Desde el inicio de su campaña política, AMLO promovió una Cuarta Transformación hacia una nación más próspera, justa e incluyente para todos y en especial para los grupos más pobres y marginados de la población. Hoy se encuentra en una verdadera encrucijada, nacional e internacional.
El gran desafío de abatir la corrupción está mostrando avances notables. Sin embargo, los retos económicos, sociales y de seguridad identificados desde el principio de su programa de gobierno, permanecen y están siendo agravados por dos grandes eventos:
1) El fin de una era marcada por un sistema político-económico mundial dominado por algunos acuerdos institucionales básicos a través de la ONU, y las instituciones de Bretton Woods y, tras el colapso del mundo bipolar a principios de los 90, por el fortalecimiento del libre mercado; la emergencia de China, India y otras potencias regionales y la ascendencia de líderes populistas –como Trump– dispuestos a romper con el orden global para impulsar intereses nacionalistas que ponen en jaque la coordinación y la cooperación global.
2) La inesperada llegada de la pandemia mundial del Coronavirus, que ha impactado a todo el planeta en términos sanitarios, económicos y sociales y ha mostrado la insuficiente capacidad de las naciones y de las instituciones internacionales para enfrentar catástrofes; la fragilidad de nuestras sociedades desiguales; la lacerante vulnerabilidad de los pobres y marginados; y la urgencia de repensar las sociedades, las políticas públicas y la gobernanza mundial ante los grandes cambios tecnológicos y las amenazas sociales y ambientales.
Los retos económicos de México se han agravado. La economía mexicana, cuyo ingreso per cápita permaneció estancado desde los 80, con una pésima distribución del ingreso, siguió aplanada en 2019 y entró a franco declive en 2020. La obsesión por el equilibrio presupuestal, la austeridad y la renuncia a una reforma fiscal han llevado a una caída fuerte en la inversión pública y el financiamiento. La ausencia de un pacto social amplio público-privado con programas y políticas de fomento a la producción y a la construcción de la infraestructura ha detenido la inversión privada.
La pandemia ha acentuado dramáticamente el adverso panorama: el cierre de actividades no esenciales productivas, comerciales y de servicios condujo a una caída dramática del PIB, del empleo y los salarios y los ingresos de la economía informal y de los dos sectores más importantes generadores de divisas: las manufacturas y el turismo –las exportaciones agropecuarias y las remesas se han mostrado bastante resilientes–.
La excepción han sido los proyectos icónicos del gobierno actual: la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el proyecto del Tren Transístmico y el Aeropuerto de Santa Lucía siguen su marcha. En estos casos existe poca información sobre las empresas contratadas, el contenido nacional, las características tecnológicas de los proyectos en marcha.
La entrada en vigor del T-MEC y la visita de AMLO a Washington han aclarado una parte importante del horizonte de inversión de mediano plazo. Habrá que permanecer siempre alertas, pues no es vacuna frente a aranceles ‘en aras de la seguridad nacional’, como los que recién amenazan a transformadores mexicanos y sus partes.
Lo importante es que ahora hay que ver más allá del T-MEC y establecer estrategias, políticas e instrumentos concretos de fomento –como los tienen otros países– para que cristalicen nuevas inversiones.
La ausencia de una política industrial y tecnológica, de financiamientos competitivos de largo plazo de la banca comercial y de un impulso financiero mayor de la banca de desarrollo, siguen deteniendo inversiones, sobre todo ante los grandes rescates y apoyos del gobierno de Estados Unidos y de países europeos a sus empresas en crisis o en reconversión competitiva frente a las chinas y las asiáticas.
La reactivación económica en medio de la persistente crisis del coronavirus exige una revisión de las políticas de gobierno y de las prácticas privadas. México se ha quedado muy atrás a nivel latinoamericano y mundial en cuanto a apoyo a las empresas y empleos en riesgo que demandan programas para otorgarles mayor liquidez, evitar la destrucción de capacidades productivas y apoyar de manera condicionada a las grandes y medianas empresas de capital nacional en sectores estratégicos, que requieran recapitalización para reiniciar actividades y abordar nuevas inversiones.
Los retos sociales se han agudizado. Los tradicionales bajos presupuestos asignados a la educación y a la salud y la vivienda –en relación con otros países latinoamericanos y de la OECD– no están permitiendo satisfacer las demandas de la emergencia y de una creciente población.
Según informe de la CEPAL (julio 2020), como resultado de la crisis por el COVID-19, durante el 2020 en Latinoamérica habrá una movilidad económica descendente: 37.6 millones de personas que en 2019 pertenecían a estratos bajos caerían en la pobreza y 4 millones en la extrema pobreza. Habrá también un deterioro de los estratos medios: 33.5 millones entrarían a la categoría de ‘ingresos bajos’.
En México, los programas asistenciales extraordinarios lanzados desde principios del gobierno –Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrado Vida, Adultos Mayores, Discapacitados– están aliviando a grupos seleccionados. Lamentablemente la eficacia de los dos primeros está en duda y existe una crítica creciente a la eliminación de otros, dirigidos a mujeres –como los de guarderías y prevención de la violencia–.
Al 3 de julio, según la CEPAL, 30 países de América Latina y el Caribe habían adoptado 190 medidas de protección social para que los hogares más pobres y precarizados pudieran hacer frente a la pandemia. Esas transferencias monetarias y en especie llegan hasta niveles de 2% del PIB. En Colombia, el apoyo a familias que no son beneficiarias de otros programas de ayuda durará hasta diciembre.
México no ha establecido medidas similares, a pesar de diversas iniciativas de un ingreso básico de emergencia o de un ingreso básico universal. “La idea es buena”, ha dicho el Senador Monreal. “Pero, ¿de dónde van a salir esos recursos?”.
La CEPAL considera que, si se sustituyeran las transferencias monetarias de emergencia por un ingreso básico de emergencia, el costo adicional por seis meses para los países sería de 2% del PIB y su impacto será muy positivo. Habría que realizar la estimación para México y examinar la viabilidad de establecerlo temporalmente o de manera definitiva.
El crecimiento del hambre, derivado no de la falta de alimentos, pero sí de la pobreza extrema y del alza en los precios de la canasta básica, está exigiendo el fortalecimiento de los programas de ayuda alimentaria. La CEPAL y la FAO proponen un bono contra el hambre, que podrá aplicarse con el concurso de municipios, empresas y organizaciones de la sociedad civil. En México desmantelamos el sistema Conasupo y la corrupción dio pésimos resultados en los programas asistenciales sustitutivos.
Afortunadamente subsisten programas como Liconsa y se han creados otros nuevos bajo el silencioso y efectivo programa encabezado por Ignacio Ovalle. Esperemos que cuente con los recursos necesarios para cumplir su cometido en tiempos de emergencia.
El reto no es falta de empatía del gobierno hacia las víctimas del COVID-19 y sus familias. AMLO anunció todo un loable decálogo de apoyos inmediatos este fin de semana.
Concluyo: Las acciones frente a los grandes retos del país exigen una nueva visión integral de corto, mediano y largo plazos, una reforma institucional de gran envergadura que genere una nueva forma de gobernar y administrar este país de 130 millones de habitantes. Para ello es necesario incorporar a hombres y mujeres honestos, con y sin estudios de posgrado en el exterior; restablecer gabinetes sectoriales para coordinar acciones de gobierno, más allá de los que operan diariamente en seguridad y emergencia sanitaria. No conozco país alguno que haya tenido éxito en su desarrollo sin instituciones fuertes y una burocracia bien preparada y organizada. Urgen puentes con todos los sectores sociales. El costo de no escuchar es muy alto.
*Este artículo fue publicado por primera vez en el periódico El Financiero el 21 de julio de 2020.
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