La unión entre personas del mismo sexo, con fines sexuales o de convivencia, siempre ha existido desde tiempos inmemoriales; existe actualmente y seguirá existiendo por siempre. Esto es la realidad de las personas y no podrá evitarse con debates o juzgamientos parciales.
Justificadamente, la ley tiene que ser dinámica en nuestro país para reconocer y salvaguardar los derechos de esas aparentes minorías, las cuales se encuentran en desventaja e indefensión ante la necesidad de hacer valer sus derechos.
Entrar a la discusión del matrimonio entre personas del mismo sexo es entrar a un terreno espinoso y de difícil cordura objetiva, dado que el tema es proclive a los prejuicios y ofensas. Sin embargo, encuentro al menos una, pero contundente, razón que justifica el reconocimiento por parte del Estado de dicha unión.
La ley pretende en lo general garantizar cierto orden en la sociedad, la cual es heterogénea, compuesta de personas con preferencias políticas, religiosas y sexuales diferentes; cada persona o grupo social con distinciones intelectuales, culturales, educativas, económicas y, muchas de las veces, con costumbres poco compatibles entre sí.
No obstante, la labor de la ley es precisamente garantizar entre esas pequeñas y grandes diferencias un orden que garantice más o menos un equilibrio entre posiciones contrapuestas para que se puedan dar condiciones de convivencia social lo suficientemente adecuadas.
Cuando los gobiernos dan la espalda al reclamo de las llamadas minorías, por principio de cuentas se vulnera al Estado mismo, en su exigencia democrática por la incapacidad, también, de garantizar los llamados derechos humanos de toda su población, lo que provoca desequilibrio social entre unos y otros y ante las instituciones que se supone deben ser imparciales, incluyentes y de estricto apego a la legalidad. Como consecuencia de lo anterior, se manifiesta el conflicto y el desorden y, con ello, se pone en riesgo la capacidad de gobernabilidad, precisamente por falta de inclusión legitima de los que piensan y tienen preferencias distintas, siempre y cuando no contravengan la ley.
Por tal motivo, la ley tiene que garantizar a todos, inclusive a los diferentes, certeza jurídica. Pongo sólo un ejemplo, el cual es razón contundente para entender por qué la ley tiene que abrirse para regular el matrimonio entre homosexuales: supongamos que una pareja de personas del mismo sexo que convive como familia, a lo largo de su relación genera, indudablemente, riquezas y bienes; es más, uno de ellos es quien compra y solventa de su dinero todos los bienes y gastos acumulados y, más aún, supongamos que aquél que paga todo decide (por amor, por conveniencia o por lo que sea) poner a nombre de su pareja todos los bienes acumulados. ¿Qué pasaría si ese que tiene a su nombre todos los bienes muere? ¿Quién tendrá derecho sobre ellos? ¿Quién los heredaría?…
¿Qué pasa si uno de ellos trabaja como burócrata y el otro no? ¿Es conveniente no garantizar la seguridad social como la atención de los servicios de salud a la pareja que no trabaja? ¿Lo anterior sería justo…?
En fin, la exigencia social es latente y la finalidad de la ley es reconocer y regular esas necesidades. La ley es la que se debe adecuar a las necesidades contextuales de las personas, es la que debe modificarse a efecto de garantizar, más o menos, el orden; por el contrario, la sociedad siempre cambiante y dinámica, no es quien se tiene que adaptar a los presupuestos ideológicos que crearon la norma legal en un tiempo y lugar determinados, muchas veces hoy descontextualizados y que llegan a ser letra muerta por su ineficacia jurídica. De ser esto así, estaríamos ante la postura ya rebasada de un positivismo jurídico retrograda e incapaz de garantizar el orden social en el que por supuesto se privilegie el respeto de los derechos humanos de todos. Negar que el centro de todo son las personas, cambiantes y diferentes entre sí, llenas de sentimientos, de ideales y proyectos diversos, y que son las que en todo momento deben tener una supremacía respecto de la relación derecho-persona, es derivar nuestras conclusiones al respecto de un argumentum ad ignoratiam o de falsos dilemas; negar el derecho de todos a tener certeza jurídica es partir de argumentos de autoridad, lo que inevitablemente nos llevaría a cometer no sólo errores de lógica, sino de maltrato contra otras personas; por consecuente, de empeñarnos en falacias y sofismas para justificar nuestras creencias, nos quitará la posibilidad de comprender la realidad de las cosas y de ser una sociedad más justa.
marcialmanuel3@
En todo esto hay punto importante a recalcar, ya que todos tenemos los mismos derechos y somos iguales ante la ley, como bien se establece en el articulo primero y cuarto constitucional, independientemente de nuestras creencias o preferencias, por lo cual considero que no debe ser un tema de debate el que se les reconcozca como “matrimonio” o sociedad de convivencia, sino simplemente respetarlo, y respetar lo que se establece constitucionalmente, lo cual implica solo una regularización en cuanto a bienes inmuebles o seguridad social.
En todo esto hay punto importante a recalcar, ya que todos tenemos los mismos derechos y somos iguales ante la ley, como bien se establece en el articulo primero y cuarto constitucional, independientemente de nuestras creencias o preferencias, por lo cual considero que no debe ser un tema de debate el que se les reconozca como “matrimonio” o sociedad de convivencia, sino simplemente respetarlo, y respetar lo que se establece constitucionalmente, lo cual implica solo una regularización en cuanto a bienes inmuebles o seguridad social.