En unos días se cumplirá el primer año del gobierno actual y las comparaciones obligarán a un nuevo debate sobre el estado en que se encuentra el país, por lo que antes de enredarnos en las opiniones basadas en nuestras preferencias, vale la pena abrir el debate sobre algunos de los rasgos que han marcado estos 12 meses de cambio de época.
Sin duda, uno de los puntos de referencia para evaluar a esta administración es la seguridad pública. Este ha sido un rubro que continúa como la gran tarea pendiente del gobierno en turno, aunque haya heredado un enorme problema que parece no tener una solución inmediata, pero si nos guiamos por los mismos números oficiales, las tendencias delictivas no han variado y, en muchos casos, la incidencia aumentó en diversos crímenes.
Falta tiempo para valorar si la llamada estrategia de pacificación funciona, aunque en este aspecto la demanda social es permanente y aglutina a todos los segmentos de la población mexicana. Sabíamos que era un reto inmenso, el cual no se iba a resolver por arte de magia; sin embargo, los avances son mínimos y las acciones ejecutadas, como la Guardia Nacional, están en proceso de arranque.
Con sus excepciones, el mapa delictivo del país se mantiene prácticamente sin cambios, porque se trata de estados y regiones en los que existen rutas de logística y tráfico de bienes ilegales (y personas) que fondean el lucrativo negocio del crimen organizado. Así que, cuando el Presidente de la República dice que hay entre 15 y 18 estados en los que no ocurrió ningún homicidio, ese es un dato verdadero, a pesar de que en la otra mitad del territorio se libran auténticas batallas y proliferan las ejecuciones, lo que no ayuda a la suma final de víctimas.
El combate a la inseguridad será el desafío del segundo año de esta administración –y posiblemente del sexenio– en tanto el ataque a las causas, piedra angular de la estrategia, no surta efecto. Evitar que los jóvenes se enganchen a grupos delincuenciales, frenar el tráfico de armas desde los Estados Unidos, reducir el número de personas con adicciones y generar empleos dignos que compitan con aquellos que ofrece el crimen, bajo la falacia de un estilo de vida que sólo existe en las series de ficción, tendrán que brindar resultados pronto.
Ya para diciembre, es probable que los recursos directos de los programas sociales se reflejen en el consumo, lo mismo que las remesas, la principal vía de ingreso familiar de millones de mexicanos que, seguramente, cerrarán con un alza récord en 2019.
Estos pronósticos nos llevan a analizar este año otra de las principales preocupaciones sociales: la economía. Si bien no estamos en una recesión y el manejo de las finanzas es responsable, México sigue más o menos igual que el año anterior, es decir, no crecemos o lo hacemos de manera marginal; y un país con la ubicación, el bono demográfico y los recursos nacionales como éste no puede explicar un magro desarrollo y menor crecimiento.
Tampoco en esta materia el gobierno es el culpable solitario. Desde el año pasado, ya con la elección presidencial resuelta, la inversión empezó a contraerse y los sectores más dinámicos, que coincidían con algunos de los más aquejados por la corrupción, frenaron sus planes hasta poder contar con mejores elementos de juicio acerca de una administración que había arrasado en las urnas precisamente con un discurso en contra de los amiguismos y las componendas que tanto marcó a su predecesor.
Este frenazo, al que se le sumó la cancelación de permisos de construcción, programas financiados por el gobierno federal, de manera directa o a través de las administraciones de los estados, y diversos apoyos que se trasladaban a organizaciones y sectores políticamente afines, terminaron por detener muchas de las intenciones de inversión.
Apenas hace unas horas, el empresario más destacado del país urgió a darle una “sacudida” a la adormilada economía nacional por medio de la inversión privada; el presidente coincidió y en unos días habrá anuncios sobre programas de infraestructura, vivienda y de los proyectos más emblemáticos que prometió desde su campaña.
Una vista preliminar al paquete presupuestal del próximo año anticipa que los programas sociales quedarán asegurados, destinarán millones a los proyectos del gobierno y orientarán muchos más recursos de la austeridad gubernamental hacia los sectores menos favorecidos.
No obstante, lo anterior le pegará al empleo en el sector de gobierno (tal vez el más importante) y la iniciativa privada no podrá absorber ni siquiera la mitad de esos despidos, sin la seguridad de que el gasto oficial va a fluir en el primer semestre del año.
En resumen, han sido doce meses en los que la única constante fue el cambio político y económico, con un común denominador de incertidumbre y aprendizaje de nuevas señales, en casi todas las esferas de la vida pública.
Aviso que esas tensiones no nos abandonarán en 2020 y vienen otros factores que harán todavía más inestable el escenario: una ratificación del T-MEC con condiciones, en medio de un juicio de destitución y la que podría convertirse en la campaña presidencial más encarnizada en la historia de los Estados Unidos, con todo lo que ello representa.
En conclusión: esto apenas comienza.