Elevar la seguridad alimentaria a partir de la pequeña (y empobrecida) agricultura tiene múltiples justificaciones, pero poner un alto precio de garantía por su maíz, frijol, arroz y trigo panificable, y leche, sólo podría generar una respuesta productiva positiva en combinación sistémica con inversiones en infraestructura, tecnologías de las que pueda apropiarse esa agricultura, diversos servicios locales, entre otras cosas.
Lo único que está anunciado como programa sustantivo de la nueva política de agricultura y desarrollo rural, son precios de garantía muy por encima de los de mercado que, además, operan de manera diferente para cada producto y para cada tipo de campesinado.
Por ejemplo, el precio garantizado de maíz será de 5,610 pesos por tonelada contra los 4,363 pesos que, según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, costaba el maíz blanco puesto en bodega en diciembre pasado; sólo campesinos con parcelas de hasta cinco hectáreas dedicadas a sembrar maíz -lo que los define como pobres- recibirán esos precios.
A los otros productos también se les garantizan precios por arriba de los de mercado; los productores de frijol con veinte hectáreas de temporal o cinco de riego tendrán el beneficio. A cualquier productor de trigo panificable, sin que importe el tamaño de su tierra de labor, se le comprarán hasta cien toneladas y a los productores de arroz en cualquier superficie, hasta ciento veinte toneladas.
Adicionalmente al precio alzado, las unidades agrícolas de hasta cinco hectáreas recibirán 1,600 pesos por hectárea cada año y a las que no rebasen veinte hectáreas se les entregarán 1,000 pesos.
La política rural a la que sirven esos subsidios tiene el doble propósito de aumentar la productividad de las pequeñas, medianas y empobrecidas unidades agropecuarias -a fin de recuperar la seguridad alimentaria nacional-, y de hacer que tal esfuerzo resulte en un mayor ingreso de los campesinos pobres.
El segundo de esos propósitos se cumple en automático con la venta de las cosechas y el cobro del subsidio directo por superficie.
Lo que no está garantizado es que el aumento en el ingreso de los campesinos lo vayan a invertir en mejorar su productividad. No es probable que suceda porque, por ejemplo, un productor de maíz en cinco hectáreas de temporal apenas cosecha entre una y dos toneladas al año, por las que recibirá, por precio alzado, 2,500 pesos adicionales y 8,000 pesos por superficie como máximo.
10,500 pesos adicionales al año no alcanzan para capitalizar esas unidades, pero además, los campesinos en pobreza tienen mayores urgencias, como mejorar su compra de alimentos en el mercado, pagar sus deudas con los agiotistas, o hacerle mejoras a su casa.
Si de lo que se trata es de aprovechar el potencial productivo de las pequeñas y medianas unidades agropecuarias del país, para elevar la seguridad alimentaria, será necesario que el gobierno federal y los estatales tomen muchas más medidas para -por ejemplo- rehabilitar suelos, canalizar agua, distribuir semillas certificadas, fórmulas de agroquímicos adecuadas a cada región o difundir paquetes tecnológicos de los que pueda apropiarse el campesinado según su experiencia.
Son muchos años de empobrecimiento y deterioro de las capacidades productivas de las pequeñas y medianas unidades agropecuarias, y del bienestar de sus pobladores, como para suponer que la elevación subsidiada de los ingresos campesinos se aplicará a capitalizarlas.