México acuerda con China tratado para cuidar tesoros nacionales

En México, el robo de bienes culturales ha proliferado debido al extenso número de sitios arqueológicos, piezas de arte sacro y documentos considerados fuente histórica.

Ciudad de México.- El Senado de la República avaló el Convenio entre los gobiernos de México y de la República Popular China para proteger, conservar, devolver y restituir los bienes culturales que hayan sido robados, importados o exportados de manera ilícita en sus territorios, así como prevenir el robo y excavaciones clandestinas, firmado en Beijing, China el seis de abril de 2012.

El Convenio, avalado con 83 votos a favor, consta de 15 artículos y un anexo que establece las bases para la cooperación entre ambas naciones.

Con el aval de los senadores, en el Convenio se establece una estrategia para salvaguardar el patrimonio cultural a través de tres ejes fundamentales: la prevención, la búsqueda de objetos robados y la recuperación de los mismos.

En México ha proliferado este delito debido al extenso número de sitios arqueológicos, piezas de arte sacro y documentos considerados fuente histórica, por lo que es uno de los países más perjudicados por esta actividad delictiva en todo el mundo.

El robo y tráfico de bienes culturales es una actividad muy lucrativa para la delincuencia organizada internacional que devasta el contexto histórico de los objetos y la capacidad de reunir conocimientos sobre el pasado. Además, tiene un impacto negativo en la identidad cultural de los países de origen.

Aunque la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala que existe un sustancial saqueo alrededor del mundo, el robo y tráfico de arte u objetos de valor histórico a menudo se le cataloga como un delito de menor impacto en comparación con el tráfico de drogas, armas y seres humanos.

El Convenio entre México y China se suma a la red de tratados que nuestro país tiene celebrados con Belice, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Perú y Uruguay.

El documento aprobado por el Senado de la República fue enviado al titular al Ejecutivo Federal para su publicación.

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