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Ley de Amnistía no rebasa delimitación de poderes ni libera criminales: Académico

Imagen: Internet.

sábado 13 de diciembre de 2014

Miguel Sarre, académico del ITAM, asegura que la propuesta de Ley de Amnistía no impone un problema de jurisdicción entre los Poderes Legislativo y Judicial. Tampoco es una carta abierta para que se dejen en libertad criminales.

Ciudad de México.- la Ley de Amnistía no rebasa las delimitaciones del Poder Legislativo, lo que se contrapone a las declaraciones del comisionado nacional de Seguridad, Alejandro Monte Rubido, en que manifestaba que los legisladores estaban tomando funciones que corresponderían al Poder Judicial.

En entrevista vía telefónica, Miguel Sarre Iguíniz (académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México) afirmó lo anterior al señalar que «está precisamente encausando jurídicamente una problemática social», pues hechos que podrían ser considerados como delictivos en condiciones normales, están siendo despenalizados mediante la Ley de Amnistía de aplicación general. «Dejan el paso para que el poder judicial que ya intervino, o que está interviniendo en algunos casos deje de hacerlo por las razones superiores». Esto presentan una excepción legal que permite al Congreso tomar cartas en un asunto que originalmente era competencia de la PGR: «Creo que es una figura que tiene cabida en toda democracia», agregó.

Durante las discusiones en el Senado por la aprobación del dictamen, la legisladora perredista Angélica de la Peña había argumentado que la propuesta de ley no tenía por objeto liberar criminales. Esto como respuesta a otra de las críticas que dicha propuesta recibió por parte de la bancada del PRI, que advertía de la posibilidad de que en el afán de liberar autodefensas se abriera la puerta a la liberación de criminales.

“No es que sea una carta abierta”, destacó el académico, pero insistió que si se dieran las mismas condiciones habría que esperar lo mismo. “Pero aquí lo que cabe reconocer es que las condiciones que generaron esos hechos formalmente delictivos, son condiciones que legitimaron la respuesta que dieron los ciudadanos en una situación de necesidad”. Con esto, Miguel Sarre trae a colación uno de los temas que parecen estar más implícitos que explícitos en el debate sobre la Ley de Amnistía, y que tiene por finalidad argumentar la distinción entre autodefensas y grupos pertenecientes al crimen organizado.

Acerca del problema que Arely Gómez (PRI) denunció sobre la vaga aproximación en el número de los apresados que serían liberados con la ley, es preciso preguntarnos por la forma o mecanismo en que los legisladores pueden distinguir entre un grupo que legítimamente se defiende y un grupo criminal. “En la legislación de hecho puede ser difícil distinguir, pero conceptualmente no, pues uno está organizado para llevar a cabo actos ilícitos y el otro está orientado para defenderse de actos ilícitos, son completamente contrarios.” Si bien, en el sentido de la palabra hay una clara distinción también comentó que existe la dificultad al haber grupos que asumen sus actos como defensa en contra del delito, utilizándolo sólo como pretexto para realizar los crímenes ellos mismo.

Cuando se le pidió su opinión sobre la solidez de los cargos hechos a Mireles y a las autodefensas, se asumió como observador externo, puesto que no tiene conocimiento del interior del expediente. Sin embargo, sugirió que las acusaciones difícilmente tienen credibilidad, cuando esa acusación ha presentado irregularidades, como el lugar y forma de detención. “Eso me basta para no creer, no me huele a debido proceso para nada”, aseguró.

Esta opinión puede echar algo de luz sobre la pertinencia de muchas de las críticas hechas a la propuesta de Ley de Amnistía, para intentar frenar algunos de los temores que las declaraciones de la oposición del PRI y de SEGOB han realizada en torno a este asunto.

Por Germán Sosa.

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Sobre Germán Sosa

Maestro en Comunicación y Política de la UAM, especialista en temas de usos del pasado, memoria, TICs y estudios del ocio y el entretenimiento.