Diputados, académicos y expertos coincidieron en la necesidad de elaborar un protocolo de actuación para legislar con enfoque de género, que incluya aprendizaje, transmisión de conocimientos y creación de leyes.
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Para poder legislar con un enfoque de género es necesario primero educarse. Conscientes de ello, diputados pone en marcha la Maestría en Género y Derecho, organizada por la Cámara de Diputados y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UNAM).
En este contexto, la diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erika Araceli Rodríguez, explicó que la igualdad de género contiene varias premisas y que, a través de ellas, se debe incluir ese enfoque en el trabajo legislativo, porque “la llegada de mujeres a puestos de toma de decisión no garantiza el cumplimiento de la agenda de género por sí solo”.
Planteó la necesidad de dotar de instrumentos analíticos y valorativos a los legisladores, de ahí, la necesidad de crear el posgrado para acelerar el enfoque de género en el quehacer parlamentario y trabajar en normas que estén en armonía con los conceptos de igualdad.
[box type=”shadow” ]La también secretaria de la Comisión de Igualdad de Género resaltó que la LXIII Legislatura es la más cercana a la paridad de género en la historia de México, al contar con 212 parlamentarias, resultado de la Reforma Política Electoral promulgada el 31 de enero de 2014.[/box]
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Nereida Plascencia, dijo que, gracias al marco jurídico en materia de género, en particular la Reforma Política Electoral, el Congreso de la Unión ocupa el séptimo lugar en representación paritaria de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
Sin embargo, destacó que “lo importante no es que no es que lleguemos más mujeres a una cámara o espacio de representación, sino lo que construyamos a partir de ese lugar de empoderamiento a beneficio de México y de la sociedad”.
Mencionó que la agenda de género no es un tema sólo de mujeres, “sino de todos, mujeres y hombres en condiciones de igualdad”.
En su conferencia la práctica de legislar con perspectiva de género, la ex ministra Olga Sánchez Cordero estimó que dicho protocolo tendrá el reto de cambiar la manera de aplicar normas, ya que “no basta con crear leyes cuando la realidad es otra”.
Las diferencias de género se sustentan en roles, características y tareas, construidas artificial y socialmente, que nos impone la sociedad en virtud de las interpretaciones que hacemos de nuestro propio sexo, planteó.
Eso propicia simetrías de poder y condición al acceso a los recursos y oportunidades. Es decir, continuó, las diferencias de género producen desigualdad y estereotipos nocivos, en la medida en que nos imponen una carga y nos niegan beneficios, nos marginan y niegan nuestra dignidad y la diversidad de proyectos de vida.
Al mencionar el protocolo de la SCJN para juzgar con perspectiva de género, señaló que éste responde a lineamientos internacionales y medidas de reparación ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Este documento, explicó, desarrolla cinco nociones: igualdad, no discriminación, estereotipo de género, categorías sospechosas y la perspectiva de género, que son “importantes para que se tomen en cuenta”.
Finalizó que hay aspectos que deben ser permanentes al legislar, hacer políticas públicas, juzgar, aplicar y crear leyes como los criterios de sospecha que señala el Artículo 1 constitucional, porque “el ser humano normaliza y naturaliza los comportamientos y las funciones a priori”.