El panorama de México para el año 2017 luce extremadamente complejo. Los retos y desafíos que se plantean para el país en el año que comienza pueden ser los más difíciles de la historia reciente de México.
El gobierno que presidirá Donald Trump en los Estados Unidos, a partir del ya cercano 20 de enero, parece confirmar todos los temores y los peores augurios pronosticados en los últimos meses. El gobierno de Trump va a ser conflictivo y genera una enorme incertidumbre en todo el mundo y hacia el interior de los Estados Unidos. En este contexto México es el principal objetivo de su agresividad. Todas las ofensas de las que fuimos objeto México y los mexicanos durante la campaña electoral persisten en su etapa de presidente electo. Las designaciones de su equipo de trabajo ratifican muchas de las amenazas proferidas durante su campaña presidencial. Para Trump los ataques a México le salen baratos por la enorme interrelación que existe entre nuestros países y la altísima dependencia de la economía mexicana con el vecino del norte.
Sin duda el gobierno de Trump le generará muy severos problemas a México en materia de migración, comercio, inversión, remesas, la intensa vida y actividad transfronteriza, seguridad nacional, medio ambiente, por citar sólo los casos más evidentes.
Es claro que para Trump es mucho más fácil agredir a México que a China, Japón, la Unión Europea y muchos otros países. Además, parece existir un enorme beneplácito en las bolsas de valores de Estados Unidos y otros países, así como en algunos sectores empresariales frente al anuncio de la drástica reducción de impuestos corporativos y de tarifas proteccionistas soslayando el grave peligro que eso entraña para la economía mundial y la de los propios Estados Unidos en el mediano plazo.
Frente a las aseveraciones de Donald Trump, como presidente electo, el gobierno de México ha optado por asumir una actitud prudente y de no engancharse en las provocaciones, lo cual ha sido muy aplaudido por algunas organizaciones empresariales. Sin embargo, no debemos olvidar la importancia de una política exterior firme y digna, basada en los principios que establecen la Constitución y los instrumentos internacionales que México ha suscrito.
Esta actitud es la que más beneficios le ha dado a nuestros país frente a Estados Unidos y no la obsecuencia. Todo tiene un límite y no se pueden seguir tolerando actitudes tan reiteradamente ofensivas. México debe estar preparado y decidido para defender sus intereses.
Por otra parte el año 2016 culminó con un serio problema de desabasto de gasolina en varias regiones del país y el 2017 se inició con el aumento de precios de los combustibles y las consecuentes protestas sociales a lo largo y ancho de toda la República. La eliminación del subsidio a las gasolinas es un paso necesario. Ahora el precio depende en buena medida del precio internacional del petróleo y de los costos del transporte hasta los puntos de venta final. La creciente importación de gasolinas es el resultado de décadas de abandono de las inversiones en refinerías, así como en la infraestructura del transporte, el almacenamiento y la distribución. Es el resultado de haber utilizado a PEMEX como la principal fuente de financiamiento del gasto público durante muchos años, sexenio tras sexenio, con una carga fiscal exorbitante. Esto obligó a dicha empresa pública a concentrar sus inversiones en el ámbito más rentable en el corto plazo, la exploración y extracción de petróleo, dejando de lado otras áreas como el desarrollo del gas, la refinación, la petroquímica y la ya mencionada área del transporte, el almacenamiento y la distribución. La reforma energética, en el ámbito de los hidrocarburos no es sino el resultado del agotamiento del anterior modelo petrolero.
El enojo y la protesta contra el alza de los precios de las gasolinas son claramente comprensible. Afecta a muchas personas y a distintas áreas de la economía. Pero además parece ser la gota que derramó el vaso en un país en donde muchas cosas no funcionan, en el que existe un Estado de derecho muy precario y en el que hay una clara percepción de enorme corrupción e impunidad. Pero además de las innumerables protestas, ha habido actos vandálicos, saqueos y robos. En estos últimos, de la impresión de que muchos de ellos han estado organizados y en los que han participado grupos de choque que nada tienen que ver con la ciudadanía. En muchos de estos actos vandálicos es posible que hayan participado personas de sectores sociales extremadamente golpeados por la realidad económica y social, sin expectativas ni esperanzas. Pero también ha habido casos que parecen obedecer a una acción política deliberada e incluso al crimen organizado. La incitación a la violencia en las redes sociales parece haber estado planeada y coordinada por personas interesadas en desestabilizar al país. En todo caso es fundamental abrir los canales de diálogo político con los grupos afectados, pero es igualmente importante aplicar la ley en contra de quienes cometen delitos y afectan a otros sectores sociales. Un caso más de impunidad sería de gravísimas consecuencias para el futuro del país.