Se ha iniciado la semana con el anuncio tan esperado de la Reforma de las Telecomunicaciones (RT). Para muchos comentaristas, la reforma se esperaba significara un avance, pero que no afectara mayormente a los poderes facticos de la telefonía, televisión y radio. Lo que algunos piensan fue cumplido o se cumplió al mantenerse niveles de concentración de 50%. Sin embargo, su profundidad y trascendencia causó azoro a propios y extraños, impactando el valor accionario de las empresas involucradas en ese sector. Al tiempo que causó revuelo público y mediático en materia de la afectación de dominancia y concentración de los servicios, así como en relación de los órganos del estado que habrán de vigilar que las prácticas monopólicas sean evitadas y penadas, en beneficio último del consumidor.
En estos últimos aspectos es en donde realmente radican las razones de la RT y son las que explican las consecuencias últimas de la reforma. Ello, más allá de la confirmación de la licitación de dos nuevas cadenas de televisión, el derecho al libre acceso a los servicios de telecomunicaciones, incluido el acceso a la banda ancha (¿?), la provisión de la televisión restringida de la programación de la televisión abierta, entre tantos efectos que la reforma tendrá y que han sido ampliamente ya comentados urbi et orbi.
Por primera vez en muchos sexenios, con una reforma como la RT, se aborda con realismo económico la acción que el estado debe desarrollar para evitar los monopolios en bien del interés general. También por primera vez desde 1982 el estado cancela el maridaje de los intereses privados de una tecno-burocracia con los intereses de los poderes facticos. Por ello es posible decir, que la RT descansó en principios económicos y sociales que están muy por encima de sus consecuencias instrumentales. Principios que relativamente estén inscritos en el marco legal establecido por el legislador.
En efecto, para simpleza de los economistas, la RT asume el principio de que si el capitalismo tiene alguna razón de ser es servir a los consumidores y no al capital. Dicotomía que en México ha sido mal entendida, probablemente por el término mismo de capitalismo, al empeñarse absurda y vulgarmente en la creencia de que si el sistema económico tiene alguna razón de ser es servir al capital. Hecho que no es de ninguna manera así. La razón última del sistema capitalista es el consumidor, cuyo beneficio se debe traducir en precios y calidad de los bienes y servicios en los que el capital debe intervenir para su producción. De una manera u otra el Presidente Enrique Peña Nieto los señaló en su discurso.
Si el capital debe tener alguna ganancia por su participación en el proceso de producción es a través del mercado, es decir de la competencia para la atención de las necesidades de los consumidores. Así, la búsqueda del interés individual posibilita la atención del consumidor, haciendo que el sistema de competencia asegure servir al interés general, sobre el interés particular.
En esto radicó la revolución filosófica del viejo escocés Adam Smith, padre de la economía, al “armonizar” el interés individual con el interés colectivo, a través de la mano invisible del mercado. Mano que se antojaba invisible al estar atomizada por los oferentes, frente a la mano visible del gobierno que, entonces, todo lo controlaba y restringía. Por ello en la visión original del sistema capitalista el mercado se torna en deus ex machina, frente a la intervención innecesaria del gobierno.
De entonces a la fecha, el capitalismo se desarrolló bajo diversas modalidades de competencia amparados por la mano invisible del gobierno, habiéndose instaurado sistemas económicos relativamente diferenciados según el continente y el momento histórico de cada país. Pero lo que ha prevalecido, llámese Estados Unidos (USA) o Europa es la restricción de los monopolios y la protección del consumidor. Tal preocupación no sólo ha quedado manifiesta en las Constituciones o cartas magnas, sino también en la supervisión de la competencia.
Obviamente, en una situación de pleno capitalismo global y de condiciones monopólicas creadas por el propio estado, como es el caso de México, es éste el que tiene la obligación primaria de atender el interés del general, máxime si se trata de servicios que constitucionalmente han sido concesionados a particulares. Dicho de otra manera, el estado no puede permitir que a partir de concesiones públicas se hagan indiscriminadamente negocios privados que dañen al consumidor y al conjunto de la economía. En las lecciones más elementales de economía se aprende que los monopolios sin control no sólo terminan abusando del consumidor, sino que imponen un costo al conjunto del sistema económico.
Este daño ha sido la práctica capitalista en el sistema económico mexicano y ha significado la restricción de su capacidad económica, a partir de la idea equivocada de que el capital es el que debe gobernar el sistema capitalista. Por ello los principios que subyacen en la decisión política de la RT deben ser aquilatados en toda su magnitud y deben se digeridos por los grandes capitales, que en México han terminado por abusar de los consumidores y afectar las finanzas públicas.
Ha señalado El País (12 de Marzo, 2013) que “América Móvil controla el 70% de las líneas de telefonía fija (Telmex) y el 75% de los móviles (Telcel) y servicios de banda ancha; y Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, dueños, respectivamente, de las cadenas Televisa y TV Azteca, cuya cuota de pantalla combinada llega al 96%.” Según un informe de la OCDE (2012), la falta de competencia en el sector de las telecomunicaciones cuesta a la economía casi 2% del PIB. Además de que la falta de competencia genera elevados precios, también produce un servicio deficiente y escasa penetración de los servicios. Así, en telefonía fija 19% frente a 35% de la media de la OCDE, móvil de 78% contra 121% y del acceso al cable de 8.7%, contra casi 23%.
Siendo el principio que subyace en la RT es el interés general y los fines el consumidor, es posible imaginarse a Smith estruendosamente manifestando que buena parte de la riqueza de una nación radica en un mercado competitivo, en el que la mano invisible se haga visible en sus resultados para el consumidor y para todos. En este sentido, la RT fue resaltada en sus consecuencias por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, al indicar que se espera tenga un efecto positivo de 1% sobre el Producto Interno Bruto (PIB); porcentaje que para algunos se puede antojar elevado, al menos en el corto plazo.
Sin duda, en el mediano y largo plazos los principios y fines que han sustentado la RT darán más frutos de los que ahora podemos imaginar. Así sucedió cuando el Congreso de USA tomó la decisión de romper el monopolio de la ITT, para dar paso a las Baby Bells, con lo que entonces se creó un mercado pujante de telefonía a nivel nacional, generando un efecto multiplicador en el consumo de bienes, servicios e innovación tecnológica. De igual forma, la regulación en USA de los servicios de televisión ha permitido crear un sinnúmero de oportunidades de negocios, empleo y creatividad a nivel de las pequeñas ciudades, los estados, las regiones de ese país, que para muchos es el epítome del capitalismo mundial.
Si se ha comenzado por sentar las bases de un mercado competitivo en las telecomunicaciones, otros sectores habrán de seguir el mismo camino por decisión política. Ello permitirá ampliar fuertemente el mercado nacional, tanto por el lado de la demanda vía precios, es decir del consumidor, como de la oferta, es decir de la generación de bienes y servicios, por la mayor capacidad de adquisición del consumidor.
Es claro que sin estado no hay economía y sin gobierno no hay mercado. Esto lo entiende bien Luis Videgaray, que al fin y al cabo es un profesional de la economía, pero también de las finanzas públicas y del derecho.