La austeridad

Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo necesario.

Cartel francés de 1848.

El Plan de Austeridad Republicana, instruido por el Presidente electo a sus colaboradores, conduce a pensar sobre su contenido e implicaciones posibles.

Comencemos por el principio: el vocablo austeridad proviene del griego antiguo austērós (áspero, sobrio). Se refiere a una disposición personal a evitar dispendios, ostentación o abusos.

Se trata de un término duro y sombrío. Generalmente la austeridad se adjudica a los momentos críticos y provoca incertidumbre. A quien la invoca se le asocia con sencillez, humildad y apego a las normas morales. La austeridad se convierte en uno de los instrumentos contra la corrupción y el populismo, como sinónimo de orden, severidad y moderación en la administración pública.

El Ejecutivo Federal próximo asume la austeridad republicana como cualidad del Presidente Juárez, aunque no existan evidencias de que el Benemérito mencionara el concepto, sino que fue construido mediante un recuento de sus actitudes éticas en el desempeño público.

La austeridad republicana no se refiere a una forma de gobierno. Se remite al concepto latino de res publica (la cosa pública). Se infiere que el Estado adopta medidas para el bien común o el interés general, con apego a la ley, con honestidad y con efectividad en los resultados.

En el presupuesto público los ajustes al cinturón obedecen a una tendencia mundial de disciplina financiera, a la que los gobiernos se adhieren a fin de disponer, por lo menos en teoría, de mayores recursos que posibiliten un equilibrio entre el ingreso y el egreso. La austeridad tiene un apellido nuevo: el económico.

Actualmente la austeridad económica se ha convertido en una política pública basada en la economía de mercado. En términos generales, está conformada por estrategias fiscales, reducción, negociación y pago de deuda pública y disminución del gasto público.

La austeridad económica se ha puesto en práctica en numerosos países. En la Unión Europea: Alemania, España, Francia, Grecia, Inglaterra, Italia, Letonia, Lituania y Rumania. En Medio Oriente: Israel y Líbano. En Asia-Pacífico: Japón, China y Australia. En América: Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Perú, entre otros. En todos los casos, el malestar social ha sido mayor que los beneficios obtenidos.

México ha experimentado la austeridad económica en varias administraciones: De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón. Incluso Peña Nieto decretó medidas de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto. Con estas políticas se proyectaba reducir el déficit público y aminorar beneficios a la alta burocracia. Las evidencias revelan éxitos parciales.

Pero no basta con evitar el dispendio. Resulta imperativo que el ahorro aparezca en los presupuestos públicos abocados a promover el bienestar social integral. Ante ello me pregunto: ¿Cómo hacer que la austeridad gubernamental se traduzca en productividad social?

En su lectura social, la productividad no se corresponde con su concepto empresarial. Se refiere a las responsabilidades del Estado. En el ámbito colectivo, la productividad es la concatenación de diversos esfuerzos de individuos, de grupos y con el gobierno, a fin de aprovechar plenamente la infraestructura, los servicios y las cadenas de producción, distribución y consumo. Así se satisfacen los requerimientos de la paz social y de la seguridad pública, de la estabilidad política y de la económica, del bienestar y de la seguridad social, en un marco de sostenibilidad.

Si el gobierno sustituye el esfuerzo de la gente, no promueve las condiciones de productividad social. Estimula a la población a adoptar actitudes pasivas, con la simple esperanza de ser beneficiarios de “papá gobierno”. México no ha sido ajeno a este tipo de incentivos.

Cada sector de la sociedad debe comprometerse con su respectiva parte de responsabilidad. A los estratos superiores les corresponde mantener su confianza para invertir en el país en actividades productivas que no sean superfluas o innecesarias.

Las clases medias habrán de continuar con la aportación de su trabajo intelectual, físico y socialmente productivo. Prevalecerá su consumo intenso, principalmente a través del crédito, personal y familiar, lo deseable sería que le imprimiesen racionalidad. Ser alguien o al menos parecerlo, depende de otros valores ajenos a acumular cada día más cosas insustanciales.

Desde siempre las clases populares han estado obligadas a la austeridad. Extender el ingreso magro hasta llegar al día de raya o la quincena, forma parte de su vida cotidiana. Es por ello que se ayudan o colaboran familiarmente, o acaso con los vecinos. Generar posibilidades de resiliencia social exige romper círculos viciosos que las entrampan.

La responsabilidad del gobierno será racionalizar aún más la función pública. Configurar una estructura en proporción a los resultados, orientada a obtener más logros con menos recursos. Promover la organización social productiva e incorporarla a la toma de decisiones. Capacitar a los servidores públicos y los representantes sociales. Descentralizar facultades y obligaciones a los poderes locales y a la sociedad organizada. Ejercer un gasto redistributivo y equitativo.

El gobierno puede regular la producción en el campo, en la industria, en la prestación de servicios. No debe asumirlas directamente. Se propicia el paternalismo, útil en algún tiempo de nuestra historia, nefasto en nuestros días.

Se dispone de tres meses para integrar el Plan de Austeridad Republicana. Es necesario conceptualizar la austeridad con mayor consistencia, fijar metas, plazos, responsabilidades, así como puntualizar los beneficios esperados. Así se podría hablar de progresos tangibles para todos.

La Austeridad Republicana será eficaz sólo en la medida que se vincule con la productividad social.