Es obligación del Gobierno federal garantizar un mayor acceso a una justicia “inminente y rápida”, para que no se repitan casos como el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, afirmó el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, presidente de la Comisión de Juventud.
Ciudad de México.- Los movimientos sociales que encabezan los jóvenes son un reclamo justo ante la falta de oportunidades, afirmó el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, presidente de la Comisión de Juventud.
Señaló que ante los pocos avances en educación, acceso a la salud y empleo, es necesario modificar el marco legislativo para garantizar protección y políticas públicas incluyentes a los jóvenes, donde Gobierno y ciudadanía trabajen juntos.
El diputado del PAN precisó que los actuales movimientos juveniles deben generar cambios en las instituciones; de otra manera serán “fútiles o estériles”.
Agregó que los movimientos sociales deben impactar en la creación de políticas públicas que expresan la lucha de la juventud en contra de la violación de sus derechos y la exigencia de cambios en las instituciones.
Es obligación del Gobierno federal garantizar un mayor acceso a una justicia “inminente y rápida”, para que no se repitan casos como el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.
Al respecto, recordó las reformas que continúa aplazada en el Congreso es la minuta que modifica los artículos 4 y 73 de nuestra Carta Magna, la cual otorgaría protección o tutela a los derechos de los jóvenes. “La Comisión de Juventud insistirá en que se incluya el tema en la agenda legislativa”, apuntó.
Destacó que proteger los derechos de los jóvenes es un compromiso no sólo del Ejecutivo federal, sino de los tratados de los que México es parte, como la Agenda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2015.
Recalcó que en México el 80 por ciento de los jóvenes piensa que los partidos políticos son poco o nada útiles y que el voto es un instrumento poco ventajoso para la sociedad, aunado a que el 70 por ciento de la migración es de carácter juvenil; como consecuencia, los campos tienen un promedio de personas entre 58 a 60 años.
Enfatizó que los jóvenes sienten que la no discriminación es su mayor derecho violentado en la toma de decisiones, por no poder entrar a una escuela o no tener acceso a un crédito de vivienda.