En esta semana el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), una facción de izquierda aglutinada dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ha vuelto a la carga y ha paralizado de forma relativa las actividades académicas en el centro educativo como una “forma de apoyo” a la caravana migrante de hondureños, en tránsito por la república mexicana. Diversos sectores sociales reclaman la aplicación de sanciones “ejemplares” a los supuestos estudiantes universitarios, quienes aprovechan las distintas coyunturas sociopolíticas para apostarse enfrente del recinto educativo y tomar el boulevard Suyapa en Tegucigalpa, capital hondureña, como “medidas de presión para promover cambios sociales”.
Para empezar, creo que el derecho a la protesta es interpretado, relativizado e impulsado de acuerdo con los intereses ideológicos de grupos de presión como el MEU que, de forma paralela, afecta a una gran masa poblacional, la cual, con base en un esfuerzo continuo, busca educarse cotidianamente para enfrentar los retos de un mundo cambiante y globalizado.
Pienso que este grupo radical (de cierta forma) sigue líneas muy extremas, inspiradas en el liderazgo del veterano líder del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Manuel Zelaya Rosales, y en el proceso de “recuperación de la democracia”. Mientras tanto, brillan por su ausencia propuestas propias, serias y fundamentadas, a fin de articular mecanismos tendientes a la preservación de la calidad institucional.
Bajo mi consideración, este movimiento estudiantil pierde la panorámica horizontal, pues no son los estudiantes universitarios los culpables del masivo éxodo de “catrachos” hacia Estados Unidos. Más bien, la situación obedece a causas sociohistóricas y estructurales que niegan el derecho al desarrollo de grandes capas ciudadanas, quienes se ven entonces “obligados” a “tomar decisiones arriesgadas”, en pos del llamado florecimiento humano.
Por otra parte, las autoridades universitarias en lo único que pueden apoyar, en el contexto de la llamada “crisis humanitaria” de emigrantes hondureños, es en la continuación y resingularizacion de las prácticas educativas con el propósito de generar el recurso humano que la sociedad requiera, para diseñar e impulsar los cambios de raíz que la ciudadanía refiere para el empleo y las condiciones de seguridad pedidas “a gritos” por la sociedad hondureña.
En ese escenario, lo que realmente se podría observar es que esta agrupación estudiantil busca “cobrar vigencia”, pero, a través del camino equivocado -a falta de ideas y el raciocinio inteligente-, la activación de mecanismos de “fuerza bruta” que detienen y entorpecen el desarrollo normal de las clases, lo cual, indudablemente, genera caos y acortamiento de los temas estudio.
Es importante reseñar que la gente emigra por las pocas opciones de acceso a la formación educativa formal, además de las adversas condiciones de trabajo e inseguridad, a las que se ven sometidos grandes segmentos sociales. Esto, indiscutiblemente, se ve agravado por la pérdida de clases en el sector educativo, lo cual deriva en una preparación “a medias” del alumnado en el principal centro de promoción del conocimiento del país.
En mi opinión, el éxodo masivo de connacionales se constituye en sí mismo omo un fuerte llamado de atención a la clase política hondureña, acostumbrada a través de los tiempos a replantear políticas sociolaborales, a fin de retener mano de obra joven que no encuentra los espacios para desarrollar potencialidades formales y semiformales. Si los países amigos, como México, han tolerado la abrupta irrupción de la masa migrante hondureña, es en cumplimiento a los convencionalismos internacionales de respeto a los derechos humanos de los extranjeros centroamericanos.
En definitiva, asociaciones como el MEU deben entender que no es por medio de la violencia y la afectación del “otro” que se alcanzan los cambios en nuestras sociedades contemporáneas. Es, más bien, a través de la propiciación del consenso y la búsqueda del bienestar común, para gozar del florecimiento individualizado.