“El desarrollo rural y urbano”
El país ha enfrentado un relativo caos rural a partir de la reforma del artículo 27 constitucional, que posibilitó la escrituración de los predios ejidales y su posible transformación en propiedad privada. Tal caos se ha manifestado en las tierras ejidales que rodean a las ciudades medias y grandes del país, por la especulación desatada para el desarrollo urbano. Obviamente, en tal proceso han jugado un papel clave los desarrolladores de vivienda y las autoridades locales.
Tal situación ha terminado por posibilitar el erigir unidades habitacionales carentes de una infraestructura urbana adecuada, como agua potable, drenaje, transporte y demás servicios, amén, muchas veces, de sufrirse una mala calidad de la vivienda. Así, se ha generado un proceso de exclusión social y de gran afectación económica, produciéndose una deshabitación masiva de las viviendas, destinadas a la población de bajos ingresos. El fenómeno desatado ha llevado al abandono de aproximadamente 5 millones de viviendas, según el actual Director General del Infonavit, Alejandro Murat.
De esta manera, el desarrollo urbano desordenado que el país ha estado experimentando desde mediados de los 1980´s se ha visto agudizado por el desorden y la especulación en la propiedad rural. Hecho que ha terminado por colapsar en su desarrollo urbano a amplias áreas metropolitanas, como son los casos del Estado de México, el área de Ciudad Juárez, la región de La Laguna, la zona metropolitana de Monterrey, sólo por nombrar los casos más emblemáticos.
Así, el tema del desarrollo de los ámbitos rural y urbano hoy está indisolublemente vinculado. Tal vinculación, además, se agudiza ante la demanda urbana creciente de servicios, especialmente agua, transporte, salud, educación. A esta realidad espacial y territorial se agrega la irrupción reciente de proyectos mineros en tierras ejidales y comunales, así como el establecimiento de plantas para la generación de energía eléctrica, ya sea con mini-hidroeléctricas o generadores eólicos, todo esto dentro de la propia problemática de atraso ancestral que vive el campo mexicano. En este contexto, la adecuación burocrática de la antigua Secretaría de la Reforma Agraria resulta relevante y estratégica; adecuación que presenta claroscuros y retos que deben ser atendidos.
En efecto, aparte de la reforma administrativa y organizativa del Gobierno Federal en materia de seguridad pública, que ha acaparado los reflectores políticos, se anunció que para “impulsar el desarrollo del campo y del país, la Secretaría de la Reforma Agraria se transformó en la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano” (SEDATU) (http://www.presidencia.gob.mx/desarrollar-el-campo/). La nueva secretaría, de acuerdo a la iniciativa aprobada, habrá de atender, al mismo tiempo, el desarrollo urbano ordenado, impulsar el desarrollo regional y la construcción de obras de infraestructura y equipamiento.
Sin duda, centralizar en una sola secretaría los asuntos del ordenamiento territorial, especialmente el relativo al espacio urbano es una necesidad impostergable de atender. Sin embargo, las atribuciones burocráticas de la SEDATU parecen administrativamente ambiciosas, haciendo prever e imaginar una secretaría paquidérmica. En el peor de los casos, también hacen temer magros resultados ante los problemas imperantes y los resultados que se esperan. Por ello, un principio básico debe tenerse en cuenta y ciertas consideraciones en la materia no deberían ser obviadas por los nuevos funcionarios. Así, con el riesgo de prescribir, y prescribir sesgadamente, vale la pena pensar en las posibles estrategias de la secretaría en ciernes.
El principio básico es que los funcionarios de la SEDATU deben partir de que su prioridad es el territorio, la “cosa” espacial; ordenar el desarrollo espacial es el objetivo. No se debe confundir con el uso del territorio, que debe estar previamente sancionado por la propia secretaría. Definir que hacer sobre el suelo es la prioridad, no hacer uso del suelo. Otras instancias deberán abordar la parte productiva, uso de los recursos naturales, etc. Dentro de un marco de ordenamiento establecido.
Dado que la secretaría debería centrarse urgentemente en el ordenamiento territorial o espacial, tanto en lo que se refiere al ámbito rural como urbano, si no se frena de principio el caos y la especulación de la tierra en aras del desarrollo urbano, especialmente la vivienda, se entrará en una carrera sin fin, en la que los problemas conocidos se irán acrecentando exponencialmente. Por lo que el ámbito urbano, que es el que genera la mayor demanda de tierras y la construcción de vivienda, debería ser inmediatamente normado.
Esto supone, en segundo lugar, focalizar las prioridades. ¿El grado de la necesidad del ordenamiento territorial urbano es igual para todos los estados, para todas las regiones y para todas las ciudades? ¿Todos los asentamientos urbanos enfrentan la misma problemática? Las prioridades urbanas son por igual en Ciudad Juárez, que en Villahermosa? Obviamente, dentro de la prioridad espacial, es posible identificar prioridades de servicios.
Lo anterior lleva, en tercer lugar, a que los actores burocráticos, léase otras secretarías y dependencias, de acuerdo a sus atribuciones y ventajas “comparativas”, en el ámbito de su competencia definan las prioridades espaciales para los fines urbanos y rurales que tengan detectadas o detecten. Por ejemplo, tales son los casos del agua, el transporte, la tenencia de la tierra, entre otros aspectos más.
Esto conlleva, en cuarto lugar, a la definición de la participación corresponsable de otras instancias federales en la definición de políticas y elaboración de programas específicos que se deberán seguir para el ordenamiento territorial, para la integración de lo que erróneamente la Presidencia de la República llama el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Simplemente es errónea la denominación porque, de acuerdo a la ley de planeación, sólo hay un Plan Nacional, que es el relativo al desarrollo nacional, debiendo ser denominados los otros niveles de programación como programas. Pero para tal fin, deberán ser escuchadas las opiniones de las instancias estatales y municipales más representativas. Innegablemente, la participación activa de gremios y expertos en el tema debe ser alentada y formalizada. Bien se puede aseverar que, en mucho, se sabe qué hacer, el problema es saber cómo hacerlo y más hacerlo.
En este contexto de la planeación, un reto nada menor es el relativo a los programas de desarrollo regional, que deberán atender zonas o áreas específicas. Recuperar la historia, aprender del pasado bien puede resultar rentable y positivo. De igual forma, se constituye la ordenación y orientación del impacto que ciertos proyectos tendrían, como es el caso de los ferrocarriles de pasajeros. Este tipo de proyectos debería ser integral y su adecuada planeación alentar a la iniciativa privada a su participación.
La SEDATU enfrenta el reto de la integración de instancias burocráticas que deben ser coordinadas y la integración de su propio equipo de trabajo. En el primer caso, la coordinación con La Comisión Nacional de Vivienda, la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Infonavit, debe ser plenamente funcional, para dar el golpe de timón que la construcción de vivienda, de todo tipo, ha generado. En el segundo caso, la Secretaría debe reconocer que el tema agrario, identificado más con la propiedad social de la tierra, debe quedar subordinado a un mandato mayor, por lo que sus funcionarios y empleados pueden ser disfuncionales para las nuevas tareas. Esta situación se agudiza si se piensa que las delegaciones estatales deberán ser las ejecutoras de las normas para la realización del ordenamiento territorial.
Duda no hay que la operación de la SEDATU acarrea dudas que deberán ser resueltas de acuerdo a la instrumentación de los programas que sean definidos, sin pecar diciendo que ello se atienda sobre la marcha. Pero lo que si debe ser claro es que el tema agrario será un tema importante, pero no el único de la secretaría como lo fue en el pasado y que deberá cumplirse lo que oficialmente se ha dicho “En el siglo XXI, el desarrollo de las ciudades no será a costa de la propiedad social”.
Además, de que hay que suscribir un acuerdo urgente con los estados para frenar el desorden territorial y de servicios que, en mucho, las autoridades locales han alentado, no en balde el primer apartado que le da existencia a la Secretaría señala como “I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen […]” una serie de propósitos en materia agraria, urbana y de ventajas productivas (PODER EJECUTIVO, SECRETARIA DE GOBERNACION. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Primera Sección, DIARIO OFICIAL, Miércoles 2 de enero de 2013). Con tal suscripción formal se deberían en el muy corto plazo establecer ciertos principios básicos en materia de agua, transporte, energía, entre otros más, así como de las grandes obras que han ido postergando desde hace 30 años.
Finalmente, el inicio de operaciones de la SEDATU se da en un contexto no sólo de agravamiento del desorden urbano y rural, sino también en una circunstancia de fragilidad financiera de la vivienda. Esta fragilidad es ostensible si consideramos la caída en 2012 del valor en bolsa de las acciones de las empresas desarrolladoras, que ha sido en más de 50%. De igual manera, tal situación se manifiesta en la quiebra de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple “Mi Casita”.
Ambos casos patentizan por qué la SHF debió haber enfrentado la situación de insolvencia que enfrentaban las SOFOLES-SOFOMES desde 2008, antes de haber inyectado para su salvamento ingente cantidad de recursos públicos fondeados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). Este asunto cuando se aire públicamente, mucho dolor de cabeza habrá de dar a las autoridades hacendarias, por los montos comprometidos y por el dejá vu del rescate bancario.
Todo plan y sus programas tienen una parte normativa y otra indicativa. Elaborarlos lleva tiempo y requiere, además de expertos, voluntad política y recursos. Bien vale la pena para tal fin comenzar con la manifestación de las partes y sus compromisos, aún sin plan, ni programa, sino a partir de simples pero importantes políticas, so pena de no lograr mayores resultados.
Las lecciones, gastos y consecuencias del ordenamiento territorial intentado en los 1980’s fueron costosas, así como la pérdida patrimonial de la crisis bancaria.
Esperemos que no se repita la historia y que la buena fortuna acompañe a las autoridades de la SEDATU, para bien de México y de nosotros, simples ciudadanos.
