Demanda diputado Carlos de Jesús Alejandro al Gobierno Federal, ubicar oficinas en el norte del país para atender a migrantes indígenas, pues tan solo en Tijuana residen 52 pueblos indígenas.
Ciudad de México.- El diputado federal Carlos de Jesús Alejandro exhortó al gobierno federal, mediante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para ubicar oficinas de atención a los pueblos indígenas en las ciudades de los estados fronterizos del norte de México y que cuenten con suficiencia presupuestal recursos humanos y materiales.
Mediante un punto de acuerdo, el legislador del PRD precisó que esto es para conocer con exactitud cuántas personas se encuentran en esa situación de falta de atención. Argumentó que en el apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que la Federación, los estados y los municipios establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.
De acuerdo con distintas investigaciones, añadió el legislador, las principales ciudades fronterizas que han detonado su crecimiento demográfico y económico son Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, lugares donde se concentra la migración y residencia de los pueblos indígenas del sur del país.
Desde la óptica de la migración transfronteriza se observan nuevas formas de convivencia social, las cuales redefinen las interrelaciones de la población mexicana y de origen mexicano, en la frontera (México-EU), añadió. Dijo que las ciudades fronterizas forman nuevos referentes de identificación, donde la nación simbolizada adquiere otras formas de expresión. También se fortalecen las redes sociales y las comunidades transnacionales. Del mismo modo, se desarrollan los campos socioculturales transfronterizos y crecen intensos procesos de circulación cultural
Consideró que la característica principal de estos migrantes es que son originarios de pueblos indígenas de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán. “Existen algunas características de los migrantes indígenas que se dirigen a la frontera norte, una de ella es la implementación de un sistema de reclutamiento de los empresarios indígenas al contar con mediadores indígenas que acuden a las comunidades indígenas a reclutar a trabajadores y trasladarlos a los campamentos agrícolas, situación que se sigue realizando”.
Asimismo, comentó que otro indicador que identifica a estos migrantes indígenas es que son bilingües de alguna lengua indígena y el español, en donde el dominio del español es muy limitado, por lo que depende de un tercero para arreglar su situación contractual.
El diputado indicó que la vecindad con Estados Unidos generó centros urbanos con actividades económicas dinámicas, tanto en su crecimiento como en su demanda laboral y entre las que destacan la de los servicios, particularmente aquellos que tienen como destinatarios a la población estadounidense que visitan recurrentemente las ciudades fronterizas y las maquiladoras.
Ejemplo de ello es Tijuana, Baja California donde, con base en el censo del INEGI (2010), los indicadores socioeconómicos de la CDI y del estudio “Condiciones socio demográficas de la población indígena en Tijuana”, realizado por El Colegio de la Frontera Norte, residen 52 pueblos indígenas, tales como mixtecos, zapotecos, triquis, purépechas, otomís, y nahuas que se asientan en 45 colonias, de las cuales 34 son de alta marginación como Las Torres, 10 de Mayo, Valle Verde, El Pípila, zona oeste de El Florido, Matamoros, Sánchez Taboada, Loma Bonita, Oaxaca y El Pedregal.
Estos indígenas asentados en Tijuana no tienen acceso a las políticas públicas de la CDI. Por ello es necesario redoblar esfuerzos en esta materia. Son asentamientos con poca o nula infraestructura básica, no cuentan con pavimentación, alumbrado público, obra pluvial, muros de contención, drenaje, agua potable y electrificación.
Por lo que toca a sus condiciones de vida, sostuvo De Jesús Alejandro, son víctimas de omisión en el proceso de desarrollo social, de discriminación, exclusión y de violación a sus derechos individuales y colectivos, como son programas de regularización de terrenos, vivienda, salud, acceso a la educación, empleo, apoyo al desarrollo de sus actividades como artesanos, práctica de sus manifestaciones culturales propias, identidad jurídica, intérpretes y traductores en los juicios y procedimientos jurisdiccionales en general.
Es por ello que se requiere de la atención de la CDI y de la implantación de políticas públicas para la atención de los indígenas, bajo un enfoque intercultural, en materia de servicios públicos básicos, respeto a sus actividades artesanales y comerciales, integración al desarrollo regional, regularización de las colonias y terrenos.
La CDI debe garantizar desde el ejercicio público el pleno respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, como lo establecen los marcos jurídicos nacionales e internacionales, para lo cual se requiere de una oficina de atención a los pueblos indígenas en las ciudades fronterizas, como ejemplifica Tijuana, ya que una de cada tres personas es indígena, precisó.
