La corrupción, la impunidad y la colusión del gobierno mexicano con el crimen organizado generan un entorno desfavorable para lograr los beneficios que pretenden alcanzarse con la privatización del petróleo, de acuerdo con Edgardo Buscaglia. 

Ciudad de México.- Un reciente artículo del académico de la Universidad de Colombia Edgardo Buscaglia en el portal de Al Jazeera señala que en medio de un contexto político frágil, la privatización de la infraestructura petrolera en México será “desastrosa.”

“México es un país cuya población ha sido violada durante siglos por gobiernos corruptos y autoritarios; es un país que ha sufrido conflictos domésticos y regionales que han llevado a intervenciones extranjeras que respaldan los intereses de negocios extractivos.”

De acuerdo con Buscaglia, la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto “fue acelerada a través de los congresos estatales y el federal por los líderes de todos los partidos políticos más importantes, los cuales han sido contaminados por escándalos de corrupción política y/o por vínculos con el crimen organizado” y explica que “en este contexto político corrupto, una reforma constitucional fue aprobada como parte de una lista de supermercado de otras reformas esbozadas en lo que se llamó Pacto por México, y, sin deliberación democrática previa, fue aprobada por el Congreso en 2013.”

El experto en temas de seguridad y crimen organizado continúa explicando que México sufre de un Estado débil, demostrado por la gran mayoría de crímenes que quedan impunes, las casi 22,000 desapariciones y las más de 70,000 personas asesinadas desde el 2006, y en especial, por la más reciente masacre de estudiantes en Iguala.

Buscaglia señala que si México es la tercera economía ilícita más grande del mundo de acuerdo al Global Financial Integrity Report, es debido a que el crimen organizado está desafiando y fragmentando al Estado.

En este sentido, el experto sostiene que no hay “absolutamente nada que indique que el día de hoy México pueda implementar una privatización de la infraestructura petrolera incluso en los estándares más básicos de seguridad, transparencia, efectividad y eficiencia.”

Así ocurre lo que Buscaglia llama “la paradoja mexicana”, donde mientras la inseguridad impera, la inversión extranjera sigue llegando.

“¿Qué está pasando?”, se pregunta Buscaglia, y explica: “Desde el principio de la aún inacabada transición democrática y desde la apertura económica al comercio internacional a principios de los noventa, México logró atraer billones de dólares al año en inversión extranjera directa. Sin embargo, mucho de este dinero ha sido canalizado hacia sectores no competitivos que están en las manos de cortesanos estatales disfrazados de emprendedores privados quienes, a lo largo de los últimos 25 años, han creado oligopolios a partir de la privatización de activos estatales.”

Según el investigador, estos oligopolios operan bajo la forma de una “capitalismo de amigos”, atrayendo inversionistas extranjeros a mercados políticamente protegidos, en los cuales los gobiernos aseguran ganancias entre dos y cinco veces sobre el promedio internacional.

“¿Cómo pueden, por ejemplo, los oligopolios alemanes o estadounidenses que actualmente invierten en México, evitar enamorarse de tan generoso sistema corrupto?”, pregunta con sarcasmo.

En el tema de la corrupción en la industria del petróleo mexicano, menciona la investigación de Ana Lilia Pérez en la cual describe la infiltración del crimen organizado en PEMEX y el robo del petróleo a través de operaciones ilícitas, las cuales han sido ligadas a políticos mexicanos y a compañías tanto estadounidenses como mexicanas.

Buscaglia subraya que los inversionistas de empresas petroleras deben prepararse para el caos y el bajo rendimiento económico, “a menos que, antes de cualquier intención de inversión privada, un esfuerzo de cooperación judicial internacional empiece a desmantelar las vastas redes de crimen organizado que existen en el negocio mexicano del petróleo y más allá”, el cual, escribe, debe implementar un programa anti-corrupción serio y monitoreado por organizaciones civiles con prestigio internacional.

Con información de Al Jazeera.