Con Hipólito Mora y El Americano entregados a las autoridades, ¿culmina el tema de las autodefensas?
Ciudad de México (elsemanario.com).- La juez Primera de lo Penal en Morelia, María Consuelo López Ramírez, anunció que Hipólito Mora y los integrantes de su grupo que se entregaron la semana pasada, para esclarecer los hechos de La Ruana, Michoacán, son acusados de homicidio calificado con agravio a 10 personas. Se presume que sólo no serán acusados de la muerte de Manolo Mora, hijo de Hipólito.
Fuentes judiciales confirmaron que el día de hoy a las cinco horas, rindió declaración el último de los 27 ex autodefensas. La serie de comparecencias inició el lunes a las diez de la noche y culminó este martes. Hasta el momento no hay declaraciones por parte del abogado de Hipólito Mora, Eduardo Quintero. Lo único que se puede asegurar es que las intenciones que manifestó sobre lanzar una candidatura por una diputación federal se ve todavía más difícil, al ver cómo se está resolviendo la situación legal del ex líder de la Fuerza Rural en La Ruana.
No obstante, Mora ha demostrado un continuo respaldo a las autoridades, confiando en las decisiones que el comisionado y el gobierno estatal tomen. Esta confianza la expresó hasta manifestar su intención de participar en las elecciones para diputados, asegurando que depondrá el fusil para participar en la Cámara y ahí continuar la lucha.
Por otra parte, el día de ayer culminó el bloque que mantenían miembros del grupo liderado por Luís Antonio Torres El Americano, en las entradas a la comunidad de La Ruana. Tras romper el cerco, se anunció a distintos medios que El Americano se entregaría en la comunidad de Buenavista Tomatlán junto con 9 de su grupo, según una declaración de su abogado.
En estos momentos se acaba de realizar la aprensión de El Americano en Buenavista Tomatlán. Mientras que no se presentó ningún altercado, se reportó que momentos antes de la llegada de los elementos ministeriales, algunos reportes fueron agredidos por simpatizantes de Luís Antonio Torres, declarando que los medios publicaban lo que querían.
¿Continúa el Estado de inseguridad?
Sin embargo, continúa la discusión en torno a la legitimidad de estos grupos y a las decisiones tomadas por la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, junto con el impulso que llevan de intervenir en los gobiernos y fuerzas municipales.
La intervención del gobierno federal en el estado de Michoacán ha seguido la línea de establecer la reforma presidencial en materia de seguridad pública, especialmente a lo que compete al Mando Único. El comisionado Alfredo Castillo Cervantes llevó a cabo una política de incorporar las autodefensas a cuerpos uniformados y oficializados como lo son la Fuerza Rural y la Fuerza Ciudadana, reconociendo la legitimidad de las autodefensas para levantarse en armas ante la carencia de seguridad.
Las reformas buscan implementar un mando central con el cuál mantener un mayor control en la operación de grupos armados a lo largo de la República. Sin embargo, Castillo anunció que la seguridad ya se ha logrado y que la subsistencia de estas fuerzas civiles armadas ya no era necesaria.
La balacera acontecida el 16 del presente mes sirvió como un argumento acerca de que la situación de seguridad en Tierra Caliente todavía no está resuelta. Autodefensas en Apatzingán tomaron la alcaldía exigiendo que La Tuta fuera apresada, tornando esta figura en la razón principal para la negativa de la Fuerza Rural para deponer las armas. Hipólito Mora declaró en pleno enfrentamiento que la Gendarmería los había dejado solos, mientras que El Americano afirmó que fue ésta la que comenzó el conflicto armado; declaraciones inconsistentes que significativas.
¿Sigue siendo legítima la presencia de las autodefensas?
El Dr. Pablo Kalmanovitz habló el trece de mayo en el seminario de “Ética, Derecho y Política Pública” sobre la normatividad de los conflictos armados. En el seminario organizado por el CIDE, y los institutos de investigaciones Jurídicas, Filosóficas y Sociales de la UNAM, habló acerca de la guerra defensiva, la cual se define como aquella en la que de ejerce el uso de la fuerza mínimamente necesaria. Mientras que la ‘guerra justa’, en la que se lucha por la defensa propia, es universalmente aceptada, declaró.
Sin embargo, declaró que el problema está en la guerra ofensiva, sobre cuáles son los criterios para identificar cuándo cuerpos subestatales, como el caso de las autodefensas, pueden utilizar la fuerza ofensiva. La razón principal que manifestó Kalmanovitz es la de proteger una comunidad, e los casos en que el estado formal no está allí para protegerle. Gobierno de facto para garantizar el orden en las comunidades.
Estos cuerpos deben cumplir con dos requisitos para que la ofensiva pueda ser legítima: que los agentes no estatales aseguren los derechos básicos (seguridad y subsistencia) de la población y un mínimo de legitimidad (que contemple un mecanismo de control social y aseguren que si promueven los intereses comunitarios).
Como parte del Programa de Cooperación de Seguridad Regional de la Friederich Ebert Stiftung, se publicó un artículo llamado “Crimen organizado y autodefensas en México: el caso de Michoacán.” En que se manifiesta que la instalación de los grupos criminales y el escalamiento de la violencia en el estado han sido por una histórica ausencia del gobierno en al región; o por haber actuado de forma sumisa o como cómplices de los cárteles. Este panorama nos aporta una visión sobre la tendencia centralista del gobierno federal y la política de desarme en Michoacán; situación a la que apela el Mando Único, pero que parece causar mayores fricciones que soluciones.