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Marcha por los 43 normalistas fue una protesta legítima, señala la CNDH

Imagen: Twitter / @starmarquez23

viernes 21 de noviembre de 2014

La CNDH anunció que revisará la actuación de la Policía en el desalojo de la plancha del Zócalo, durante la manifestación en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa.

Ciudad de México.- La gran marcha ocurrida este jueves en la Ciudad de México, en apoyo para pedir justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, es una muestra de la indignación social y una protesta legítima para exigir una explicación de lo que ocurre en el país, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo consideró que la marcha tuvo dos expresiones, “una de tipo pacífica, valiosa y significativa”, y otra de carácter violento, misma que reprobó enérgicamente “ya que no es éste el camino legítimo para reclamar al Estado mexicano la investigación del paradero de los jóvenes normalistas”.

Empero, la CNDH recalcó que no debe haber precipitación en calificar los hechos, con el fin de no enturbiar más la situación. Agregó que esperará los informes finales de sus 130 visitadores desplegados durante la marcha, para realizar un balance puntual de los hechos ocurridos este día.

Por ello, el organismo consideró urgente la necesidad de que el Estado mexicano y la sociedad trabajen conjuntamente para restablecer en el país el Estado de Derecho y la legalidad, al tiempo que llama a todos los sectores a trabajar en favor de la paz, para devolver a las familias la tranquilidad a sus vidas.

Destacó que en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) desplegó un grupo de 130 visitadores que cubrieron los distintos puntos de reunión, desde temprana hora y hasta que concluyó.

Previamente, solicitó medidas precautorias a la Policía Federal y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), para salvaguardar la seguridad de las personas, detalló el organismo en un comunicado.

Asimismo, la CNDH agregó que se solicitó que los cuerpos policiales se abstuvieran de cometer detenciones arbitrarias, y que en los casos de detención de personas en flagrancia, éstas fueran puestas a disposición inmediata del Ministerio Público, para salvaguardar el debido proceso.

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