Legisladores mexicanos buscan crear una defensoría pública para proteger ddhh; ésta debe dirigirse a los más vulnerables, insta defensor colombiano.
Ciudad de México (elsemanario.com).- Durante la reunión con la Comisión de Justicia del Senado, el defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora Gómez, llamó a los legisladores mexicanos a abandonar la comodidad en la que viven para salir y trabajar con las comunidades rurales, donde existen las mayores condiciones de vulnerabilidad. Los invitó a no ser un “ejecutivo de corbata que desde la comodidad de sus instalaciones esté hablando de derechos humanos, esté opinando de víctimas, y esté hablando de vulneraciones de derechos humanos”.
Definió al defensor del pueblo como una figura independiente y que vigila al Estado con el fin de proteger los derechos humanos, formar una institución que reciba las quejas ciudadanas y ejerza recursos y acciones judiciales. También tendrá la atribución de representar a los ciudadanos como individuos o de manera colectiva.
Afirmó que la legislación mexicana en materia de ddhh es adecuada, pero requiere forzosamente de la presencia de funcionarios capacitados y dedicados. Sin embargo, destacó que no es suficiente con la creación de nuevas leyes, sino en que las que ya están pronunciadas sean vigentes.
También habló sobre el caso del Sistema de Alertas Tempranas de Colombia, con el que un defensor comunitario trabaja en conjunto con las comunidades establece un puente entre sus pobladores y las dependencias gubernamentales. Los defensores comunitarios obtienen información de primera mano sobre los conflictos en las localidades, permitiendo ejercer diversas acciones preventivas.
Otálora reiteró en la importancia de colocar a las víctimas como el eje de la legislación, y esto debe estar apoyado en que éstas deben tener acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a la salud.
Junto con el defensor colombiano, asistió Irma Alejandra Cárdenas Castañeda, funcionaria de la Dirección Nacional Pública de Colombia, quien destacó que los esfuerzos no sólo se deben dirigir al tema penal, puesto que también es necesario otro tipo de mecanismos como el de la representación de las comunidades indígenas.
Hasta la fecha, la defensoría colombiana cuenta con 4 mil 100 defensores, y un presupuesto alrededor de 80 millones de dólares.
Senadores ven en la defensoría una forma de euilibrar aplicación de la ley y protección a ddhh
El presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, manifestó que México se encuentra en un momento de debate sobre la forma de conjuntar los principios de gobernabilidad mientras se mantienen los derechos de los ciudadanos. Los puntos principales para ello, aseguró, es reflexionar sobre como eficientar y dar mayor acceso a la impartición de justicia, y el fortalecimiento de la defensoría pública. Para ello se postuló a favor de la creación de una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con la cual se podrá generar una defensoría especializada en la defensa de aquellos que sufran de la ejecución de delitos.
Como obstáculos para el ejercicio de los derechos humanos en México resaltó las pocas atribuciones que la Constitución otorga a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo que se necesita de una nueva reforma con la que los recursos disponibles a la dependencia de Luis Raúl González Pérez pueda intervenir en los caso de lesa humanidad. Otro punto es el de hacer accesible el derecho de amparo a los ciudadanos, puesto que parece un derecho de unos pocos, aseguró Gil Zuarth.
El senador perredista Benjamín Robles Montoya aseguró que la experiencia de Colombia en esta materia ayudará a los legisladores mexicanos a rediseñar la legislación de las instituciones públicas. Uno de los casos es el de convertir la Procuraduría General de la República (PGR) en una Fiscalía autónoma, cuyo titular será electo por los poderes Legislativo y Ejecutivo. Junto con su copartidario Armando Ríos Piter, aseguró que se debe luchar por crear a un defensor público con atribuciones fiscalizadoras y de vigilancia a los servidores públicos, y de defensa de los derechos humanos.
Por su parte, la investigadora del CIDE Ana Laura Magaloni Kerpel aseguró que ante la caída de la reputación de las instituciones mexicanas es necesario establecer un vínculo entre éstas y los ciudadanos. Para ello, la CNDH no ha sido eficiente para, por lo que es necesaria la creación de una defensoría pública que cuente con la confianza de los mexicanos.