La Constitución General señala en su artículo primero que En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales[…]. Más adelante establece que Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. También dice que Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En su artículo 87 se dispone que El Presidente[…] prestará[…] la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de que de ella emanen[…].
Ante los hechos acontecidos en Culiacán y la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, el Presidente tuvo que ponderar entre su captura o resguardar los derechos humanos de la población; en concreto, tuvo que privilegiar la vida de las familias de los soldados que viven en la unidad habitacional militar de Culiacán. Hasta el momento no se ha hecho público cuántos niños y mujeres, y en general personas inocentes, cobardemente fueron secuestradas por los sicarios del cartel de Sinaloa con la intención de amenazar al gobierno con la vida de éstos a cambio de la liberación del hijo del Chapo.
De haber hecho lo contrario a lo sucedido, definitivamente, el gobierno hubiera violado la legalidad, la constitucionalidad y la convencionalidad en materia de derechos humanos. Fue una decisión difícil, grave por las consecuencias que traería consigo, pero que encuentra sustento conforme al Derecho ante la principal obligación del Presidente de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y, sobre todo, los derechos humanos de la población.
Por muchos años se ha utilizado al ejército mexicano para contrarrestar fenómenos delictivos los cuales, en principio, son responsabilidad de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno. Lo anterior es la realidad que se muestra ante el fracaso de éstas últimas por su ineficacia, misma que es resultado de la incapacidad profesional y de la corrupción. Es cierto, no queda nadie en el Estado mexicano para hacer frente, sobre todo a la delincuencia organizada, más que las fuerzas militares.
Ellas son las que han resuelto los desbordados problemas de inseguridad; ellos, los soldados, han protegido en muchas ocasiones a la población asumiendo funciones que de primera mano no les corresponden, situación que los ha puesto en riesgo no sólo en lo individual, sino también, a la institución en general.
Respecto a esto último, no es debido y tampoco leal hacia ellos dejarlos a su suerte, totalmente solos cuando son acusados por los abogados de los delincuentes por supuestamente haber violado el debido proceso o los derechos humanos de éstos. Si de los soldados tenemos como pueblo su lealtad, tenemos que ser también leales con ellos. El mando supremo no debe dejarlos solos ante los procesos del orden civil que les sean imputados. Los soldados deben tener en todo el momento el respaldo de la institución. Deben ser provistos de abogados que los acompañen en todo el procedimiento, para que tengan, precisamente, una debida defensa a favor de haber actuado acatando la instrucción.
Máxime cuando se trata de la vida de sus familiares inocentes que cobardemente fueron utilizados como moneda de cambio por una persona que ha causado mucho daño a nuestro país. El gobierno no debía dejarlos solos; el gobierno tenía que tomar la decisión que tomó.
Pero, que no se equivoquen este o cualquier otro cártel o delincuente; el Ejército Nacional es muy poderoso en su capacidad destructiva y de defensa. Es de sobre manera superior en su formación, disciplina, operación e inteligencia militares. Ni todos los delincuentes juntos podrían hacerle frente.
Lo que sucedió en Culiacán fue un acto artero y cobarde del que no se tenía antecedente sabido. Amedrentar con la vida de personas inocentes no es argumento para suponer que la delincuencia organizada puede hacer frente a las fuerzas de seguridad del Estado Mexicano.
El país vive momentos aciagos en materia de seguridad, situación que ha sido progresiva y a consecuencia de omisiones, sin y con intención, de gobiernos en el pasado que no hicieron nada o casi nada para fortalecer a las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública. Los policías también son víctimas de esas inconsistencias, ya como consecuencia de una mala formación, por la falta de profesionalización o por la carencia de salarios y prestaciones dignas para ellos y sus familiares.
Ante esas circunstancias, los soldados mexicanos han dado la cara con valentía, caracterizándoles honor, disciplina y amor a la patria. Siempre se muestran dispuestos al mando supremo.
Lo sucedido en Culiacán todavía no concluye por las consecuencias que seguramente habrá de tener. Lo sucedido en Culiacán nos exige estar unidos como país más allá de aficiones políticas o de intereses personales. Lo sucedido en Culiacán debe disponernos a cerrar filas en favor de la política que se implemente desde el gobierno en su contra y, sobre todo, nos debe comprometer socialmente con nuestros soldados.