El anuncio del pasado 7 de mayo del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de consignar ante las autoridades judiciales el expediente abierto a los presuntos responsables del Caso Odebrecht, ha causado gran impacto, derivado de los sobornos a funcionarios mexicanos por la cantidad de 10.5 millones de dólares de la empresa brasileña, a cambio de otorgarles cuantiosos contratos para la construcción de obras públicas durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en un término no mayor a 60 días –no se determina si son jurídicamente hábiles o inhábiles–. En virtud de que sólo los gobiernos de México y Venezuela no han actuado como lo han hecho otros países de América Latina, en los cuales también se produjeron esta clase de ilícitos realizados por la poderosa empresa de Marcelo Odebrecht, el propietario de la misma, quien reveló toda la red de corrupción enlazada con diferentes gobiernos latinoamericanos.
No obstante que el entonces Procurador General de la Republica, Raúl Cervantes Andrade, afirmó que el expediente en cuestión se encontraba listo para su presentación ante las autoridades judiciales del fuero federal, el ahora Fiscal General advirtió que ha repuesto el procedimiento en la indagatoria, contrariamente a lo dicho por su antecesor, de lo que se deduce que no todo estaba tan expedito como se dijo; contradicción que merece una explicación más amplia para el mejor inicio de este escabroso asunto que pondrá al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo ante los ojos nuestros sino ante los ajenos. El lavado público de esta ropa sucia será una prueba ígnea no únicamente para el Poder Judicial de la Federación, sino para saber hasta dónde llegará el gobierno de la Cuarta Transformación en su prometido combate a la corrupción y la impunidad.
Uno de los principales implicados en el Lava Jato, como este caso se conoce en Brasil, es Emilio Lozoya Austin, quien fungiera como Coordinador de Vínculos Internacionales durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, y como Director General de Petróleos Mexicanos en el gabinete de éste los primeros cuatro años del sexenio, hasta que lo alcanzó el escándalo que cimbró a más de una veintena gobiernos de América del Sur y África, y se vio en la imperiosa necesidad de renunciar.
Como es costumbre, la investigación del fondeo de recursos de la empresa brasileña en la banca de Estados Unidos, fue la que desató la peor tormenta de corruptos y corruptores, al descubrir el trasiego de millones de dólares que serían entregados al gobierno de Peña Nieto y encendiera los focos rojos en el poder judicial brasileño, y de un severo juez, Sergio Moro (hoy Ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro) de la ciudad de Curitiba, capital del Estado de Paraná, en cuyo amplio despliegue del asunto pidió la colaboración de las autoridades mexicanas en 2015, a través de la Procuraduría General de Justicia, solicitando se tomara declaración a los empresarios Carlos Slim Helú y Ricardo Salinas Pliego, misma que le fue denegada en todas las ocasiones que fue requerida, aduciendo diversas evasivas legales, conforme a la investigación realizada por Raúl Olmos, documentada en su libro Gigante de Lodo (Grijalbo 2018).
La prueba más contundente contra Lozoya Austin es la declaración de Luis Alberto Meneses Weyll, ex Director de Odebretch en México, quien testificó haber entregado varias cantidades en dólares al funcionario, tanto durante la campaña electoral como al triunfo del presidente Peña Nieto, para verse beneficiada con contratos para obra pública como fueron los de la refinería de Tula, Hidalgo –de la cual el gobierno de Felipe Calderón sólo construyó la barda con el beneplácito del gobernador priista, Miguel Ángel Osorio Chong– y el colosal gasoducto Los Ramones, que cruzaría los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León, a través de la filial de Pemex, Tag Pipe Lines, por las cuales recibieron el presunto soborno de 10.5 millones de dólares, triangulado en varios paraísos fiscales, según fuentes norteamericanas.
El panorama es similar a un mar de fondo cuyas olas pueden alcanzar alturas insospechadas en este paradigmático caso de corrupción internacionalizado, que no sólo implica a chivos expiatorios sino a altos personajes del empresariado nativo y el gobierno anterior, como ha sucedido en los países involucrados que lo investigan en serio, pues como han comentado varios analistas, el caso Odebrecht representa la globalización del crimen organizado y la transnacionalización de las actividades criminales de cuello blanco.