De acuerdo con el INEGI, cinco millones de mexicanos enfrentan algún tipo de limitación
Ciudad de México.- Es necesario atender con prioridad e interés público el “alarmante” crecimiento del número de personas en el país con algún tipo de discapacidad, que suma alrededor de cinco millones de habitantes en México, según las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre el tema.
Este pronunciamiento lo hizo la secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Paloma Villaseñor Vargas (PRI), quien al citar estadísticas del INEGI de 2010 dijo que en el país “una de cada veinte personas se enfrenta diariamente a problemas de accesibilidad, lo que la ubica en la marginalidad, la vulnerabilidad, la invisibilidad del mundo y hasta en la discriminación”.
Villaseñor Vargas, quien promovió reformas a la Ley General de Desarrollo Social, cuyo dictamen fue presentado al Pleno la semana pasada, subrayó la necesidad impostergable de atender de manera prioritaria y con eficacia este problema, ya que de lo contrario habrá un “costo social y una erogación para el Estado muy altos”.
Al hacer uso de la palabra en la sesión ordinaria en la cual se dio a conocer el dictamen respectivo, cuyo objetivo es sustituir el término “capacidades diferentes” por el de “discapacidad”, la legisladora subrayó que “lo principal en una ley es la claridad en el uso del lenguaje”.
Por ello, agregó, “debemos convencernos de que la lógica de lo razonable es lo que conduce a mirar hacia el porvenir, a partir de una realidad que reclama una legislación eficaz en tiempo y en forma”.
Añadió que si bien toda ley responde al principio de la generalidad y de la abstracción, en ocasiones “olvidamos que el legislador debe producir una norma individualizada, transformando los términos abstractos y genéricos en preceptos concretos y singulares, lo cual puede evitar caer en imprecisiones y ambigüedades”.
Resaltó que la reforma borra cualquier confusión y ambigüedad. “No olvidemos que toda norma jurídica demanda claridad vinculada a la precisión y a la concisión. La meta será siempre dar a la ley un contenido con sentido humanista y armonización con el resto del andamiaje jurídico”.
La diputada federal destacó la importancia de revisar a fondo y de manera puntual los términos que se proponen y aquéllos en los que se juzga la procedencia o improcedencia de un dictamen, lo cual nos lleva a reflexionar que “no existe antagonismo al hablar de discapacidad con una apertura programática, prioritaria y de interés público en materia de desarrollo social”.
Villaseñor Vargas consideró que la vulnerabilidad en esta ley no necesariamente está englobando a las personas con discapacidad, alegato de fondo que se debe revisar para evitar que los presupuestos asignados a su atención se reduzcan, en términos reales, por no estar considerados en los criterios que definen a los programas prioritarios y de interés público señalados en la Ley de Desarrollo Social.
Esta modificación señala que el término de “capacidades diferentes” ha causado grandes confusiones en los ámbitos jurídicos y sociales; incluso, ha implicado retrocesos en la defensa de los derechos de las personas con discapacidades. Por ello, la reforma busca sustituir el término y de esta forma armonizar la norma con la Carta Magna.