Crecer para distribuir, o distribuir para crecer. La experiencia en países emergentes como el nuestro demuestra que ésa es una disyuntiva falsa; es innegable que el énfasis de las políticas públicas en el crecimiento concentra riqueza y poder en vez de distribuirlos equitativamente. También está probado que las políticas con énfasis en la distribución de ingresos no se sostienen sin inversiones de capitales privados que generen crecimiento económico.
Los dueños de tales capitales locales, deciden sus inversiones tomando en cuenta dos factores, principalmente: la demanda del mercado por los bienes o servicios que ofrezcan, en los que puedan ser competitivos, y las coincidencias o discrepancias, y hasta desencuentro que perciban entre las políticas públicas y su propia visión del país.
En Brasil, Ecuador, Bolivia, por citar unos casos, tuvieron gobiernos en la década pasada que siguieron estrategias distributivas y lograron altas tasas de crecimiento, abatir índices de pobreza y elevar los de equidad en los ingresos.
Pudieron hacerlo mientras los mercados externos –el de China en particular– demandaban grandes volúmenes de materias primas que estimularon su crecimiento económico. Al venirse abajo esa demanda externa, los capitales del empresariado local no la compensaron con inversiones para sostener el crecimiento, sino que aprovecharon la caída productiva y de ingresos –y el desencanto social– para deshacerse de esos gobiernos “socialistas”, que sólo eran progresistas.
Le oímos decir al presidente López Obrador en una mañanera de diciembre, que la principal función del gobierno es transferirles dinero a los pobres; así entiende el énfasis de la acción pública, aunque se puede leer en los documentos de la 4T el propósito claro de crecimiento económico a cargo de la iniciativa privada.
Pero al parecer, el empresariado nacional no contempla su propio futuro como promotor del crecimiento económico del país porque no tolera el acotamiento de su influencia política que les ha marcado el gobierno, y por los problemas de tener que competir en los mercados.
En un régimen autoritario como el de los “tigres asiáticos” –Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán–, el gobierno le impuso a los empresarios embrionarios hace más de setenta años, la obligación de seguir invirtiendo a pesar de cualquier dificultad; en países más integrados, las clases medias son las que, con su capacidad de consumo e influencia política, estimulan las inversiones, las nuevas tecnologías y los nuevos productos.
En México, ni el gobierno tiene la capacidad para seguir una política autoritaria y forzar al empresariado a invertir en el futuro del país, ni tenemos unas clases medias mayoritarias que pudieran considerarse un gran mercado que además, por la apertura total a las importaciones, prefiere lo hecho en China o cualquier otra parte.
¿Qué nos queda? Que al amparo del T-MEC siga siendo el capital extranjero con sus capacidades tecnológicas, innovación de productos y dominio de mercados el que dinamice productiva y mercantilmente el PIB mexicano, aunque ese PIB genere bajos impuestos y muy escasos empleos, la mayoría en la informalidad y mal pagados.
Un empresariado inteligente vería la conveniencia a largo plazo de contribuir a que madure una mayor equidad social, porque traería consigo una mejor seguridad y paz públicas, y un ambiente de negocios más favorable, pero sus ideólogos y la oposición partidista no tienen más propuesta que descarrilar al gobierno, con la expectativa de recuperar la influencia perdida en las políticas públicas o, dicho en sus palabras, de recuperar la confianza en el gobierno.
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