Los comentaristas y los políticos mexicanos han hecho reiteradamente referencia al “pacto de la Moncloa” como un ejemplo de los acuerdos políticos que son posibles de alcanzar para enfrentar una transición o crisis nacional. Tal referencia se ha hecho evidente especialmente a partir de que el PRI, como partido dominante mexicano, perdió su mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados en 1997. Sin duda, a partir de la pérdida hegemónica del PRI sobre la vida política nacional se justificó la necesidad de establecer un pacto político que correspondiera a una nueva realidad política del país.
Por ello, es posible decir que los Pactos de la Moncloa han sido en México inadecuadamente contextualizados y equívocamente explicados, al privilegiar sus razones y objetivos en el ámbito casi exclusivamente político, desestimando su causa y origen. Tales hechos, oficialmente documentados en España, deberían servir a México para considerar que la relación de la economía hacia la política puede ser muchas veces causal de los pactos y acuerdos, por los efectos perniciosos que una crisis económica y financiera puede tener sobre el bienestar y las condiciones de ingreso y empleo de la población.
De esta manera, a guisa de ejemplo nacional, es provechoso recordar que la pérdida hegemónica del PRI se dio en un contexto netamente económico adverso para la ciudadanía como lo fue la devaluación de 1994 y la crisis financiera de 1995. Sólo en este último año, la contracción económica nacional alcanzó casi 7%, superior a la caída de la producción experimentada en 2009, que se vivió dentro de la crisis económica internacional más profunda y larga después del crack de 1929. Así, en México desde 1997 parecieran haberse obviado las razones económicas que deben ser atendidas como parte de una transición política y que se disfrazan, cada vez más, con la profundización de medidas de política económica que han agudizado las condiciones económicas y sociales menguantes que sufre la mayoría de la población.
“Los Pactos de la Moncloa [fueron] un acuerdo entre todas las fuerzas políticas parlamentarias para arreglar la alarmante situación económica”, que constituía en 1977 el punto más débil de la transición política española a la extinción del régimen franquista (CNT,http://www.vespito.net/historia/transi/pactos.html). Los Pactos fueron los acuerdos firmados en el Palacio de la Moncloa “el 25 de octubre de 1977 entre el Gobierno de España […], presidido por Adolfo Suárez, los principales partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de las asociaciones empresariales y el sindicato Comisiones Obreras […con…] el rechazo [inicial] de la Unión General de Trabajadores y de la CNT (http://es.wikipedia.org/wiki/Pactos_de_la_Moncloa).
Los acuerdos aprobados comprendieron medidas urgentes contra la inflación y el desequilibrio exterior y reformas necesarias a medio plazo para repartir los costes de la crisis económica. De igual forma, se integraron medidas que reforzaron la transición política en marcha. Los Pactos, denominados así por su contenido, abarcaron amplios ámbitos y acuerdos iniciados desde el 8 de octubre de 1977 culminando el 27 de ese mismo mes.
Los Pactos fueron identificados formalmente como los Acuerdos de cortes sobre el Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía y sobre el Programa de Actuación Jurídica. De esta manera, los Pactos se integraron por dos grandes paquetes: el económico-social y el político, para cuya aplicación se consideró su adaptación por parte de las regiones autonómicas del Estado español. El primer paquete, de gran amplitud por ser la causa primaria y urgente de los Pactos, estuvo referido a acuerdos netamente económicos y financieros, así como relativos al presupuesto público, la política fiscal e impositiva, el sistema financiero y la política monetaria. También incluyó compromisos en materia de seguridad social y políticas sectoriales, como educación, salud, vivienda, pensiones, agricultura, pesca, comercialización, entre otros.
El segundo paquete, anclado en lo político, estuvo denominado como Programa de Actuación Jurídica y Política y (Octubre de 1977, http://madrid.cnt.es/historia/los-pactos-de-la-moncloa/). Los compromisos establecidos versaron temáticamente desde la libertad de expresión y medios de comunicación social, derechos de reunión y de asociación política, hasta en materia del código y derecho penal, justicia militar, el orden público y las fuerzas y cuerpos para garantizarlo.
De acuerdo a su razón y su contenido, los Pactos buscaron como adoptar una política económica que contuviera la galopante inflación que alcanzaba 47%, el alto desempleo, se atendiera el desequilibrio con el exterior y la dependencia energética, entre otros problemas urgentes que enfrentaba la economía española. Los acuerdos, además, permitieron procurar la estabilización del proceso de transición política hacia un sistema democrático.
Los Pactos de la Moncloa han terminado por ser el referente permanente, casi a nivel mundial, de una vía de concertación y acuerdo político. El éxito de su recurso fue reclamado ampliamente a raíz de la caída del Muro de Berlín, para los países que entraban en un nuevo régimen político, caracterizado por la democracia y el sistema de mercado. Pero tal vía de acuerdo y concertación históricamente se justificó para atender una situación de crisis económica con grandes afectaciones sociales, que sólo podría ser atendida con la voluntad y el acuerdo de todos los actores y fuerzas políticas de un nuevo régimen democrático.
Una vez más, ante la crisis económica y financiera en la que se debate España se han comenzado a levantar voces que reclaman y proponen acuerdos políticos que desembocan en Pactos, a la usanza de los suscritos en la Moncloa hace casi 35 años. La situación de crisis de la zona euro ha terminado, en los hechos, por socavar el régimen democrático de Italia y Grecia; países en los que la urgencia económica y financiera obligó a imponer nuevos jefes de gobierno sin viso alguno de un proceso democrático, al no haber sido electos por la ciudadanía y ser designados por el parlamento. Muchas veces, la economía y las finanzas terminan por imponer los regímenes políticos más acordes a sus emergencias.
La lección de España con los Pactos de la Moncloa fue que graves y profundos problemas económicos con desfavorables consecuencias sociales sólo podrían ser atendidos por la voluntad política y con acuerdos que fortalecieran el marco de libertades y justicia para estabilizar el régimen democrático, aún en ciernes. En un sino circular, siempre queda el dilema si primero es la política o la economía. Pero lo cierto es que no hay una sin la otra y parecen no poder esperar cuando una sociedad decide cambiar.
En la campaña presidencial electoral mexicana se votó mayoritariamente por un cambio, más allá de partidos y banderas. El voto, para bien o para mal, se inclinó hacia un cambio responsable y un cambio verdadero. Por ello el candidato presidencial ganador, Enrique Peña Nieto, está comprometido a emprender el cambio ofrecido y demandado por sus electores. Sin embargo, ya como próximo presidente puede obviar lo comprometido, puede cumplir a su manera lo ofrecido o les puede cumplir a sus simpatizantes.
El no cumplirle a la ciudadanía sólo podría llevar al próximo presidente a enfrentar un ambiente políticamente más tenso y de repudio ciudadano como el que ahora enfrenta Calderón. A lo que se agregaría que el más cercano opositor a Peña Nieto ofreció también el cambio, y porque la tercera fuerza política al señalar el incumplimiento presidencial se fortalecería. En el caso de tratar de cumplir el cambio prometido, ello significaría mudar de la actual política económica y social, lo que sólo podría lograrse con la fuerza política que ofreció el cambio verdadero. Pero si el afán de cambio presidencial va en sentido opuesto a lo ofrecido y profundiza las políticas vigentes, sólo podría ello ser logrado con el apoyo de la fuerza política minoritaria.
Enrique Peña Nieto puede seguir profundizando las políticas que no han funcionado, puede reclamar reformas a modo y pactar por la continuidad, pero tal acción podría llevar a una mayor desestabilización del país, en una situación de insurgencia criminal, alto desempleo, contracción de los salarios y una crisis económica y financiera internacional que cada vez se profundiza más.
De acuerdo con lo anterior, difícilmente Peña Nieto puede con su propia fuerza política cumplir el cambio responsable prometido. Por ello, sólo negociando con otra fuerza política podrá iniciar cambios económicos y sociales que no dejarían de generar tensiones políticas que trasminarían a la sociedad. De esta manera, si se desea realmente el cambio responsable lo más lógico es transitar hacia un cambio pactado colectivamente, tal como aconteció en España con los Pactos de la Moncloa, y fortalecer el endeble sistema democrático mexicano, que hoy una vez más es repudiado por al menos un tercio de la ciudadanía.
México puede enfrentar en el muy corto plazo el agravamiento de sus condiciones económicas y sociales, dentro del cuestionamiento de la equidad en sus prácticas electorales. Por ello es indispensable considerar que los Pactos de la Moncloa permitieron atender adversas condiciones económicas y sociales y estabilizar una democracia incipiente. Un pacto político general puede servir para atender las urgencias económicas y financieras y fortalecer la democracia mexicana. De no ser así, seguiremos caminando hacia el abismo, cuyo camino parece cada vez más acortarse. Esperemos que así lo entiendan los próximos gobernantes y que consideren que el cambio sólo se puede realizar con una nueva economía política y no sólo con una política económica diferente.
