El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha servido como marco en el intento de los gobiernos de México de ser parte de la región económica de Norteamérica.
Antes que comercial o de libertad a las inversiones, el TLCAN fue un instrumento disciplinario del régimen mexicano para que les cediera espacios económicos a las corporaciones transnacionales y les ofreciera certidumbre en la protección de la propiedad, en la legalidad de la solución de conflictos, en la aplicación de regulaciones, etcétera.
Sirvió para modificar el marco de normas e instituciones del Estado mexicano a fin de obligar a las autoridades a facilitar los flujos de inversiones y comercio transnacionales que pasan por nuestra economía.
No se trató sólo de la apertura de nuestro mercado y del traspaso de la propiedad de empresas públicas y privadas a grandes consorcios, sino de la concesión de una multitud de servicios esenciales, como la gestión de los ahorros de la población y el crédito que requieren las empresas, como la explotación del petróleo y de recursos mineros, como la privatización del agua que se está cocinando.
En ese tono se han reformado nuestra Constitución decenas de veces y múltiples leyes; el marco legal de la banca, por ejemplo, no es una regulación directa -como en otros países- sino de tipo “prudencial”. Por eso nos cuesta tanto.
Tan es cierto que las reformas a las que ha servido de aval el TLCAN atrajeron cuantiosas inversiones a México, que se cayeron desde hace un año por la incertidumbre que Trump ha provocado sobre la suerte del tratado.
Es decir, sin TLCAN, nuestro régimen jurídico y político no incita a inversionistas extranjeros a venir a México. El problema principal no es de competitividad económica, sino de competencia de un régimen político desconfiable para los grandes capitales. Es que el PRI no se conformó con hacer las reformas neoliberales, sino que aprovechó para cargarles arreglos políticos, elevados a rango constitucional, como los que marcaron la opaca desincorporación de empresas públicas y de los bancos.
Dicho en positivo, con TLCAN o sin tratado, el régimen tiene que construir bases de certidumbre internas, que para los capitales consisten en una sola cosa: un Estado de derecho en el que no quepa la discrecionalidad ni se desborde la corrupción de las autoridades y que, a la vez, sea un régimen que “deje hacer y deje pasar”.
México tendría que redefinir su relación con Estados Unidos, actualmente de subordinación. Sería más clara la necesidad y las posibilidades sin TLCAN que con un tratado “modernizado”.