La versión oficial apunta que los autores del crimen fueron los Guerreros Unidos con la ayuda de las autoridades municipales de Ayotzinapa y Cocula. El porqué del asesinato se explica por la supuesta vinculación de algunos estudiantes con el grupo delincuencial Los Rojos, rivales de los Guerreros Unidos. Dicho crimen se perpetró en un basurero del municipio de Cocula, asestando el tiro de gracia a cada estudiante, para posteriormente seccionar sus cuerpos e incinerarlos, echando las cenizas al río San Juan.
En el cómo los mataron es donde las posturas del gobierno y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) son incompatibles, dado que el GIEI echó abajo la versión de la incineración de los cuerpos por carecer de rigorismo científico.
Fue un error quitar la responsabilidad al gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero y, por el contrario, haberle permitido que tranquilamente solicitara licencia para separarse de su encargo, sin asumir la responsabilidad debida.
Por otro lado, lo cierto es que cuando intervino el gobierno federal, todos los implicados en el crimen contra los estudiantes, tanto los autores intelectuales como los materiales, fueron detenidos y metidos a la cárcel.
Sin embargo, la respuesta que la PGR ha dado no satisface a los familiares de las víctimas ni al GIEI. Por cierto, este grupo de denominados expertos fue creado ex profeso para el caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en ese momento como Secretario Ejecutivo a Emilio Álvarez Icaza Longoria, también ex Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 2001 a 2009, años en los que gobernaron la capital del país Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubón. El primero de ellos es hoy el más favorecido por las encuestas rumbo al 2018 y con posibilidades reales de ser el próximo presidente de México, el segundo fue señalado de filtrar el tema de la llamada casa blanca.
Derivado de la desaparición de los estudiantes, se ha propagado a nivel nacional e internacional la idea de la sistemática violación a los derechos humanos de parte del gobierno, lo cual es demasiado impreciso dado que en nuestro país existen tres niveles de gobierno -municipal, estatal y federal-. Y lo cierto es que quienes son más propensos a violar los derechos humanos, respecto de temas relacionados con la seguridad pública, son las autoridades municipales y estatales. En el caso Ayotzinapa, el gobierno federal hasta el momento no ha violado el derecho humano de nadie.
Se acusó a Tomás Zerón de Lucio de alterar el lugar de los hechos e, inclusive, de sembrar pruebas pertinentes a la versión oficial; acusación que hasta el momento ha carecido de fundamento. De lo contrario ¿cuál es la razón por la que no se ha denunciado formalmente al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal? No lo ha hecho el abogado de los familiares de los estudiantes, ni el GIEI; tampoco lo hicieron en su momento los Expertos Argentinos de Antropología Forense (EAAF).
¿Si fuera cierto que Tomás Zerón sembró las pruebas para justificar lo que en su momento Jesús Murillo refirió como la verdad histórica, significa que existe otra versión de los hechos, la cual se presupone sería la verdadera y que no se quiere hacer pública? ¿Se cambia la versión de que quienes asesinaron a los estudiantes no fueron en realidad los Guerreros Unidos? ¿Los asesinó el gobierno federal? ¿Fue el ejército como se ha pretendido hacer creer? ¡Por supuesto que no!
Hay algo que hemos olvidado; los primeros estudiantes muertos aquél 26 de septiembre de 2014 lo fueron a manos de la policía municipal de Ayotzinapa, de quienes José Luis Abarca era su jefe y de quien está totalmente comprobada su relación con Guerreros Unidos; los sobrevivientes fueron privados de su libertad y trasladados a donde sea que haya sido por la misma policía municipal. Es decir, ¿qué tiene que ver el gobierno federal en la materialización de la muerte de los estudiantes? Absolutamente nada.
Tal perece que el error estuvo en la precipitación de la PGR en atraer la investigación sin hacer responsable primero a la autoridad estatal; el haber permitido que Ángel Aguirre Rivero se fuera sin más ni más. Tras atraer la PGR la investigación en un momento indebido, se dio cabida a la presión de la CIDH y con ello la llegada a nuestro país al GIEI.
Creo que los policías municipales, sí vinculados a Guerreros Unidos, sin mayor preparación como policías ni como sicarios, se aterraron ante lo que creyeron sería un enfrentamiento contra el grupo rival y decidieron accionar primero sus armas. Hasta hoy, tampoco se ha comprobado que de los 43 desaparecidos uno sólo esté vinculado a Los Rojos, lo cual tampoco significa que no haya estudiantes, profesores o funcionarios de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ligados a Los Rojos o a cualquier otro grupo criminal.
@marcialmanuel3