El eje vertebral del nuevo Código Penal es el respeto a los derechos humanos y a los principios del debido proceso.

Ciudad de México El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la minuta del Senado que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, que permitirá la uniformidad de la justicia en el país, e inició la discusión en lo particular de unas 72 reservas de 21 diputados.

El documento fue avalado por 407 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones.

Con el nuevo código se busca dar cumplimiento a la reforma constitucional de 2008, mediante la cual se estableció que el sistema acusatorio tendría ocho años para entrar en vigor y que para 2016 deberían estar unificados todos los sistemas penales del país.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Justicia, el código garantiza los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; además de los principios de igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia y prohibición de doble enjuiciamiento.

Las audiencias podrán ser presenciadas tanto por las partes del proceso, como por el público en general, y se prevé la posibilidad de registrar las actuaciones de los procedimientos penales en audio, vídeo o cualquier otro soporte.

“Los registros de las actuaciones en todo el procedimiento podrán realizarse por escrito, audio o video, y en general por cualquier soporte que garantice su reproducción; se eliminan así las formalidades excesivas previstas para resguardos”, destaca el documento.

Las nuevas medidas previstas en el Código se dan luego de que la jueza 18 Civil del Distrito Federal Norma Alejandra Muñoz Salgado desestimó los alegatos planteados contra los productores del documental ‘Presunto Culpable’, por presunto daño moral, el cual presentó José Manuel Ortega Saavedra, policía judicial que detuvo al acusado de homicidio y protagonista del documental José Antonio Zúñiga Rodríguez.

El fallo contra Víctor Daniel Reyes y Juan Reyes Valverde, personajes que demandaron a los Roberto Hernández y Layda Negrete junto a las empresas Cinépolis y Televisa, en su calidad de exhibidores, fue con el argumento de que se utilizó indebidamente su imagen, ya que no otorgaron una autorización previa para ello, por lo que reclamaban una indemnización de mil 200 millones de pesos.

Al fijar su postura, el diputado Jorge Sotomayor Chávez aseguró que el Código Nacional de Procedimientos Penales representa un cambio de paradigma en la aplicación de justicia en México, pues existirá una verdadera presunción de inocencia.

“Adiós a la discriminación, ya no más desconocimiento del propio juez respecto de las actuaciones que se llevan en su juzgado”, agregó.

Sotomayor Chávez destacó que los medios de comunicación podrán acudir a las audiencias, y conocer de manera directa lo que sucede, y se podrán confrontar pruebas acusatorias y de defensa ante el juzgador.

El diputado Catalino Duarte Orduño admitió que el nuevo código nacional tiene elementos novedosos y positivos como que, en delitos no graves, en todo momento se podrá conciliar a petición de las partes y que se reserve la privación de la libertad para delitos graves.

Asimismo, la implementación de la oralidad en los procesos, lo que permitirá conocer de manera pública las manifestaciones y alegatos de afectados y presuntos culpables, expresó.

No obstante, indicó que debe trabajarse de manera seria en los valores, la cultura de la legalidad y la capacitación policiaca, así como ir a fondo en el tema de la corrupción y tráfico de influencias, “ya que eso es lo que afecta seriamente la procuración y administración de justicia en este país”.

El coordinador de Movimiento Ciudadano Ricardo Monreal Ávila aseguró que el dictamen contiene “graves deficiencias” que atentan contra los derechos de los ciudadanos y establece la presunción de culpabilidad sobre el de inocencia. Por ello, adelantó que su fracción presentará diversas reservas en lo particular.

Señaló que el nuevo Código magnifica al Estado y restringe libertades de particulares, lo que traiciona el espíritu de la reforma constitucional de 2008, ya que, agregó, muchas de estas disposiciones fueron matizadas y degradadas.

Sostuvo que figuras como el ingreso de una autoridad sin orden judicial y la prisión preventiva, violenta los derechos humanos e ignora los tratados internacionales firmados por México.

Cuestionó que el dictamen no haya sido sujeto a un amplio debate como ameritaba, por lo que se pronunció por regresarlo a comisiones para discutirlo más a fondo.