en Jalisco y Tamaulipas.
La séptima medida es lograr una mayor efectividad del derecho humano a la justicia. Se trata de fortalecer la justicia cotidiana, la justicia olvidada, la que afecta diariamente a la mayor parte de la población y que ni siquiera se denuncia ante la percepción de que no va a pasar nada, por la negligencia o complicidad de la autoridad. El presidente le solicitó al CIDE organizar los foros de consulta en esta materia.
La octava propuesta se refiere al fortalecimiento y actualización de los instrumentos para proteger los derechos humanos. Esto comprende desde la emisión de nuevas leyes y reglamentos, hasta la actualización de protocolos de las autoridades, así como crear un sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas, así como un sistema nacional de información genética.
Como novena acción, se plantea el combate a la corrupción. Esto significa el apoyo al Sistema Nacional Anticorrupción que se debate actualmente en el Congreso; el fortalecimiento de las funciones de la Auditoria Superior de la Federación, para que intervenga no sólo en forma posterior sino también durante la ejecución del gasto y la creación de un tribunal que impondrá sanciones administrativas, así como de un fiscal anticorrupción nombrado por el Senado de la República. La décima iniciativa consiste en impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
Estas diez medidas tienen como objeto fortalecer el Estado de Derecho. Pero la justicia también conlleva el combate a la pobreza, la marginación y la desigualdad. Para este propósito no basta la política asistencialista, sino la eficaz consecución del desarrollo económico y social sustentable. El sur requiere una estrategia de desarrollo integral, de gran alcance.
En este sentido se enunciaron importantes proyectos de desarrollo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, entre los que destacan además de distintas obras de infraestructura, el estímulo a la creación de nuevos polos de desarrollo industrial. Se plantea el establecimiento de tres zonas económicas especiales: El corredor industrial interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, que conectará el Pacífico con el Golfo de México; la segunda en Puerto Chiapas y la tercera en los municipios colindantes al Puerto de Lázaro Cárdenas tanto en Michoacán como en Guerrero. Se establecerán zonas económicas especiales y se dará tratamiento fiscal diferenciado a los productores de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Es claro que la solución de la compleja problemática social que se vive en el país, en particular en esta región pasa por el desarrollo económico, la creación de empleos productivos, la equidad social y la sustentabilidad.
Son medidas importantes que la sociedad civil deberá evaluar. En todo caso el mayor impulso al progreso del país debe venir precisamente de la sociedad. Lo mejor de México está en su gente. Lo más importante del país es su futuro.