La Sedena informó que fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar un oficial y siete elementos de tropa que participaron en los hechos ocurridos el pasado 30 de junio, en Tlatlaya, Estado de México.
Ciudad de México.- El Ejército mexicano puso este jueves a disposición de un juez castrense, a ocho militares por los hechos relacionados con la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que se trata de un oficial y siete soldados vinculados con el operativo del 30 de junio en ese municipio, por lo cual fueron arrestados por su presunta responsabilidad en delitos contra la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes.
Los elementos fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar y permanecen en una prisión del Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México, detalló la Sedena a través de un comunicado.
Asimismo, la dependencia indicó que las acciones que realiza la Procuraduría General de Justicia Militar, se realizan de manera independiente a las investigaciones que llevan a cabo las autoridades civiles conforme a su competencia en el referido acontecimiento.
Operativo en Tlatlaya
El pasado 30 de junio el Ejército reportó la muerte de 22 presuntos delincuentes y un soldado herido tras lo que describió como un enfrentamiento tras haber sido agredidos por los supuestos criminales.
Sin embargo, de acuerdo con información publicada la agencia Associated Press y la revista Esquire, edición México, refieren al testimonio de una mujer que presenció la tragedia, en el que señala que sólo una persona habría muerto de manera inicial y que luego los soldados habrían ejecutado a 21 personas más, mismas que ya se habían rendido, incluida una menor de 15 años de edad, quien yacía herida en el suelo.
En contraparte, la Sedena, emitió ese mismo día un comunicado en el que señaló que “los delincuentes” atacaron a los militares que patrullaban la zona, hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del Ejército los mataron a todos.
Tras las revelaciones de la testigo, organizaciones internacionales de derechos humanos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos exhortaron a las autoridades mexicanas a investigar el incidente tras la denuncia de la testigo.
En ese contexto, la Procuraduría General de la República (PGR), informó que a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) abrió una investigación para determinar si se respetaron los derechos humanos en la confrontación entre militares y los presuntos delincuentes.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también anunció en julio pasado que comenzó una indagatoria por los hechos.
La semana pasada, la propia Defensa Nacional había anunciado que colaboraría y que esa dependencia era la más interesada en que se investigara el incidente.
Horas después de la confrontación, la Sedena reportó la muerte de 22 presuntos criminales luego de un tiroteo. Pero debido a que sólo un soldado murió, el caso generó suspicacias.
Diversos reportes de medios señalan que, en el lugar no observaron señales de una batalla prolongada. Las evidencias físicas sugerían que al menos algunos de los que murieron habían recibido disparos a la altura del pecho mientras estaban pegados a una pared.
El Semanario con información de AP, Notimex y medios.
