En las futuras semanas, uno de los temas de altos relieves políticos serán los referentes a dos personajes: Emilio Lozoya y César Duarte, exdirector de Petróleos Mexicanos y exgobernador de Chihuahua, ambos acusados de varios delitos del fuero común y el fuero federal derivados de la corrupción política y el enriquecimiento ilícito. El primero aprehendido en Málaga, España, en un lujoso condominio con credenciales falsas; el segundo en Miami, Florida, Estados Unidos, en sus oficinas de venta de autos usados. Después de una batalla legal para impedir su extradición a México y haber despedido su defensor en México, el conocido abogado Javier Coello Trejo, Lozoya Austin decidió aceptar ante los tribunales españoles ser extraditado a México con el fin de ofrecer en los juicios incoados a su persona y familiares –su madre, esposa y hermana – las pruebas que dice tener en su poder que implican a altos funcionarios del régimen anterior, incluyendo al propio expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Por su parte, Duarte, espera que se inicie el juicio en su contra en el país vecino para que se inicie su extradición y sea puesto a disposición de las autoridades fiscales y judiciales de México.
Sobre Lozoya Austin pesan graves cargos relacionados con la empresa brasileña Odebrecht, cuyos sobornos a funcionarios de diversos países fueron denunciados y, solamente en México, eran ocultados por el anterior régimen, en virtud de tratarse de una bomba política que detonaría en perjuicio de varios funcionarios involucrados, tanto en lo referente a los gastos de la campaña presidencial de Peña Nieto, como posteriormente a las concesiones petroleras, ambas a cambio de sobornos por 10 millones de dólares en diversas partidas. A lo anterior hay que agregar la acusación de la compra de una planta de nitrogenados –conocida antes como Pajaritos–, comprada en primera instancia por el exgobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor, vendida posteriormente a Altos Hornos de México, para finalmente como chatarra vendida nuevamente por 470 millones de pesos al mismo Pemex. Alonso Ancira, director de AHMSA, siderúrgica localizada en Monclova, Coahuila, también fue aprehendido en España y está actualmente bajo proceso en las Cortes de aquel país.
César Duarte, cuya actividad habitual era la venta de autos usados en Ciudad Juárez, fue designado candidato a diputado federal y a su triunfo fue miembro de la LX Legislatura, y ocupó la presidencia de la Cámara baja, desde donde fue proyectado por el Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de su estado natal. Los principales delitos de los cuales se le acusa son los de enriquecimiento ilícito personal y destinar recursos del erario público a las campañas políticas de su partido, cuyo Presidente era el político sonorense, Manlio Fabio Beltrones, a través de Alejandro Gutiérrez, secretario general adjunto –nieto del presidente Eulalio Gutiérrez, designado por la Convención de Aguascalientes por las fuerzas revolucionarias en la etapa del presidente Venustiano Carranza (1918-1920)–, quien fue aprehendido en Saltillo, Coahuila, y llevado a la cárcel de Chihuahua por haber recibido 200 millones de pesos para entregarlos al Comité Ejecutivo del PRI, con el propósito ya citado. Actualmente goza de libertad provisional, aunque con el moderno grillete llamado pulsera para fines de localización.
Ambos asuntos caen bajo la lucha contra la corrupción, bandera esencial en actual gobierno del presidente Manuel López Obrador, que durante las tres campañas presidenciales proclamó la necesidad de barrer, de arriba hacia abajo, esta lacra que corroe la vida pública nacional. La Fiscalía General de la República, al mando de Alejandro Gertz Manero, tiene ante sí una ardua tarea, consistente en llevar ante la justicia a quienes abusaron del poder y confiaron en la impunidad que les brindaba el anterior régimen.
En México, la corrupción es un legado heredado de épocas pasadas. Al propio Hernán Cortés, según refiere el extraordinario escritor José Luis Martínez, considerado el mejor biógrafo del conquistador, se le sometió a juicio de residencia –llamado así en aquellos tiempos la indagación de actos de corrupción y otros crímenes– y llevado a España para que respondiera a las imputaciones. Casos como éste llenan nuestra historia, oficial y verdadera, en que las ambiciones nacidas del poder son semejantes e incontrolables. Porque la corrupción no es cultural, sino de índole moral, en la que inciden la avidez y la codicia de los individuos, quienes olvidan los valores sociales prevalentes en sus propios tiempos.
“La corrupción en forma de sobornos y el mal uso de los fondos públicos es un gran obstáculo para la democracia y el desarrollo económico de los pueblos pobres” dice Ulla P. Tornaes. Ministra de Dinamarca. ¿Nos sabrá algo?
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