En la antesala del Consejo General de Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, se encuentra la encomienda de aprobar o negar la creación de nuevos partidos políticos. Tarea nada fácil en estos momentos en que la mayoría de los partidos se encuentran en crisis internas y externas, después de los resultados arrojados en las elecciones del 1º de julio de 2018 en que Movimiento Regeneración Nacional (Morena), considerado un tsunami electoral en la historia política de México, dejó maltrechos y a punto de extinción a varios de los existentes. Además, sobre lo anterior pesa el descrédito y la desconfianza ciudadana en virtud, entre otros factores, de considerarlos demasiado caros en cuanto a sus prerrogativas (financiamiento público y privado) que actualmente son cuestionadas, aún por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien propone reducirlas a la mitad (actualmente reciben 5,000 millones de pesos anuales) pero este tema merece punto y aparte.
Aunque usted no lo crea –cabe este lugar común– las asociaciones políticas que buscaban constituirse en partidos políticos eran 103, de las cuales, en el primer filtro, fueron disminuidas a 78, sujetas a nueva revisión por parte de las autoridades administrativas del INE para el cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Procesos Electorales y en la Ley de Partidos Políticos. La prioridad ahora es que cumplan con la celebración de las asambleas previstas legalmente, lo cual constituye un paso determinante.
Por lo que respecta a los partidos políticos nacionales, la organización requiere la celebración de 200 asambleas distritales con la asistencia de al menos 300 ciudadanos o 20 estatales con 3,000 afiliados. Cuando se trata de los partidos locales, estos se rigen por sus constituciones y leyes locales. Hablando de ámbito federal, se requiere contar con el 0.26 % del total del padrón electoral que para este ciclo equivale a un poco más de 232.263 mil afiliados. Después, existe la verificación general de la autenticidad de los afiliados en un proceso exhaustivo por parte de las autoridades electorales de otros requisitos formales. La mayoría de estos organismos quedarán en el camino, y aquellos conocedores de la materia aseguran que de los 78, solamente pasarán la prueba del ácido dos o tres únicamente: Redes Sociales Progresistas (nuevo intento de la maestra Elba Esther Gordillo), Encuentro Solidario (anterior PES) y Grupo Social Promotor de México (antes Nueva Alianza), quedando al margen el del matrimonio Calderón-Zavala y Fundación Alternativa (proyecto de los empresarios organizados).
Lejos quedaron aquellos tiempos en que las leyes electorales desde el régimen de Francisco I. Madero hasta Manuel Ávila Camacho, podían constituirse con 20 o 50 ciudadanos, propiciando que en cada Estado y, nacionalmente, se multiplicaran con exceso y que concluyeron con la idea del presidente Plutarco Elías Calles de aglutinar a los mayoritarios y consolidar el régimen unipartidista que prevaleció por muchos años, hasta que el gran cisma interno en las elecciones presidenciales de 1988, devino en oposición de la izquierda, encabezada por los disidentes priistas y que obligó al régimen a realizar cambios de fondo en los ordenamientos de la materia electoral.
La conformación de nuevos partidos políticos si bien es cierto que legalmente pueden constituirse, no es menos cierto el rechazo de gran parte de la ciudadanía a los mismos, por no gozar de la confianza pública y mantenerse en los últimos lugares de la aprobación popular. Un régimen basado en los principios generales de la democracia está fundado en el sistema de partidos políticos, pero cuando hay un régimen democrático deficitario, como es el caso en nuestra democracia, da lugar a dudar si más partidos puedan fortalecerlo o simplemente es más de lo mismo.
Pero usted, ¿qué opina?