Los casos Tlatlaya deben ser el punto de quiebre y de no retorno para una verdadera recomposición de las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública, demandó México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
Ciudad de México.- Los lamentables casos de Iguala y Tlatlaya deben ser el punto de quiebre y de no retorno que se debe emprender en todos los niveles de gobierno para lograr una verdadera recomposición de las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública, aseguró México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
La organización demandó que el cambio lo deben marcar con el ejemplo el Presidente de la República, los Gobernadores, los Senadores, los Diputados, los integrantes del Poder Judicial, y en general todo servidor público.
En otros países eventos traumáticos similares llegaron a reconvertir el destino de los mismos. México no puede ser ajeno a este poderoso llamado de atención. Cada quien debe poner de su
parte para acabar las prácticas de eliminación del Estado de Derecho que hoy amenazan la viabilidad institucional del país, aseguró la ONG.
“El reclamo es claro y tiene un carácter urgente. El llamado es para que los titulares de los 3 poderes de la unión no fallen ante la cita histórica que tienen para salvaguardar el presente y el futuro del país” remarcó a través de un comunicado.
MUCD advirtió que de no involucrarse y poner el ejemplo en todos los niveles de gobierno, estaríamos entonces en presencia de un claro reflejo de incompetencia, negligencia y complicidad.
La sociedad civil y la ciudadanía en general no faltarán al momento del país, cuya reforma estructural más importante sigue pendiente: la reconversión en un país de leyes donde el Estado de Derecho sea una realidad, y no una excepción como es hoy en día, sentenció México Unido Contra la Delincuencia.
La organización civil alertó que México vive una grave crisis de seguridad pública. Esto se debe, señaló, a la corrupción y la impunidad que como país nos hemos acostumbrado a aceptarla y convivir con ella, como si fuera algo en lo que no podemos influir.
“El problema tiene entonces su raíz en una corrupción e impunidad que ya no conoce límites. El problema institucional está presente en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno. Lo grave es que el país se ha acostumbrado gradualmente a vivir en la penumbra y la opacidad”, advirtió.
Ante tal situación, se requiere un Plan Estratégico de Combate a la Corrupción e Impunidad; de no tomarse las decisiones respectivas, las autoridades serían incompetentes, negligentes y cómplices.
El Plan Estratégico incluye cinco puntos fundamentales que tienen que ver con la transparencia total de la gestión de recursos públicos; y rendición de cuentas en todas las materias de gestión pública.
Además, desburocratizar y facilitar todos los procesos de denuncia pública; depurar las instituciones públicas y de procuración de justicia y la implementación plena del sistema penal acusatorio.
Para dicho fin, exigen al presidente Enrique Peña Nieto, que de las dos iniciativas preferentes que tiene por año en los próximos tres años, dedique tres de ellas a atender los temas de combate a corrupción e imposición de rendición de cuentas y transparencia.
En tanto que al Congreso de la Unión, le pide que antes del proceso electoral de 2015, se legislé para que todos los candidatos apuestos de elección popular se obliguen a publicar sus declaraciones patrimoniales y de impuestos, de los últimos cinco años.
De igual forma, al Consejo de la Judicatura, le pide que aplique puntualmente la normatividad para sancionar a los funcionarios judiciales a quienes se demuestre que tienen activos de origen inexplicable, entre otras.
