Dentro de la llamada democracia representativa al voto se le otorga un gran valor, por lo que es innegable su peso político, aunque en esta ocasión me referiré a su peso económico. Me explico, cada uno de los cerca de 56,611,027 votos que se emitieron el pasado 1 de julio de 2018, tuvo una consecuencia política, pero también un gran peso económico.
¿Qué hubiese pasado o qué pasa con la llamada compra de votos? ¿Por qué es una práctica muy recurrente de los partidos políticos? Bueno, además de los cargos que llegan a ganar, también cada uno de esos votos le representa mayor o menor ingreso (del erario público) a los partidos políticos.
La compra de votos es un mal generalizado, vimos en redes sociales y noticieros que se estuvo dando en varios municipios, al grado que, con datos de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, se estima que, para las pasadas elecciones, fueron cerca de 30 millones de ciudadanos los que recibieron, o les insinuaron, ofertas a cambio de su voto por algún partido político. Casi el 53% del total de los que votaron. Eso hubiese cambiado, muy probablemente, la estructura y resultados obtenidos. ¿Por qué no lo vendieron? Esa es una de las preguntas para las que tal vez no lleguemos a tener respuesta.
La compra y venta de votos no es una actividad que se reconozca y que se platique con naturalidad, al menos eso creo, pero sí es una actividad recurrente en los partidos. La idea es entender por qué es así. La respuesta está en la ley. Veamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), propiamente el artículo 41, fracción II, inciso “a” en el que se menciona: El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, (…) el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
Es decir, para los próximos tres años, de conformidad a los votos obtenidos es el financiamiento que tendrán, de ahí la importancia de la compra de votos.
Ahora a eso debemos de restar a los partidos que (ojalá) pierdan su registro, el PRD, con 1,602,715, que representa el 2.83%; el Partido Verde con 1,051,480 votos, el 1.86%; Movimiento Ciudadano con 1,010,891 votos, el 1.79%; Nueva Alianza con 561,193 votos, el 0.99%; y, finalmente, el Partido Encuentro Social, con 1,530,101 votos y el 2.70%.
La ley es muy clara en ese sentido y plantea en el título décimo de la pérdida del registro de los partidos políticos, capítulo I, de la pérdida del registro, artículo 94. 1. Son causa de pérdida de registro de un partido político: principalmente el inciso “b”: No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o presidente (…).
Vámonos a los resultados de la elección según la página del INE:
Descontando los votos nulos y los partidos que virtualmente (y espero que legalmente también) perdieron su registro, serían en total 49,218,808 los votos entre los partidos a repartir ese 70% que menciona la ley.
Si fueran a repartir 1,000 pesos de conformidad a esos votos y porcentajes tendríamos que el PAN recibiría 203, el PRI 156, el Partido del Trabajo 69, el “Bronco” 60, y MORENA 512 pesos. Conste que el supuesto se hace con mil pesos, ahora vayámonos a las cantidades reales que son de millones de pesos. Ahí se entiende la importancia de la compra masiva de votos; el gasto emanado en esa acción es muy inferior a lo que reciben en cuanto a ingresos por votos obtenidos.
Por lo tanto, un voto, dentro de esta democracia representativa, tiene un peso político importante pero su peso económico es inconmensurable. Vender un voto por 500 pesos o por 1,500 es lucrar con la pobreza que genera el mismo sistema político; sin embargo, pasa.
La participación ciudadana fue alta y todo parece indicar que se atendió al llamado de votar por una sola opción. Serán meses de disputa para no perder esos registros; ojalá que la ley electoral se aplique y en las siguientes elecciones tengamos menos partidos y por ende menos recursos públicos destinados.
Ojalá también logremos quitarles el financiamiento público. Las elecciones sí deben ser a cargo del gasto gubernamental, pero el derroche de dinero en campañas absurdas tiene que ser el parteaguas que nos haga entender que es innecesario, no lograron más que fastidio y contaminación, tanto visual como auditiva.
Se van varios partidos (que así sea). Esperemos que en tres años lograr que se les vaya el financiamiento público.